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  Concepto 583 de 2005 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 03/10/2005  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

OFICINA JURÍDICA NACIONAL

OJN - 0583

Bogotá, D.C., 03 de octubre de 2005

Doctora

SANDRA PATRICIA PINILLA MARTÍNEZ

Jefe Oficina Nacional de Control Interno

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, D. C.

Asunto: Su oficio ONCI -466 del 14 de septiembre de 2005, pago de vacaciones a los empleados de la Universidad Nacional de Colombia

Apreciada Sandra Patricia:

En respuesta a la solicitud contenida en el documento de la referencia, esta Oficina se pronuncia de manera general sobre los problemas jurídicos por usted planteados:

ANÁLISIS DEL ASUNTO

Entre el periodo comprendido entre los años de 1996 a 2003, en la Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia, se autorizó a algunos funcionarios el disfrute de un mayor número de días de vacaciones del que por ley tenían derecho, dos (2) años después se advierte tal irregularidad y se pretende la devolución de los dineros pagados a los funcionarios por los días no laborados, ante tal irregularidad se pregunta:

1. ¿Es pertinente fundamentar la solicitud de reintegro correspondiente a los días de más disfrutados por vacaciones, en la Circular de Vicerrectoría VR 002 de 2005, donde se argumenta que se incurre en falta al trabajo sin justificación legal, cuando los funcionarios se limitaron a acatar lo establecido en los correspondientes actos administrativos que los autorizaban a tomar los días de vacaciones?

No, el argumento de devolución de los días disfrutados demás (sic) y pagados por concepto de vacaciones al personal de la Universidad Nacional de Colombia no puede estar fundamentado en la circular VR -002 de 2005 que obliga a descontar a los funcionarios los días no trabajados sin la correspondiente justificación, pues dichos pagos tienen la correspondiente justificación legal en la ejecución de los actos administrativos que los ordenaron y a los cuales no se les ha desvirtuado la presunción de legalidad de la que gozan, y como tal se encuentran en firme.

La devolución de dichos días de salario devengados y no trabajados, debe estar justificada en el incumplimiento del régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Universidad Nacional de Colombia, que para las vacaciones dispone en el numeral 10 del artículo 23 del Acuerdo 067 de 1996 del CSU:

10." Los empleados públicos tienen derecho a diez y siete (17) días hábiles de vacaciones por cada año de servicio cumplido.

Además de las vacaciones ordinarias remuneradas, los empleados públicos administrativos tendrán derecho a cinco (5) días calendario de vacaciones adicionales remuneradas, a disfrutarse durante el periodo de vacaciones intersemestrales del Personal Académico. (...)"

2. ¿Es posible que las Resoluciones mediante las cuales son reconocidas las vacaciones para los funcionarios de la Universidad sean anuladas o suspendidas, con posterioridad a su ejecutoria?

La Universidad está imposibilitada para revocar unilateralmente los actos administrativos que ya ejecutó y que ordenaron el disfrute irregular de las vacaciones, por las siguientes razones:

El Artículo 73 del Código Contencioso Administrativo consagra: "Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

Pero habrá lugar a la revocación de los actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión."

A su vez el artículo 69 de mismo estatuto dispone:

"Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política y a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona"

Igualmente el artículo 28 del mismo Código impone el deber a las entidades administrativas de comunicar a los administrados cuando quieren variar un acto administrativo que los afecten de manera particular, en los siguientes términos:

"Cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que hay particulares que pueden resultar afectados en forma directa, a éstos se les comunicara la existencia de la actuación y el objeto de la misma.

En estas actuaciones se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículo 14, 34, y 35."

Sobre la revocatoria directa de actos administrativos de carácter particular y concreto por errores de hecho o de derecho ha sostenido la Corte Constitucional:

"Cuando la administración ha incurrido en error de hecho o de derecho, (...), no puede revocar el acto de carácter particular y concreto sin que tenga en el/o participación el titular del derecho. Esto por más de que se alegue la salvaguarda del patrimonio público."

De acuerdo con la normatividad transcrita y la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en el caso bajo examen se observa que no se dan los presupuestos previstos en la ley contenciosa para la revocatoria directa del acto sin el consentimiento expreso y escrito del afectado, es decir, que el acto sea el resultado de la aplicación del silencio administrativo positivo o que el acto haya ocurrido por medios ilegales.

De la misma manera tampoco es viable la revocatoria parcial de los actos (procedente para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión), pues pese a que la Universidad cometió un error de hecho al conceder más días de disfrute de vacaciones, que habrían podido ser revocados parcialmente para su corrección, con la respectiva comunicación - en los términos del artículo 28 del C.C.A. -a los funcionarios afectados antes de ser ejecutados, ésta no lo hizo por haber advertido tardíamente su error, y por tal motivo, la devolución de los dineros sólo puede producirse con el consentimiento expreso y escrito del funcionario que autorice los respectivos descuentos.

En síntesis, no procede la revocatoria directa ni tampoco la revocatoria parcial de los actos administrativos que concedieron el disfrute de vacaciones de manera irregular, en el primer caso porque el acto administrativo no fue el resultado de la aplicación del silencio administrativo positivo, ni ocurrió por medios ilegales, y en el segundo, porque pese a que fue un error de hecho, los funcionarios ya disfrutaron sus vacaciones de buena fe y la Universidad a posteriori no se los puede variar.

Con respecto a los actos de la administración y de los particulares, la Corte Constitucional ha desarrollado la doctrina del respeto al acto propio, Con ella se pretende que no sean tomadas decisiones posteriores que contraríen los efectos y contenido de pronunciamientos previos del mismo sujeto. Lo anterior porque se estaría afectando el principio constitucional de la buena fe con respecto al afectado por estas actuaciones quien había confiado en el contenido del primer pronunciamiento. La sentencia T -295/99 dijo al respecto:

"Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe (Art. 83 C.N). Principio constitucional, que sanciona entonces, como inadmisible toda pretensión licita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto.

La teoría del respeto del acto propio, tiene origen en el brocardo "Venire contra pactum proprium nellr conceditur" y, su fundamento radica en la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada. Esta buena fe quedaría vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria.

El tratadista y Magistrado del Tribunal Constitucional Español Luis Díaz Picazo enseña que la prohibición no impone la obligación de no hacer sino, más bien, impone un deber de no poder hacer; por ello es que se dice "no se puede ir contra los actos propios"1

Por lo anterior, la solución que debe agotar la Universidad para obtener la devolución de los dineros pagados irregularmente a sus funcionarios, es tramitar la autorización expresa y escrita de éstos para descontar de sus salarios los días pagados y no trabajados por tal irregularidad, en el entendido que tales actos administrativos ya se ejecutaron, diferente sería la situación si su ejecución estuviera pendiente, evento en el cual la Universidad los podría corregir por constituir un típico caso de error de hecho. Esto sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias y fiscales a las que haya lugar.

Cordialmente,

SONIA STELA ROMERO TORRES

Jefe

1Aparte citado por la Sentencia T -1702-2002, MP. Alejandro Martínez Caballero

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1Aparte citado por la Sentencia T -1702-2002, MP. Alejandro Martínez Caballero