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  Concepto 7 de 2008 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 11/02/2008  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

Concepto 07

MEMORANDO 0140

Fecha: Bogotá, D. C., 11 de febrero de 2008.

Para: Doctor Moises Wassermann Lerner. Rector

Referencia: Su oficio R-000105. Solicitud de concepto sobre viabilidad de modificación del periodo institucional de los representantes de los empleados ante la Comisión Nacional y los comités de Sede de Carrera Administrativa.

Respetado Doctor Wassermann:

Por medio del presente, doy respuesta a la inquietud planteada por Usted mediante el oficio de la referencia, radicado el 8 de febrero de 2008, en el siguiente sentido:

FUENTE FORMAL

Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario

Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior Universitario

Acuerdo 47 de 2005 del Consejo Superior Universitario

Resolución No 078 de 2000 del Consejo Superior Universitario

Resolución No 435 de 1998 de la Rectoría

Resolución No 1615 de 2003 de la Rectoría

DESCRIPTORES

Periodo institucional

ANTECEDENTES

1. En cumplimiento de lo dispuesto en las Resoluciones de Rectoría No 435 de 1998 y 1615 de 2003 se convocó a elecciones de representantes de los empleados de carrera ante la Comisión Nacional de Carrera Administrativa y los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes, para el periodo institucional comprendido entre el 1° de marzo de 2008 y el 28 de febrero de 2010 inclusive.

2. El proceso de elección fue reglamentado en las Resoluciones No 041 y 124 de 2008. Mediante esta última resolución, se amplía el plazo de inscripción, toda vez que a la fecha no se habían presentado inscritos.

3. Dado que en la actualidad muchos de los posibles candidatos a ejercer cargos de representación en la Comisión o en los Comités, participan en el concurso de ascenso para la provisión de vacantes de carrera administrativa, lo cual en caso de resultar elegidos, generaría un impedimento para tomar parte en las decisiones que se adopten sobre el particular, se ha considerado la posibilidad de solicitar al Consejo Superior Universitario, modificar el período institucional de los miembros de la Comisión y los Comités de dos años a dos años y medio, en atención a lo previsto en el artículo 71 del Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior Universitario.

PROBLEMA JURÍDICO

¿Es viable jurídicamente, que el Consejo Superior Universitario, modifique el periodo institucional fijado para los representantes de los empleados ante la Comisión Nacional y los Comités de Carrera Administrativa?

TÉSIS JURÍDICAS

1. El artículo 19 del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo, con respecto a la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, estableció lo siguiente:

"Sin perjuicio del ejercicio de las funciones y responsabilidades propias de las distintas autoridades universitarias, la vigilancia de la administración de la carrera administrativa en la Universidad Nacional de Colombia estará a cargo de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, la cual estará integrada por:

a. El Rector o su delegado, quien la presidirá.

b. El Vicerrector General.

c. Dos (2) representantes de los empleados de carrera, de distintas sedes, elegidos por éstos, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Rector.

d) Un (1) profesor de categoría igual o superior a la de asistente, elegido por los miembros del Comité Nacional de Representantes Profesorales, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Rector.

Con respecto a los Comités de Carrera Administrativa de la Sede, el numeral 5 del artículo 30 del mencionado Acuerdo señaló lo siguiente:

"Artículo 30. Sin perjuicio de lo que dispongan normas generales aplicables a la Universidad, su Régimen Orgánico, el presente Estatuto y las normas internas, corresponde a:

(...)

5. Los comités de Carrera Administrativa de las Sedes cumplirán funciones de asesoría, coordinación y ejecución en los procesos de selección y de evaluación y estarán integrados por:

a. El Vicerrector o Director de Sede o su delegado.

b. El Jefe de la Unidad de Personal o quien haga sus veces.

c. Dos (2) representantes de los empleados de carrera administrativa, con antigüedad no inferior a 3 años y que no hayan sido sancionados por comisión de falta grave.

d. Un (1) profesor con categoría igual o superior a la de asistente.

Los miembros a que se refieren los literales c y d tendrán un período de un (1) año y su elección será reglamentada por el Rector."

2. Con fundamento en la norma antes descrita, se expidió la Resolución No 435 de 1998 de la Rectoría, la cual dispuso en su numeral 8, artículo tercero lo siguiente:

"8. El período de los representantes de los empleados de carrera, el cual tiene carácter institucional y no personal, será de un (1) año y se iniciará el 1° de marzo de 1999. En caso de renuncia o falta absoluta tanto del Principal como del suplente durante el transcurso del periodo, se efectuará una nueva elección para el restante del periodo".

Posteriormente, con la expedición de la Resolución No 1615 del 15 de diciembre de 2003 de la Rectoría, el periodo de los representantes de los empleados de carrera, ante los Comités de Carrera Administrativa de la Sede, se amplía a dos años a partir del primero de marzo de 20041. En ese caso, si bien es cierto, el Estatuto de Personal Administrativo facultaba al Rector para reglamentar la elección de los representantes de los empleados de carrera, dicha reglamentación, debía emitirse bajo los parámetros establecidos por el Consejo Superior Universitario, en este caso, tener en cuenta que el periodo de elección de los representantes para los Comités de Carrera Administrativa de la Sede es de un año y no de dos como se dispuso en la Resolución No 1615 de 2003.

3. Adicional a la disposición contenida en el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario, mediante Resolución No 078 de 2000, el Consejo Superior Universitario delegó en el Rector, la función de "reglamentar los procesos de elección de representantes profesorales, estudiantiles, de empleados y trabajadores y de pensionados ante todos los cuerpos colegiados definidos por el Acuerdo 13 de 1999 del Consejo Superior Universitario y por otras normas internas estatutarias". Es claro entonces que en vigencia de las mencionadas normas, era el Rector el competente para definir la fecha de iniciación y terminación de los periodos institucionales.

Sin embargo a partir de la expedición del Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior Universitario, norma de carácter estatutaria, y con la derogatoria de la Resolución No 078 de 2000, en virtud de la expedición del Acuerdo 047 de 2005 del Consejo Superior Universitario2, corresponde al Consejo Superior Universitario definir las fechas de inicio y terminación de los periodos institucionales de los representantes del personal de carrera tanto a la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, como a los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes, al tenor de lo dispuesto en el artículo 71 del Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior Universitario3. Correspondería igualmente al Consejo Superior, en este caso reglamentar el proceso de elección, toda vez que la misma es de carácter directo, pero teniendo en cuenta en todo caso, lo dispuesto en el Acuerdo 67 de 1996, que tiene un carácter estatutario.

4. Ahora bien, con respecto a la modificación del plazo institucional, con respecto al inicialmente planteado por la Rectoría en las Resoluciones 435 de 1998 y 1615 de 2003, es importante tener en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional, sobre el particular así:

"3.1.2. De acuerdo con los artículos 123, 125 y 150-23 de la Constitución, corresponde al legislador determinar la manera como los servidores públicos ejercerán sus funciones, asunto dentro cual se halla la fijación de los períodos en los casos en que lo faculte el constituyente.

Para el ejercicio de esa atribución, el legislador dispone de un amplio y flexible margen de configuración, que no es entendida como el reconocimiento de una libertad absoluta por cuanto, en su ejercicio, debe respetar los límites fijados en la Carta Política.

Dicho grado de sujeción responde a la eficacia del principio de supremacía de la Constitución, el cual impone al legislador respetar los postulados superiores y atender criterios de razonabilidad y proporcionalidad de las medidas que adopte. Tales referentes superiores son considerados por el juez constitucional al ejercer su función de garante de dicho principio fundamental (C.P., art. 4).

3.1.3. Por su parte, el principio de igualdad exige que deben ser tratadas de la misma forma dos situaciones que sean iguales, desde un punto de vista que sea relevante de acuerdo con la finalidad perseguida por la norma o por la autoridad política.

La Corte Constitucional acude al juicio de igualdad cuando, en ejercicio de sus atribuciones como garante de la supremacía de la Constitución, debe establecer si una disposición legislativa es discriminatoria y por lo tanto contraria al derecho consagrado en el artículo 13 superior. En ese escenario, la primera condición que el juez constitucional debe verificar es que la norma otorgue un trato diferente a personas que se hallen en la misma situación de hecho. Si ello ocurre, entonces debe examinar si el tratamiento desigual persigue alguna finalidad constitucionalmente válida que lo justifique y si la limitación al derecho a la igualdad es adecuada para alcanzar tal finalidad. Además, establecer que dicha restricción sea ponderada o proporcional stricto sensu.4

Esta Corporación ha indicado que al aplicar las reglas del juicio de igualdad, el juez de constitucionalidad corre el riesgo de incurrir en dos vicios extremos y perjudiciales: "la inocuidad del derecho a la igualdad o su dominio absoluto sobre los otros principios y valores constitucionales"5. Para superar esta dificultad, la Corte ha acudido a la modulación de la intensidad del juicio de igualdad, en consideración al grado o margen de libertad de la que disponga la autoridad política para adoptar su decisión en cada materia. Es decir que, a mayor libertad de configuración del legislador en el tema, más flexible debe ser el control constitucional del respeto de la igualdad, y a menor margen de configuración legislativa debido a la mayor restricción constitucional en un asunto determinado, se acudirá a un control de constitucionalidad más estricto6." (Sentencia C-822 de 2004. Magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño).

Teniendo en cuenta lo anterior, y aplicándolo al caso concreto, puede deducirse lo siguiente: 1) El Consejo Superior Universitario, tiene un margen de discrecionalidad para definir las fechas de inicio y terminación del periodo institucional, en ese entendido, podría ampliar la fecha de finalización del mismo, sin embargo, la forma de determinarlas debe guardar consonancia con lo dispuesto en el Estatuto de Personal Administrativo (Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario), norma que estableció los periodos para ejercer la representación de los empleados de carrera administrativa y docentes, ante los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes, en un año. 2) La decisión que adopte el Consejo Superior Universitario, con respecto a la modificación de los periodos institucionales, debe ser razonable y proporcional, es decir, debe ponderar el ejercicio de la autonomía universitaria7, con el principio de participación8 y el derecho a la igualdad.

En ese orden de ideas, si lo que se pretende es garantizar la participación de los funcionarios administrativos, en la Comisión Nacional y los Comités de Carrera Administrativa de la Sede, lo cual permitiría no sólo dar continuidad a la labor desarrollada por éstos órganos colegiados sino también, permitir el ejercicio participativo de todos los miembros de la comunidad universitaria, la medida tendiente a ampliar el plazo institucional resultaría razonable. Con respecto al derecho a la igualdad, será necesario analizar si frente a otros miembros de estos cuerpos colegiados (representantes profesorales) es procedente aplicar igualmente la ampliación del periodo institucional o si por el contrario están en consideraciones distintas de hecho y de derecho frente los representantes de los empleados administrativos, que ameriten un trato distinto al efectuado por los representantes de los funcionarios administrativos.

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, puede concluirse que es viable jurídicamente que el Consejo Superior Universitario, modifique el periodo institucional de los representantes de los empleados ante la Comisión Nacional y los comités de Sede de Carrera Administrativa, siempre y cuando se tengan en cuenta las siguientes consideraciones:

1) El Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario, dispuso los periodos durante los cuales serían nombrados tanto los representantes profesorales como los representantes de los empleados en los Comités de Carrera Administrativa de la Sede (Numeral 5° del artículo 30), término de un año. Así las cosas, si el Consejo Superior define los plazos de inicio y terminación de estos periodos institucionales, debe enmarcarse a lo dispuesto en dicha norma, o por el contrario, si pretende modificar dichos plazos, debe surtir la modificación al Estatuto de Personal Administrativo en lo correspondiente, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el literal b, el artículo 12 del Decreto 1210 de 1993.

2) Se recomienda igualmente, definir en un único acuerdo el periodo institucional de los docentes que hacen parte de éstas comisiones, teniendo en cuenta que en todo caso compete al Consejo Superior definir también dichos periodos institucionales y reglamentar el periodo de elección.

En los anteriores términos se absuelve la consulta planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe

Copia:

Doctora Beatriz Sánchez Herrera. Vicerrectora General.

Doctor Jorge Ernesto Durán. Secretario General.

Doctora Alba Esther Villamil Ocampo. Directora Nacional de Personal.

NOTAS DE PIE DE PÁGINA:

1 Artículo segundo: Modificar el numeral 8 del artículo 3° de la Resolución de Rectoría No 435 de 1998, el cual quedará así: El periodo de los representantes de carrera, ante los Comités de Carrera Administrativa de Sede, será de dos (2) años a partir del 1° de marzo de 2004. En caso de renuncia o falta absoluta tanto del principal como del suplente durante el transcurso del periodo, se efectuará una nueva elección para el tiempo restante del periodo.

2 "Por el cual se fijan las fechas de iniciación y conclusión de los periodos institucionales de los representantes profesorales ante el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico, los Consejos de Sede, los Consejos de Facultad y el Consejo de Bienestar Universitario, y se dictan otras disposiciones reglamentarias"

(...)

Artículo 15. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los Acuerdos 083 de 1999, 008 y 078 de 2000 del Consejo Superior Universitario, y las Resoluciones de Rectoría 0527, 0533 y 0557 de 1999.

3 ARTÍCULO 71. Períodos. Los períodos de los miembros de los cuerpos colegiados y de los Decanos son institucionales y no personales. Para este efecto, el Consejo Superior Universitario definirá las fechas de iniciación y conclusión, pero regulará de manera especial el período de los miembros que sean elegidos en forma directa. En la reglamentación de miembros elegidos en forma directa o en representación de cuerpos colegiados se contemplará el sistema de suplentes.

4 En relación con los elementos del juicio de igualdad pueden verse las sentencias C-1047/01, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-227/04 M.P. Manuel José Cepeda espinosa, entre muchas otras.

5 Corte Constitucional. Sentencia C-1181/01 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-531/93, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-081/96, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-404/01 Marco Gerardo Monroy Cabra y C-1181/01, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

7 Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior Universitario. Artículo 4°. Principios de la organización. 1°: Autonomía. La organización y la asignación de funciones tendrán como fin garantizar y fortalecer la autonomía universitaria, entendida como la capacidad que tiene la institución para autogobernarse, designar sus propias autoridades y expedir sus propios reglamentos de acuerdo con la Constitución Política y las leyes.

8 Ibídem. 8. Participación. La Universidad debe propiciar el ambiente y los mecanismos para que la comunidad universitaria intervenga en las decisiones, procesos y acciones que la afectan.