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  Concepto 22 de 2007 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 18/07/2007  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

Concepto No. 22

MEMORANDO 815

Fecha: Bogotá, D.D., 18 de julio de 2007

Para: Profesora Beatriz Sánchez Herrera, Vicerrectora General.

Referencia: Su oficio VRG-113. Solicitud de concepto sobre Comité Académico Administrativos. Sede Orinoquia.

En atención al oficio de la referencia, doy respuesta a las inquietudes formuladas por Usted de la siguiente forma:

FUENTE FORMAL

Constitución política.

Ley 30 de 1992.

Decreto 1210 de 1993.

Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior Universitario.

Acuerdo 60 de 2006 del Consejo Superior Universitario.

Acuerdo 75 de 2006 del Consejo Superior Universitario.

Acuerdo 02 de 2000 del Consejo Superior Universitario.

DESCRIPTORES

Autonomía universitaria.

Estatutos y reglamentación interna.

Participación de la comunidad académica.

ANTECEDENTES

1. En la Sede Orinoquia se adelantó el procedimiento de elección tanto de representante estudiantil, como del representante profesoral, ante el Comité Académico Administrativo, según lo dispuesto en el Acuerdo 60 de 2006 del Consejo Superior Universitario, sin embargo, pese a la convocatoria, no ha sido posible designar a estos representantes.

2. Lo anterior ha impedido que, el Comité Académico Administrativo de la Sede Orinoquia, reglamentado por el Acuerdo 60 de 2006 del Consejo Superior Universitario, delibere en los términos previstos en el artículo 72 del Estatuto General¹ y en consecuencia pueda adoptar la reglamentación que le permita seleccionar a los otros dos miembros del Comité (representante de los egresados y representante de las asociaciones o instituciones).

PROBLEMAS JURÍDICOS

I. Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, conforme al régimen vigente ¿Esta Sede puede operar con los miembros actuales (3) como Comité? o por el contrario ¿debe continuar aplicando lo dispuesto en el Acuerdo 75 del 2006 del Consejo Superior Universitario?

TÉSIS JURÍDICAS

1. El Acuerdo 60 de 2006 del Consejo Superior Universitario por el cual se reglamenta el artículo 27 del Acuerdo 11 2005 del Consejo Superior Universitario² establece en su artículo 1º quienes componen el Comité Académico Administrativo de las Sedes de Presencia Nacional, así:

1. El Vicerrector General, quien lo presidirá.

2. El Director(a) de la Sede, quien presidirá en ausencia del vicerrector General.

3. Un Decano(a) designado por el Consejo Académico.

4. Un profesor adscrito a la Sede de Presencia Nacional, elegido por votación directa de los docentes adscritos y vinculados, para periodos de dos años.

5. Un estudiante elegido por votación directa, para periodos de dos años.

6. Un egresado de la Universidad nacional de Colombia elegido de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Comité Académico Administrativo, para periodos de dos años.

7. Un representante de asociaciones o instituciones de reconocida reputación y vinculados a la organización social o productiva, elegido de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Comité Académico Administrativo, para periodos de dos años.

Los miembros elegidos por votación directa contarán cada uno con su respectivo suplente.

Los integrantes del Comité permanecerán en el ejercicio de sus funciones mientras tengan las calidades correspondientes."

Ahora bien en concordancia con lo señalado en el artículo 72 del Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior Universitario, para que dicho órgano pueda deliberar, la mitad más uno de sus miembros debe estar presente en la sesión respectiva, de lo contrario el Comité en cuestión no podrá ejercer sus funciones, en los términos previstos en la norma. De desconocerse lo dispuesto en el artículo 72 del Estatuto General en comento, no solo se estaría vulnerando una norma de carácter estatutario de mayor jerarquía como le es el Acuerdo 11 de 2005 sobre el Acuerdo 60 de 2006, sino también, infringiendo la reglamentación que en virtud de la autonomía de la Universidad puede adoptar, lo cual conlleva a su vez a la ruptura de la seguridad jurídica y del principio de legalidad, inmerso igualmente en el respeto al quórum requerido tanto para deliberar como para adoptar la decisión respectiva.

2. En efecto la Universidad en virtud de su autonomía universitaria, está en capacidad de dictar sus propios reglamentos y estatutos, los cuales se constituyen en su carta de navegación, de obligatorio cumplimiento para sus miembros. En tal sentido se ha manifestado la Corte Constitucional:

"La Constitución confiere a los centros de educación superior la garantía institucional de la autonomía Universitaria. Con esta garantía se pretende evitar la injerencia arbitraria del Estado ¿ del estado legislador, del Estado administrador o del Estado Juez ¿ en las decisiones internas de la Universidad y garantizar así, entre otras, el pluralismo y la libertad en la enseñanza superior. Una de las consecuencias de la garantía institucional mencionada es la facultad autónoma de los centros de educación superior de establecer sus reglamentos internos y la forma de designación y desvinculación de los docentes. Por ello, como lo ha manifestado esta Corte, la decisión sobre la designación de un profesor o la asignación de la carga académica se encuentra protegida por la autonomía universitaria y, en consecuencia, es en principio inmune al juez de tutela. Al respecto ha dicho la Corte³.

"En ejercicio de su autonomía las universidades gozan de libertad para determinar cuales habrán de ser sus estatutos, definir su régimen interno; estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y periodos de sus directivos y administradores, señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores, establecer los programas de su propio desarrollo, aprobar y manejar su presupuesto; fijar, sobre la base de las exigencias mínimas previstas en la ley, los planes de estudio que regirán su actividad académica, pudiendo incluir asignaturas básicas y materias a fines con cada plan para que las mismas sean elegidas por el alumno, a efectos de moldear el perfil pretendido por cada institución universitaria para sus egresados." (Sentencia T-492 de 1992).

En el mismo sentido la Corte expresó:

"Una manifestación de la autonomía universitaria la constituye la posibilidad de establecer sus propios reglamentos internos, que son regulaciones sublegales, sometidos, desde luego a la voluntad constitucional y a la de la ley, encargados de puntualizar las reglas de funcionamiento de las instituciones de Educación superior, su organización administrativa, requisitos para la admisión del alumnado, selección de personal docente, clasificación de los servidores públicos, etc. Los estatutos constituyen para las entidades descentralizadas en general, y desde luego para los organismos de educación superior, su reglamento de carácter obligatorio, en el que se dispone puntualmente su organización y funcionamiento", (Sentencia T-515 de 1995)" (Subrayado fuera de texto. Sentencia T-725 de 2005. Magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño).

De acuerdo con lo anterior es claro entonces, que si el consejo Superior Universitario, consagró en el Estatuto general, la obligatoriedad de cumplir con un quórum deliberatorio y decisorio por parte de los cuerpos colegiados, tanto para los creados por el Acuerdo 11 de 2005, como para otros creados en otras normas de la Universidad, como sería el caso del Comité Académico Administrativo de las Sedes de Presencia Nacional esta norma no puede ser desconocida por la propia Universidad.

3. En ese orden de ideas, si el Comité Académico Administrativo no puede funcionar, por no contar con los miembros requeridos en las normas estatutarias, la administración y organización de la Sede respectiva se mantiene en la forma prevista en la anterior reglamentación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo 75 de 2006 del Consejo Superior Universitario.4

Así las cosas, al tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 02 de 2000 del Consejo Superior Universitario, el gobierno de la Sede de presencia Nacional estará constituido por un Consejo de Sede, conformado por;

1. El Rector, vicerrector o Director, según sea el caso, quien lo presidirá.

2. Los Decanos de ras Facultades que existan en la Sede.

3. Un Profesor de la respectiva sede elegido por votación directa para periodos de un (1) año.

4. Un representante de los estudiantes de pregrado elegido por votación directa para periodos de un (1) año. Cuando no hubiere estudiantes de pregrado, será miembro del Consejo un representante de los estudiantes de posgrado elegido igualmente por votación directa para periodos de un (1) año.

5. Un profesor delegado para el efecto por el Rector General.

6. Un Decano designado por el Consejo Académico, pera un periodo coincidente con el periodo de los Decanos.

7. Un representante de entidades sociales externas, designado por el propio Consejo de Sede, para periodos de un (1) año, conforme a los criterios y directrices que para el efecto señale el Consejo Superior Universitario."

CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo señalado anteriormente, se concluye que no es posible que el Comité Académico Administrativo de la Sede Orinoquia sesione con solo tres de sus miembros, teniendo en cuenta la disposición prevista en el artículo 72 del Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior Universitario, sobre quórum deliberatorio y decisorio.

Por lo anterior, y hasta tanto no se configure el mínimo requerido por la norma en comento para sesionar en debida forma, el gobierno de la Sede Orinoquia debe seguir en cabeza del Consejo de Sede reglamentado en el Acuerdo 02 de 2000 del Consejo Superior Universitario.

II. ¿Es posible solicitar una excepción al Consejo Superior Universitario en la aplicación del artículo 72 sobre quórum deliberatorio y decisorio, para que permita que los tres integrantes de dicho comité expidan la reglamentación para proveer las dos posiciones que corresponden, a los representantes de egresados y de las asociaciones o instituciones y permitir así que el Comité sesione regularmente?

TÉSIS JURÍDICA

1. Sea deI caso indicar en primer lugar, que la concesión de excepciones por parte del Consejo Superior Universitario, es decir, el adoptar un procedimiento distinto al consagrado en una norma, o conceder un derecho o una prerrogativa por fuera de lo reglamentado, debe obedecer a una situación excepcional, que solo es susceptible a de remedio o solución a través de esta vía.

Esto teniendo en cuenta lo señalado en el acápite anterior, en donde se señaló que los estatutos y reglamentos internos expedidos por la Universidad, en ejercicio de su autonomía, son de obligatorio cumplimiento, máxime cuando en estos se definen deberes, garantías y procedimientos básicos en el normal desarrollo de la Universidad, a partir de los cuales se resguardan derechos de orden fundamental para los miembros del estamento universitario.

En ese orden de ideas, resulta indispensable analizar, primero la razón o fundamento a partir del cual se definió la composición del Comité Académico administrativo para las Sedes de Presencia Nacional y en segundo lugar, de acuerdo con lo anterior, definir si la excepción propuesta al Consejo Superior, no solo es la única alternativa viable para poner en marcha el Comité, sino también si con su aplicación no se podría vulnerar otro tipo de derechos y garantías fundamentales.

2. La integración de este Comité, obedece a unos especiales criterios en consideración no solo a las características de las Sedes de Presencia Nacional, sino a derechos de rango constitucional, como se indica a continuación:

En primer lugar, el artículo 68 de la Constitución Política, establece en su inciso segundo que "la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación", garantía que guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 2º de la Carta política, según el cual uno de los fines esenciales del Estado es "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación".

En virtud de anterior tanto en la Ley 30 de 19925, como en el Decreto 1210 de 19936, se estableció la necesidad de garantizar la participación de la comunidad, situación que constituye igualmente un ejercicio democrático en el ámbito de la autonomía universitaria, como lo ha establecido la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, así:

"De igual modo se precisa por la Corte que la autonomía universitaria ha de entenderse en armonía con lo preceptuado por el artículo 68 de la Constitución en cuanto en él se establece que la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. Es decir, que la autorregulación que a las universidades garantiza el artículo 69 de la Carta no podrá, en ningún caso prescindir de quienes integran la comunidad educativa (docentes, estudiantes, personal administrativo), y, en cambio, será indispensable establecer mecanismos internos que les permitan expresarse sobre todos los asuntos que interesan a la vida académica y administrativa de la universidad, así como la posibilidad de participar efectivamente en las decisiones correspondientes. Se abandona pues un criterio autoritario en la universidad para dar cabida de manera concreta al principio de la democracia participativa en los claustros." (Sentencia C-829 de 2002 Magistrado ponente: Alfredo Beltrán Sierra).

En segundo lugar dado que la creación de las Sedes de la Universidad Nacional obedece a particularidades regionales, prioridades institucionales y la solución de las necesidades nacionales, regionales y locales7, con la participación de un miembro de una asociación o institución del sector se busca la contribución de la comunidad del lugar, a través de su representante, de modo que las decisiones adoptadas por la Universidad al nivel regional, incluyan las realidades y necesidades de la población.

En tercer lugar, la participación de los egresados en la adopción de decisiones relacionadas con su Alma Mater, constituye no solo la apertura democrática de la Universidad en otros ámbitos, sino también, el reconocimiento e impulso a la labor del egresado, como reflejo de la labor académica brindada por la Universidad, lo cual viene siendo objeto de regulación a partir de la expedición del Acuerdo 40 de 1995 del Consejo Superior Universitario, "Por el cual se crea el Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia y se dictan otras disposiciones".

De lo señalado anteriormente, se deduce que la composición del comité Académico Administrativo, responde no solo a las necesidades de organización y administración de la Sede, sino también a la obligación de garantizar la participación de la comunidad académica en la toma de decisiones que la afectan, participación que surte a través de sus representantes (estudiantil y profesoral) y la contribución de otros sectores de la población que representan intereses y necesidades que involucran directamente a la Universidad Nacional. En otras palabras, el Comité Académico Administrativo, tiene como fundamento el equilibrio entre la administración y la academia, frente al impacto de la Universidad en la sociedad, reflejado en sus egresados y su labor mancomunada con la comunidad, lo cual le confiere al gobierno de la Sede la posibilidad de actuar a partir de un mandato legitimo.

3. Así las cosas, aún cuando al permitirse la posibilidad de expedir la reglamentación para seleccionar al egresado y al miembro de la asociación o institución respectiva, sólo por tres de los miembros del Comité (Vicerrector General, Director de la Sede y Decano designado por el Consejo Académico), se lograría el objetivo de poner en marcha el Comité Directivo, también lo es que dicha reglamentación no habría sido conocida, discutida y avalada por la Comunidad académica (representante estudiantil y profesoral), lo cual hasta cierto punto no solo rompe con el equilibrio previsto por las normas antes examinadas sino que implica igualmente deslegitimar la acción del comité académico administrativo, negándose la participación de estudiantes y profesores, garantía del orden constitucional y legal que no puede ser desconocida por la Universidad.

En este caso, es importante resaltar que la corte Constitucional ha sido enfática, al señalar que independiente de la forma empleada, la comunidad académica tiene derecho de participar en las decisiones que la afectan, incluyendo ser participes de los órganos de dirección y administración de la Universidad.

En la sentencia T-024 de 2004, la Corte Constitucional con ponencia del Magistrado Álvaro Tafur Galvis, señalo lo siguiente:

"Ahora bien, sobre el alcance especifico de dicho derecho a la participación en lo referente a la elección de las directivas de los entes universitarios resulta pertinente recordar la síntesis efectuada en la Sentencia T-525 de 2001 adoptada por la Sala Segunda de revisión de esta Corporación, donde se precisó que el derecho de participación debe manifestarse en dicha elección independientemente de la forma que adopte.

Dijo la Corte,

"En el caso de las universidades, para hacer real la participación de la comunidad educativa superior en darse sus propias directivas, la Ley 30 de 1992, en el artículo 28 señala el ámbito de la autonomía universitaria, y en los artículos 62, 63 y 66, se establece el procedimiento general de organización y elección de tales directivas, en las universidades estatales u oficiales. Estas disposiciones parten de la base de que la comunidad universitaria siempre estará representada en los órganos de dirección.

De todo lo anterior, se concluye que existe el derecho a la participación de la comunidad universitaria para la elección de todas o algunas de sus directivas, bien sea directamente, o a través de sus representantes ante los órganos de dirección, o por parte de uno solo o algunos de sus estamentos, y que la correspondiente elección se realiza de acuerdo con los Estatutos de la universidad, y éstos, a su vez, se expiden de conformidad con la Constitución y la ley.

Es decir, que el derecho de participación se refleja en que ella efectivamente se dé, y no tanto en la forma que adopte. Quiere esto decir que si el Consejo Superior de una universidad, por ejemplo, dentro de su propia autonomía, considera que todas las directivas se elijan por el voto directo de todos los integrantes de la universidad, es decir, siguiendo el principio de una persona un voto, tal procedimiento resulta perfectamente válido constitucionalmente. Pero también, puede ser valido que el Consejo Superior determine que todas o algunas de las directivas se elijan a través de sus representantes ante el Consejo Superior o Académico u otro órgano de dirección, porque lo que debe garantizarse, independientemente del procedimiento que se adopte, es que en las elecciones de directivas, la decisión sea resultado de la participación de la comunidad. Por ello, los estatutos tienen que establecer la participación. Participación, se repite, que no necesariamente tiene que adoptar la del voto directo de toda la comunidad académica en todas las elecciones, ya que determinaciones de esta naturaleza solo pueden ser fruto de sus propias decisiones, como consecuencia de la autonomía para darse sus directivas y estatutos.

De igual manera, atendiendo el principio de la autonomía universitaria, cuando el derecho de participación se obstaculiza, le corresponde a la propia comunidad universitaria buscar los mecanismos para solucionar el problema. En otras palabras, intervenciones ajenas a la universidad para resolver sus asuntos, en materia de designación de directivas, no debe darse, y si se da, esta debe ser excepcional, aun tratándose del juez de tutela.8 (Subrayas fuera de texto)." (Negrilla fuera de texto).

De las sentencias antes señaladas se deduce lo siguiente: 1) El derecho de participación en el ámbito universitario, se refleja principalmente en la participación de la comunidad educativa en los órganos de dirección de la Universidad. 2) Resulta de carácter obligatorio que la Universidad garantice a partir de sus estatutos la Participación de la comunidad académica, independientemente de la forma en que esta se concrete. 3) Corresponde a la Universidad, adoptar las medidas necesarias tendientes a permitir la participación de la comunidad académica cuando se presenten situaciones que lo impidan o dificulten.

CONCLUSIÓN

De lo señalado anteriormente, considera esta Oficina que el otorgar una excepción por el Consejo Superior Universitario, permitiendo que tres de los miembros del Comité Académico Administrativo, reglamentan la forma de selección del egresado y del representante de la asociación o institución, sin contar con el representante estudiantil y profesoral, conllevaría a desconocer la posibilidad de participación de la comunidad académica en los órganos de dirección de la Universidad, ya que de un lado, ésta no participa en la elaboración y discusión de la reglamentación respectiva y de otro, porque aun cuando con la expedición de la reglamentación y la selección de los otros dos miembros sea posible que el Comité funcione, ello no implica que la comunidad académica, se encuentre representada y pueda ejercer su derecho a participar en la dirección de la Sede de Presencia Nacional.

Ahora bien, como es deber de la Universidad promover la participación de la comunidad académica y eliminar los obstáculos que puedan presentarse en el desarrollo de la misma, independientemente en la forma en que tal participación se acredite, se formulan las siguientes alternativas jurídicas, a la problemática presentada en la Sede Orinoquia:

1. Proceder nuevamente con una convocatoria a elección de representante estudiantil y profesoral. En este caso, sería importante contar con los antecedentes de la convocatoria adelantada este año, para analizar las razones que dieron lugar al fracaso de la misma, y revisar si es del caso la reglamentación respectiva. En este evento se reitera, el gobierno de la sede seguirá estando en cabeza del Consejo de Sede en los términos previstos en el acuerdo 02 de 2000 del Consejo Superior Universitario, hasta tanto se configure el quórum deliberatorio exigido en el artículo 72 del Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior Universitario.

2. En virtud de la función consagrada en el numeral 7º, del artículo 14 del Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior Universitario9, en concordancia con la facultad planteada en el artículo 27 del mencionado acuerdo, puede el Consejo Superior modificar los numerales 6º y 7º del artículo 1º del Acuerdo 60 de 2006, reglamentando directamente la elección del egresado y el representante de la asociación o institución, es decir, avocando nuevamente la facultad que le había otorgado al Comité Académico Administrativo de la Sede. De esta forma, no solo se designarían a dos de los miembros del Comité, facilitando el funcionamiento de la misma, sino que se garantizaría la participación indirecta de la comunidad académica, en dicha reglamentación, ya que son miembros del Consejo Superior Universitario, tanto el representante estudiantil como el profesoral. Lo anterior no es óbice, para que aun entrando en funcionamiento el Comité Académico Administrativo, se insista en la elección del representante estudiantil y profesoral de la Sede Orinoquia.

Se recomienda igualmente, que por agilidad y eficiencia en la modificación del Acuerdo 60 de 2006, se incluya la reglamentación para la elección del representante de los egresados y de la asociación o institución respectiva, para lo cual previamente, los miembros actuales del Comité Académico Administrativo, conocedores de la situación de la sede, pueden presentar una propuesta sobre el particular, para su discusión y aval por el Consejo Superior.

En los anteriores términos se absuelven las consultas planteadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe

NOTAS DE PIE DE PÁGINA:

1 ARTÍCULO 72. Quórum y mayorías. En los cuerpos colegiados definidos en este Estatuto y los que se creen y definan con otros estatutos y normas de la Universidad, para deliberar se requerirá la presencia de más de la mitad de los miembros con derecho a voto. Las decisiones se tomaran con el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes.

Para designación de Rector o de Decano de facultad por parte del Consejo Superior Universitario se requerirá el voto favorable de la mitad más uno de los miembros con derecho a voto que lo conforman.

2 ARTÍCULO 27. Gobierno de las Sedes. La dirección de las Sedes estará integrada por los Consejos y las Vicerrectorías de Sede. Es de su competencia el ejercicio de las atribuciones que a ellos corresponde según lo previsto en este Estatuto y las que le sean delegadas por otras autoridades del Nivel Nacional.

El gobierno en la Sedes de Presencia Nacional estará integrado por el Consejo Superior Universitario y la Dirección de Sede. El Consejo Académico recomendará al Consejo Superior Universitario las funciones de cada una de las Sedes de Presencia Nacional de acuerdo con su complejidad. Así mismo, el Consejo Superior Universitario determinará la integración y funciones del Comité Académico Administrativo.

3 Ver, entre otras, las sentencias C-299 de 1994, C-195 de 1994, T-310 de 1999. T-870 de 2000 y T-1317 de 2001.

4 Artículo 1. Las Sedes de Presencia Nacional continuarán tal como han venido funcionando, hasta tanto se conformen los Comités Académico Administrativos determinados en el Acuerdo 60 de 2006 del Consejo Superior Universitario.

5 Artículo 63. Las universidades estatales u oficiales y demás instituciones estatales u oficiales de Educación Superior se organizarán de tal forma que en sus órganos de dirección estén representados el Estado y la comunidad académica de la universidad.

6 Artículo 17o. De los consejos de Sede. El Estatuto General definirá la composición y funciones de los consejos de Sede y los organizará de tal manera que se garantice la participación de los profesores y de los estudiantes.

7 Artículo 25. Acuerdo 11 de 2005 del CSU.

8 Sentencia T-525/01.M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

9 Artículo 14. Consejo Superior Universitario. Funciones. El Consejo Superior Universitario ejercerá las siguientes funciones

(¿) 7. Crear, modificar o suprimir Sedes. Facultades. Dependencias administrativas u otras formas de organización institucional y académica. Cuando pueda afectarse directamente el desarrollo de programas académicos, se requiriera concepto previo del Consejo Académico.