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  Concepto 309 de 2006 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 20/04/2006  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

OJN 0309

Bogotá, D.C., 20 ABR. 2006

Profesora

ELlZABETH LOPEZ RICO

Secretaria General

Universidad Nacional de Colombia.

Bogotá, D.C.

Asunto: Su oficio CSU-255-06 del 06 de abril de 2006

Respetada profesora:

En atención al asunto contenido en el oficio de la referencia, por medio del cual solicita concepto sobre las apreciaciones formuladas por el representante de los Exrectores ante el Consejo Superior Universitario, profesor Víctor Manuel Moncayo Cruz respecto a la posibilidad de establecer un umbral en el proceso de elección del representante estudiantil ante el CSU., esta Oficina de manera atenta le manifiesta lo siguiente:

DEL DERECHO DE PARTICIPACION

Inicialmente debe precisarse respecto al proceso de elección del representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario lo siguiente:

El literal g del artículo 11 del Decreto ley 1210 de 1993 establece que el representante estudiantil es uno de los miembros del Consejo Superior Universitario.

En el precitado artículo se señala que su elección se efectuará mediante votación directa y secreta, conforme al reglamento que expida el Consejo Superior Universitario. Este reglamento podrá prever que, en caso de no ser posible la elección directa del estudiante se efectúe la elección de manera indirecta. Cabe anotar que el representante estudiantil será elegido para un período de año y medio.

La facultad de reglamentación del Consejo Superior Universitario guarda correspondencia con lo previsto en el numeral 7 del artículo 13 del Acuerdo 11 de 2005 (Estatuto General) así como en el artículo 69 de la Constitución Política respecto a la autonomía de las universidades para expedir sus estatutos, definir su régimen interno, estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y periodos de sus directivos y administradores; señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores; establecer los programas de su propio desarrollo; aprobar y manejar su presupuesto; fijar, sobre la base de las exigencias mínimas previstas en la ley, los planes de estudio que regirán su actividad académica, pudiendo incluir asignaturas básicas y materias afines con cada plan para que las mismas sean elegidas por el alumno, a efectos de moldear el perfil pretendido por cada institución universitaria para sus egresados".

Se destaca en esto la facultad de las universidades, en virtud de la autonomía conferida, de estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y periodos de sus directivos y administradores. Aspectos que deben ser regulados por los reglamentos internos."¹

Sin perjuicio de lo anterior, este Despacho estima necesario relacionar algunos extractos de la Sentencia T- 024 de 2004 por la cual la Honorable Corte Constitucional analizó el proceso de designación del Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y en la cual señaló los alcances del derecho de participación en la elección y designación de las directivas de los entes autónomos como el de la Universidad Nacional de Colombia.

"De igual modo se precisa por la Corte que la autonomía universitaria ha de entenderse en armonía con lo preceptuado por el artículo 68 de la Constitución en cuanto en él se establece que la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. Es decir, que la autorregulación que a las universidades garantiza el artículo 69 de la Carta no podrá, en ningún caso prescindir de quienes integran la comunidad educativa, y, en cambio, será indispensable establecer mecanismos internos que les permitan expresarse sobre todos los asuntos que interesan a la vida académica y administrativa de la universidad, así como la posibilidad de participar efectivamente en las decisiones correspondientes. Se abandona pues un criterio autoritario en la universidad para dar cabida de manera concreta al principio de la democracia participativa en los claustros. "2 [13]

Ahora bien, sobre el alcance específico de dicho derecho a la participación en lo referente a la elección de las directivas de los entes universitarios resulta pertinente recordar la síntesis efectuada en la Sentencia T -525 de 2001 adoptada por la Sala Segunda de revisión de esta Corporación, donde se precisó que el derecho de participación debe manifestarse en dicha elección independientemente de la forma que adopte.

Dijo la Corte:

"En el caso de las universidades, para hacer real la participación de la comunidad educativa superior en darse sus propias directivas, la Ley 30 de 1992, en el artículo 28 señala el ámbito de la autonomía universitaria, y en los artículos 62, 63 y 66, se establece el procedimiento general de organización y elección de tales directivas, en las universidades estatales u oficiales. Estas disposiciones parten de la base de que la comunidad universitaria siempre estará representada en los órganos de dirección.

De todo lo anterior, se concluye que existe el derecho a la participación de la comunidad universitaria para la elección de todas o algunas de sus directivas, bien sea directamente, o a través de sus representantes ante los órganos de dirección, o por parte de uno sólo o algunos de sus estamentos; y que la correspondiente elección se realiza de acuerdo con los Estatutos de la universidad, y éstos, a su vez, se expiden de conformidad con la Constitución y la ley.

Es decir, que el derecho de participación se refleja en que ella efectivamente se dé, y no tanto en la forma que adopte. Quiere esto decir que si el Consejo Superior de una universidad, por ejemplo, dentro de su propia autonomía, considera que todas las directivas se elijan por el voto directo de todos los integrantes de la universidad, es decir, siguiendo el principio de una persona un voto, tal procedimiento resulta perfectamente válido constitucionalmente. Pero, también, puede ser válido que el Consejo Superior determine que todas o algunas de las directivas se elijan a través de sus representantes ante el Consejo Superior o Académico u otro órgano de dirección, porque lo que debe garantizarse, independientemente del procedimiento que se adopte, es que en las elecciones de directivas, la decisión sea resultado de la participación de la comunidad. Por ello, los estatutos tienen que establecer la participación. Participación, se repite, que no necesariamente tiene que adoptar la del voto directo de toda la comunidad académica en todas las elecciones, ya que determinaciones de esta naturaleza sólo pueden ser fruto de sus propias decisiones, como consecuencia de la autonomía para darse sus directivas y estatutos(Sic).

Igualmente este Despacho considera necesario relacionar algunos apartes de la sentencia del 11 de diciembre de 2003 del Consejo de Estado, mediante la cual esa corporación analizó la nulidad del proceso de elección y/o designación del Rector de la Universidad Nacional de Colombia, señalando en primer lugar que

"no se considera entonces que con dicho procedimiento de elección se vulneraran los postulados que informan la democracia participativa, en tanto que el mismo constituyente le otorgó autonomía a los entes universitarios para nombrar sus directivas y regirse por sus propios estatutos."

Por lo expuesto se puede concluir lo siguiente:

1. El Consejo Superior Universitario en ejercicio de la autonomía universitaria, que lo faculta para reglamentar la elección del representante estudiantil ante ese mismo cuerpo colegiado, dispone de cierto margen de discrecionalidad en cuanto a los mecanismos, procedimientos y requisitos que definen la participación de la comunidad estudiantil, sin que con ello se esté vulnerando el derecho a elegir y ser elegido, o se esté abrogando atribuciones exclusivas del constituyente y/o del legislador.

2. Como consecuencia de lo anterior, el Consejo Superior Universitario al establecer condicionamientos y/o requisitos que definen la participación de la comunidad estudiantil en este proceso electoral, lógicamente conlleva a delimitar no sólo los efectos del voto, sino de la abstención, sin que por ello deba colegirse que se está desconociendo la voluntad de los sufragantes ni cercenando el derecho a la participación.

3. No sobra indicar que el propósito del umbral en este proceso electoral se funda en el principio de representatividad, y por tanto este requisito no se concibe como un elemento que impida la concreción de este proceso de elección., al contrario dada la importancia de la figura del representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, este cuerpo colegiado ha estimado conveniente procurar que la persona electa goce de respaldo significativo de la comunidad estudiantil.

4. Así las cosas, al establecer el umbral con miras a la representatividad en este proceso electoral, conlleva que la abstención genere efectos jurídicos y no simplemente políticos, en consecuencia condiciona la elección del representante estudiantil a una determinada participación.

5. Sobre lo antes indicado no sobra destacar, que la doctrina emanada del Consejo Nacional Electoral ha estimado que la participación y más específicamente el fenómeno de abstención "es una opción política válida, ésta puede asumir manifestarse de manera pasiva o activa, entendiendo por la primera aquel fenómeno de franco desinterés o apatía por el certamen electoral que se convoca, y la activa, cuando los partidos o grupos proponen o instan a los ciudadanos a manifestar su oposición, mediante la abstención, frente a una convocatoria en particular".

6. De lo expuesto, se concluye que la autonomía de la cual dispone el Consejo Superior Universitario, le permite fijar un umbral y con ello señalarle unos determinados efectos jurídicos a la abstención, opción política válida para este cuerpo colegiado, sin que con ello deba colegirse que se está obligando a la comunidad estudiantil a votar en este proceso electoral, porque en efecto se está reconociendo la abstención como una opción de participación.

En lo anteriores términos se absuelve el objeto de consulta, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ELDA FRANCY VARGAS BERNAL

Jefe (e)

NOTAS DE PIE DE PÁGINA:

¹ Corte Constitucional T -1227 de 2003.