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  Concepto 35 de 2008 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 08/05/2008  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

Concepto 035

MEMORANDO 0687

Fecha: Bogotá, D. C., 8 de mayo de 2008.

Para: Doctor Jorge Ernesto Durán Pinzón. Secretario General.

Referencia: Su correo electrónico del 7 de mayo de 2008. Concepto sobre ámbito de aplicación del estatuto estudiantil.

Respetado Doctor Durán:

Por medio del presente, doy respuesta a la inquietud planteada en el correo electrónico de la referencia, en el siguiente sentido

FUENTE FORMAL

Constitución Política.

Decreto 1210 de 1993.

Acuerdo 008 de 2008.

DESCRIPTORES

Autonomía universitaria.

Situaciones consolidadas.

Régimen de transición.

ANTECEDENTES

El Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones Académicas, estableció en su artículo 61 lo siguiente:

"Régimen de transición. El presente Acuerdo rige para todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia a partir del primer periodo académico de 2009.

PARÁGRAFO. El Consejo Académico reglamentará el proceso de aplicación del presente Acuerdo para los estudiantes regidos bajo la anterior normativa"

PROBLEMA JURÍDICO

¿Puede aplicarse el actual estatuto estudiantil (Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario) a los estudiantes que ingresaron bajo el Acuerdo 101 de 1977?

TÉSIS JURÍDICAS

1. Autonomía universitaria: el artículo 69 de la Constitución Política, establece lo siguiente:

"Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado (...)"

En concordancia con lo anterior, los artículos 3° y 4° del Decreto 1210 de 1993, por el cual se reestructura el régimen orgánico especial de la Universidad Nacional de Colombia, disponen que:

"Artículo 3. Régimen de autonomía. En razón de su misión y de su régimen especial, la Universidad Nacional de Colombia es una persona jurídica autónoma, con gobierno, patrimonio y rentas propias y con capacidad para organizarse, gobernarse, designar sus propias autoridades y para dictar normas y reglamentos, conforme al presente decreto.

Artículo 4. Autonomía académica. La Universidad Nacional de Colombia tendrá plena independencia para decidir sobre sus programas de estudio, investigativos y de extensión. Podrá definir y reglamentar sus características, las condiciones de ingreso, los derechos pecuniarios exigibles y los requisitos para la expedición de los títulos correspondientes."

Es claro entonces, que en virtud de la autonomía universitaria garantizada por la Constitución y la ley, la Universidad Nacional de Colombia esta facultada para expedir sus propios reglamentos, incluyendo el estatuto estudiantil y para definir los programas de estudio y demás aspectos relacionados con el mismo.

Sobre el particular ha sostenido la Corte Constitucional lo siguiente:

"De tal suerte que las universidades son autónomas para diseñar e implantar sus planes de estudio con miras a formar profesionales que respondan a una propuesta académica determinada, teniendo como premisa la formación de los educandos en los derechos humanos, la paz y la democracia, sin perjuicio de la inspección y vigilancia del Estado con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, la que debe ejercer el presidente de la república en los términos establecidos en la ley -artículos 67, 68 y 189.21 C.P.-

Y, están obligadas a otorgar a sus educandos los títulos a los cuales se han hecho acreedores por haber alcanzado las metas académicas propuestas, reconocimiento que además de hacer realidad las garantías constitucionales antes descritas, permite a los establecimientos educativos, profesores y alumnos fundamentar su propia estima en el reconocimiento que la sociedad otorga a sus miembros por el solo hecho de acceder al conocimiento. " (Sentencia C-1053 de 2001. Magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis).

En sentencia SU-783 de 2003, con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, sostuvo la Corte que:

"Es la Universidad la que define los criterios y elementos del sistema de calificación de los estudiantes. No podía ser de otra manera porque la propia Universidad tiene la responsabilidad institucional y de garantizar la idoneidad de sus alumnos y egresados. Además, a la sociedad le interesa que el servicio público de la educación sea eficiente, lo cual implica la necesidad de que no se ponga en riesgo el funcionamiento de la comunidad cuando los alumnos culminen sus estudios y salgan a interactuar en el mundo profesional. Debe entenderse por riesgo, la probabilidad de que en el ejercicio de la profesión se produzca un efecto indeseado en razón a la falta de idoneidad."

2. Situaciones consolidadas: no obstante lo anterior es importante precisar, que la autonomía universitaria no tiene un carácter absoluto, encontrándose limitada por la Constitución y la ley, en aras igualmente a garantizar los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad universitaria, entre los que se incluyen los estudiantes.

En materia de expedición de reglamentos estudiantiles, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

"c) Uno de los principales atributos de la referida autonomía es la competencia normativa que tienen las universidades para expedir reglamentos tendientes a regular las condiciones a las cuales deben someterse quienes adelanten estudios en los diferentes programas académicos que han diseñado y, específicamente, las atinentes a los requisitos para la obtención del correspondiente título académico.

Esta Sala en la sentencia T-386/94 se refirió al poder reglamentario de los establecimientos educativos, en términos que resultan aplicables a la facultad que tienen las universidades para expedir reglamentos, asi:

"En efecto el aludido poder reglamentario que implementa el legislador tiene su soporte en la Constitución Política, la cual caracteriza la educación como un servicio público (art. 67), cuya prestación puede estar no sólo a cargo del Estado sino de los particulares, y la somete "al régimen jurídico que fije la ley" (art. 365). De esta circunstancia particular resulta que las decisiones reglamentarias de alcance general adoptadas por la administración de un organismo educativo privado, tienen, en principio, un poder vinculante similar al de los reglamentos administrativos expedidos por una entidad pública, en cuanto están destinados a regular la vida estudiantil en lo relativo a los derechos y prerrogativas derivados de su condición de usuarios o beneficiarios de la educación, e igualmente en lo atinente a las responsabilidades que dicha condición les impone. De la relación armónica entre derechos y deberes de los educandos y educadores y la responsabilidad que se puede exigir a unos y a otros, se logra el objetivo final cual es la convivencia creativa en el medio educativo".

d) Si los reglamentos académicos de las universidades tienen sustento constitucional (arts. 67, 69 y 365) y poseen, como se ha visto, un valor normativo similar a los reglamentos administrativos expedidos por las autoridades públicas, constituyendo por lo tanto normas particulares de derecho aplicables dentro del ámbito universitario y con fuerza obligatoria para sus destinatarios -los educandos adscritos al respectivo programa académico- necesariamente hay que concluir que también a dichos reglamentos les es aplicable el principio de la irretroactividad de la ley y, en general, de las normas jurídicas, según el cual estas empiezan a regir a partir de su expedición y promulgación, lo cual es garantía para la protección de las situaciones jurídicas que han quedado consolidadas bajo la vigencia de una determinada normatividad. Por consiguiente, las instituciones universitarias no pueden dictar reglamentos con efectos retroactivos o aplicar las normas contenidas en nuevos reglamentos a situaciones que han quedado definidas o consolidadas bajo un régimen normativo anterior. Si de hecho lo hacen, violan los arts. 58 y 83 de la Constitución que consagran el respeto por los derechos adquiridos, el principio de la buena fe, y la confianza legítima o debida, íntimamente vinculada a éste, cuyo contenido y alcance ha sido precisado varias veces por la Corte. " (Subrayado fuera de texto. Sentencia T-098 de 1999. Magistrado ponente: Antonio Barrera Carbonell).

Así mismo en sentencia T-669 de 2000, la Corte señaló que: "Si bien es cierto que a los reglamentos universitarios "les es aplicable el principio de la irretroactividad de la ley", por lo que "las instituciones universitarias no pueden dictar reglamentos con efectos retroactivos o aplicar las normas contenidas en nuevos reglamentos a situaciones que han quedado definidas o consolidadas bajo un régimen normativo anterior", también es cierto que, al momento de proferirse la resolución que obliga a los estudiantes a aprobar la nivelación de inglés, la estudiante no contaba con una situación consolidada, como quiera que no había finalizado materias del pénsum académico ni había presentado los preparatorios correspondientes. En efecto, el acto que origina la presente tutela, fue proferido tres semestres antes de que la accionante cumpla con todos los requisitos de grado, lo que demuestra que el derecho a obtener el título de tecnólogo en administración financiera no se había consolidado.

(...)

e) Resulta incuestionable que la autonomía universitaria no es absoluta, en razón a que está limitada por la Constitución y la ley, proscribiendo, de este modo, decisiones arbitrarias del centro educativo. Sin embargo, la Sala considera que la decisión en cuestión no transgrede desproporcionada e irrazonablemente los derechos fundamentales de la accionante, como quiera que se fundamenta en una política loable de mayor preparación para la práctica de la tecnología en administración financiera." (Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero).

De lo expuesto anteriormente puede concluirse preliminarmente lo siguiente: 1) La autonomía universitaria no es absoluta, encontrando uno de sus límites en el respeto a los derechos y garantías fundamentales de los estudiantes. 2) En virtud de lo anterior, los reglamentos que expida en ejercicio de su autonomía por regla general están cobijados por el principio de irretroactividad de la ley, es decir, que el reglamento empieza a aplicarse a partir de la fecha de expedición y promulgación. 3) No puede aplicarse de forma retroactiva un reglamento a situaciones consolidadas bajo la normatividad anterior, so pena de vulnerar el principio de buena fe y confianza legítima de quienes adquirieron un derecho legítimamente. 4) Si el derecho no se consolidó en vigencia de la norma que se deroga, no podría alegarse válidamente que se vulnera algún derecho fundamental, toda vez que en primer lugar la universidad esta facultad para expedir este tipo de reglamentaciones y en segundo lugar, porque no se había consolidado efectivamente una situación jurídica.

3. Régimen de transición: ahora bien, en aras a garantizar el respeto de los principios de buena fe1, confianza legítima y derechos adquiridos2 de los estudiantes, debe establecer un régimen de transición en el que se incluyan disposiciones que garanticen que las situaciones consolidadas bajo el anterior Reglamento estudiantil (Acuerdo 101 de 1977 del Consejo Superior Universitario) sean respetadas por la Universidad.

Por citar un ejemplo, si un estudiante había acreditado en su totalidad los requisitos para graduarse con anterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, tal situación debe ser respetada por la Universidad, y en ese sentido, no podría exigirle trámites o requisitos adicionales al estudiante por este concepto.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, puede aplicarse el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario a los estudiantes que ingresaron bajo el Acuerdo 101 de 1977, siempre y cuando se tengan en cuenta los siguientes aspectos:

1. Si el estudiante consolidó un derecho en vigencia del Acuerdo 101 de 1977 del Consejo Superior Universitario, no podría aplicarse en forma retroactiva disposiciones del Acuerdo 008 de 2008 que hagan más gravosa su situación. Lo anterior en aras a garantizar sus derechos adquiridos, el principio de buena fe y la confianza legítima.

2. Se sugiere incluir en el régimen de transición que para el efecto debe expedir el Consejo Académico, disposiciones que garanticen el respeto de las situaciones consolidadas en vigencia del anterior reglamento estudiantil.

En los anteriores términos se absuelve la consulta planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe

Copia

Doctor Moises Wassermann Lerner. Rector.

Profesora Natalia Ruiz Rodgers. Vicerrectora Académica.

NOTAS DE PIE DE PÁGINA:

1 Constitución Política. Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas.

2 Íbidem. Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.