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  Resolución 1158 de 2002 Rectoría
 
  Fecha de Expedición: 30/08/2002  
  Fecha de Entrada en Vigencia: 30/08/2002
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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RESOLUCIÓN 1158 DE 2002

(Agosto 30)

Derogada por Art. 117, Acuerdo CSU 171 de 2014.

Por la cual se dictan disposiciones sobre la aplicación de los Acuerdos No. 18 de 1998 y 45 de 1986 del CSU, con sus modificaciones y adiciones posteriores, y de la Ley 734 de 2002

EL RECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y, en especial, de las previstas en el literal a) del articulo 14º. Del Decreto 1210 de 1993 en armonía con el numeral 1o. del artículo 9º. del Estatuto General De la Universidad, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 26o. Del Decreto 1210 de 1993 contempla que el régimen disciplinario del personal administrativo debe estar de "conformidad con las normas vigentes", como lo son los que conforman el Código Disciplinario Único adoptado en virtud de la Ley 734 de 2002;

Que de igual manera el artículo 24o. del mismo Decreto contempla que, como parte del estatuto de personal académico, "el régimen disciplinario se estructurará en observancia del principio constitucional del debido proceso";

Que en desarrollo del principio de autonomía universitaria, el Consejo Superior Universitario adoptó los Acuerdos Nos. 18 de 1998 y 45 de 1986, en los cuales con las modificaciones y adiciones que se les han introducido con posterioridad a su expedición, se regulan los regímenes disciplinario del personal administrativo y del personal académico, respectivamente;

Que en virtud de la ley 734 de 2002 el Congreso de la República expidió el Código Disciplinario Único, cuyos destinatarios son todos los servidores públicos con la única excepción de los miembros de la fuerza pública;

Que el criterio de esta Rectoría, expuesto principalmente en su intervención ante la H. Corte Constitucional en desarrollo del proceso de inconstitucionalidad que se adelanta contra algunos aspectos de las disposiciones de los artículos 75 o. y 79 o. de la ley 30 de 1992 y de los artículos 3o., 24o. y 26o. del Decreto 1210 de 1993, es que ellas no son violatorias de las disposiciones constitucionales invocadas por el accionante, pues la capacidad reglamentaria de las Universidades Públicas les ha sido otorgada por la ley, en desarrollo del principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 69o. de la Carta, en armonía con el régimen de entes autónomos previsto en el artículo 113o. de la misma;

Que, según el mismo criterio, las particularidades misionales de las Universidades, que en numerosas ocasiones ha analizado y reconocido la H. Corte Constitucional, en especial en la sentencia C-220 de 1997, exigen normas igualmente especiales en materia disciplinaria para su personal administrativo y para los miembros de su personal académico, como son las que los regímenes disciplinarios especiales de la Universidad, los cuales obviamente, no pueden contrariar las normas constitucionales y legales y menos aún las reglas del Código Disciplinario Único adoptado por la ley 734 de 2002;

Que, por la misma razón, la capacidad otorgada a las Universidades Públicas para dictar regímenes disciplinarios para sus servidores no significa, en manera alguna, que en el orden interno de ellas se puedan desconocer las disposiciones de la ley 734 de 2002, sino que de manera adicional las Universidades, por su especificidad, pueden tener un régimen disciplinario especial complementario para sus servidores administrativos y docentes que, como se ha reconocido por la Procuraduría General de la Nación en la Directiva No. 009 de mayo 26 de 2002, y en reciente fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sentencia del 12 de abril de 2002, expediente No.1784) coexiste con dicha ley integrándose jurídicamente;

Que, en consecuencia, la autonomía universitaria en materia de regímenes disciplinarios debe entenderse en armonía con las normas constitucionales y legales, de tal manera que son también aplicables al personal administrativo y académico las normas que en materia disciplinaria contempla la ley 734 de 2002 en lo que sea pertinente;

RESUELVE

Artículo 1. Continuarán aplicándose a los empleados administrativos y a los miembros del personal académico de la Universidad Nacional de Colombia en materia disciplinaria, las normas de los regímenes especiales establecidos en los Acuerdos Nos. 18 de 1998 y 45 de 1986 del Consejo Superior Universitario, respectivamente, con las modificaciones y adiciones que con posterioridad a su expedición se les han introducido o se les introduzcan, sin perjuicio de la aplicación en lo que sea pertinente de las disposiciones de la ley 734 de 2002 en virtud de la cual se expidió el Código Disciplinario Único.

Artículo 2. Para los efectos de la ley 734 de 2002 las oficinas, dependencias u organismos de carácter disciplinario previstos en las normas internas de la Universidad, cualquiera que sea su denominación, se consideran como Oficinas de Control Interno Disciplinario, a las cuales se entiende que pertenecen también las autoridades que, conforme al régimen interno de la Universidad, son competentes para adoptar las decisiones disciplinarias.

Parágrafo. En todas las diligencias y actuaciones, las oficinas, dependencias u organismos, cualquiera que sea su denominación, y los funcionarios de que trata el presente artículo, así como los que sean comisionados para actuaciones de carácter disciplinario, mencionarán en todos sus actos, a continuación de su denominación según las normas de la Universidad, que son o hacen parte de una Oficina de Control Interno Disciplinario para los empleados docentes o para los empleados administrativos de la Universidad, según sea el caso, en los términos de la presente Resolución, la cual se citará expresamente. Para estos efectos, la Oficina Jurídica Nacional impartirá instrucciones correspondientes mediante circular.

Artículo 3. Respecto a las decisiones disciplinarias que corresponde adoptar al Rector General o a sus delegatarios, la segunda instancia se surtirá ante la Procuraduría General de la Nación en los términos previstos en el artículo 76 de la ley 734 de 2002.

Artículo 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Se publicará en la Gaceta Universitaria.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá a los treinta (30) días del mes de agosto de 2002.

VICTOR MANUEL MONCAYO C

Rector General