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  Concepto 28 de 2007 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 13/08/2007  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

OFICINA JURÍDICA NACIONAL

Concepto No. 28

MEMORANDO 915

Ciudad y fecha: Bogotá, D.C., 13 de agosto de 2007

Para: Doctora ALBA ESTHER VILLAMIL OCAMPO, Directora Nacional de Personal

Asunto: Oficio DNP-1012 del 6 de agosto de 2007, creación de cargos de libre nombramiento y remoción en el nivel profesional.

Respetado doctora Villamil:

En respuesta a la solicitud efectuada mediante el oficio en referencia, esta oficina da contestación en términos en los siguientes términos.

PROBLEMA JURÍDICO

¿Es posible crear cargos del nivel profesional de libre nombramiento y remoción mediante resolución?

TESIS JURÍDICA

No. La clasificación de los empleos en la Universidad Nacional de Colombia, como de libre nombramiento y remoción, carrera administrativa o trabajadores oficiales es de competencia del Consejo Superior Universitario.

FUENTE FORMAL

Constitución Política

Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario. Estatuto de Personal Académico (sic).

Jurisprudencia Constitucional

ANÁLISIS DEL ASUNTO

El artículo 125 de la Constitución establece que los empleos de las entidades del estado por regla general son de carrera, exceptuándose los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

La Corte Constitucional en sentencia C-161 de 2003 se pronunció sobre la clasificación de los empleos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, sujetando la creación de éstos últimos a parámetros claros como la dirección, manejo, confianza, orientación institucional, excluyendo de manera clara los cargos cuyas funciones son meramente administrativas, ejecutivas o subalternas o en las que no se ejerce una función de dirección política.

"Con todo, la regla general de carrera que establece el artículo 125 de la Constitución tiene unas excepciones contenidas en la propia Carta, como son los empleos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los que determine la ley. Corresponde entonces al legislador expedir las normas que regirán el sistema de carrera en las entidades del Estado (art. 150-23 C.P.), sujeto a los parámetros consagrados en la Constitución Política, lo que significa que su competencia se encuentra limitada en el sentido de que las excepciones no pueden ser convertidas en la regla general, pues con ello se violaría no sólo el principio general de la carrera administrativa, sino otros principios de orden sustantivo y derechos fundamentales que el ordenamiento superior busca protege1[1].

3.2. Esta Corporación en múltiples providencias se ha pronunciado sobre la finalidad e importancia que en un Estado social de derecho se persigue con el régimen de carrera administrativa. Por ello, teniendo en cuenta que a la luz de la Constitución se pueden establecer una excepciones a la regla general de carrera administrativa, ha fijado unos parámetros o criterios que han de ser observados por la ley para determinar cuando un cargo debe ser de libre nombramiento y remoción, que importa recordar en el presente caso, como quiera que son relevantes en punto al examen de constitucionalidad que corresponde a la Corte efectuar.

Dijo la Corte en la sentencia C-195 de 1994, con ponencia del doctor Vladimiro Naranjo Mesa, lo siguiente:

"[p]or tanto, como base para determinar cuando un empleo puede ser de libre nombramiento y remoción, hay que señalar en primer término que tenga fundamento legal; pero además, dicha facultad del legislador no puede contradecir la esencia misma del sistema de carrera, es decir, la ley no está legitimada para producir el efecto de que la regla general se convierta en excepción. En segundo lugar, debe haber un principio de razón suficiente que justifique al legislador para establecer excepciones a la carrera administrativa, de manera que la facultad concedida al nominador no obedezca a una potestad infundada. Y, por último, no hay que olvidar que por su misma naturaleza, los empleos que son de libre nombramiento y remoción son aquellos que la Constitución establece y aquellos que determine la ley (art. 125), siempre y cuando la función misma, en su desarrollo esencial exija una confianza plena y total, o implique una decisión política. En estos casos el cabal desempeño de la labor asignada debe responder a las exigencias discrecionales del nominador y estar sometida a su permanente vigilancia y evaluación".

Con posterioridad, siguiendo la línea jurisprudencial sentada en la sentencia C-195 de 1994 citada, la Corte analizó nuevamente la facultad del legislador para clasificar un empleo como de libre nombramiento y remoción, expresó que:

"...siendo la regla general la de pertenencia a la carrera, según los mandatos constitucionales, las excepciones que la ley consagre solamente encuentran sustento en la medida en que, por la naturaleza misma de la función que se desempeña, se haga necesario dar al cargo respectivo un trato en cuya virtud el nominador pueda disponer libremente de la plaza, nombrando, confirmando o removiendo a su titular por fuera de las normas propias del sistema de carrera. Estos cargos, de libre nombramiento y remoción, no pueden ser otros que los creados de manera específica, según el catálogo de funciones del organismo correspondiente, para cumplir un papel directivo, de manejo, de conducción u orientación institucional, en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices fundamentales, o los que implican la necesaria confianza de quien tiene a su cargo dicho tipo de responsabilidades. En este último caso no se habla de la confianza inherente al cumplimiento de toda función pública, que constituye precisamente uno de los objetivos de la carrera pues el trabajador que es nombrado o ascendido por méritos va aquilatando el grado de fe institucional en su gestión, sino de la confianza inherente al manejo de asuntos pertenecientes al exclusivo ámbito de la reserva y el cuidado que requiere cierto tipo de funciones, en especial aquellas en cuya virtud se toman las decisiones de mayor trascendencia para el ente de que se trata. Piénsese, por ejemplo, en el Secretario Privado del Presidente de la República o en un Ministro del Despacho.

Desde luego, quedan excluidas del régimen de libre nombramiento y remoción las puras funciones administrativas, ejecutivas o subalternas, en las que no se ejerce una función de dirección política ni resulta ser fundamental el intuito personae".2[2] (Negrillas fuera de texto)."

Realizada la anterior precisión se entrará a analizar la normatividad interna de la Universidad, con el fin de verificar la clasificación de los cargos que tiene la entidad frente a la jurisprudencia constitucional.

El Acuerdo 67 de 1999, dispone lo siguiente respecto a la clasificación de los empleos de planta de personal de la Universidad Nacional:

"Artículo 12. Empleos de Libre Nombramiento y Remoción. Son empleos de libre nombramiento y remoción:

1. Los de dirección, conducción, orientación y asesoría institucional, cuyo ejercicio implique la adopción de decisiones, políticas o directrices fundamentales, es decir:

a. Todos los del nivel directivo.

b. Todos los del nivel asesor.

c. Todos los jefes de división del nivel nacional y de la Sede de Santafé de Bogotá.

d. En los demás niveles los que cumplan las funciones de dirección de: personal, asesoría jurídica, Caja de Previsión, rectoría de colegio, admisiones, registro y matrícula, centros de cómputo o sistemas y procesos de información, planeación, bienestar universitario, servicios médicos, tesorería y pagaduría, control interno, control disciplinario, comunicaciones y prensa, relaciones internacionales e interinstitucionales, secretarías privadas o secretarías de vicerrectorías o direcciones de sede y capellanías.

2. Aquellos cuyo ejercicio implique la administración, manejo, decisión sobre fondos, valores y/o bienes.

Parágrafo. En caso de reestructuración o reorganización de dependencias que implique cambio de nomenclatura, en la clasificación de los cargos en la planta se atenderán los criterios adoptados en el presente artículo."

"Artículo 13. Niveles y clasificación de los empleos de la planta de personal. Los cargos de la Planta de Personal se clasificarán según la naturaleza de las funciones, la índole de sus responsabilidades y los requisitos exigidos para su desempeño en los siguientes niveles:

a. Directivo

b. Asesor

c. Ejecutivo

d. Profesional

e. Técnico y

f. Asistencial.

Así mismo, el Consejo Superior Universitario al adoptar la Planta de Personal Administrativo, clasificará cada uno de los cargos de los distintos niveles, como de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción o de trabajadores oficiales, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto."

"Artículo 30. Sin perjuicio de lo que dispongan normas generales aplicables a la Universidad, su Régimen Orgánico, el presente Estatuto y las normas internas, corresponde a:

1. El Consejo Superior Universitario.

a. Establecer, a propuesta del Rector, un sistema global y flexible de planta de personal administrativo que tenga en cuenta las estrategias de desarrollo de las sedes en el contexto del Plan Global de Desarrollo de la Universidad.

b. Crear, suprimir o modificar cargos, establecer su nomenclatura, clasificación, calidades y requisitos, de acuerdo con el sistema de planta global y de conformidad con los recursos disponibles.

(...)"

Como puede observarse de la lectura de las normas señaladas, es de competencia del Consejo Superior Universitario la determinación de la clasificación de los empleos de la Planta de Personal Administrativo de la Universidad, como de carrera, libre nombramiento y remoción o trabajadores oficiales, facultad que no ha sido delegada por dicho estamento al Rector.

De igual manera el literal d del artículo 12 del Estatuto de Personal Administrativo determina que son de libre nombramiento y remoción los cargos de cualquier nivel jerárquico que cumplan con funciones de "dirección", entre otros de control disciplinario.

El Acuerdo 25 de 2004, por medio del cual se creó la Oficina de Control Disciplinario Interno reguló lo siguiente respecto a esa dependencia:

"Artículo 2. Los servidores públicos que integren la Oficina de Control Disciplinario Interno en el nivel nacional o en las sedes de la Universidad, dependerán funcional y jerárquicamente del Jefe de la Oficina."

En consecuencia se concluye lo siguiente respecto a la consulta planteada:

1. Atendiendo los principios constitucionales la regla general es que los cargos de las entidades públicas son de carrera administrativa y la excepción son los de libre nombramiento y remoción.

2. Cuando se clasifique un cargo como de libre nombramiento y remoción, dicha clasificación debe responder a los criterios de dirección, manejo, confianza, orientación institucional o en los cuales resulte fundamental que sea intuito personae. En el presente caso se observa que los profesionales que integran la Oficina de Control Disciplinario Interno dependen funcional y jerárquicamente de jefe de la dependencia, lo cual implica una relación de subordinación que determina que la clasificación del cargo debe ser de carrera administrativa, según lo regula la jurisprudencia constitucional.

3. La normatividad interna de la Universidad dispone que la clasificación de los empleos de la Planta de Personal de la entidad es de competencia del Consejo Superior Universitario, función que no ha sido delegada al Rector.

Este concepto se emite de conformidad con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe