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  Concepto 490 de 2006 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 21/06/2006  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

OFICINA JURÍDICA NACIONAL

OJN 0490

Bogotá, D.C, 21 de junio de 2006

Doctor

JORGE ERNESTO DURÁN

Secretario General

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, D. C.

Asunto: Su oficio CSU-251-06 del 15 de mayo de 2006.

Respetado doctor:

En atención al asunto contenido en el oficio de la referencia, mediante el cual se solicita a esta oficina concepto sobre la inquietud formulada por los estudiantes Anascas del Río M., Carlos Augusto López y Oscar Cañón López, mediante la cual solicitan que las sesiones del Consejo Superior Universitario, sean visibles y audibles para la Comunidad Universitaria, esta oficina de manera atenta manifiesta lo siguiente:

La solicitud aquí analizada se funda presuntamente en el principio de publicidad de las actuaciones de la administración, sin embargo ignoran los peticionarios que la grabación estereofónica o visual de las sesiones no es el único mecanismo de publicidad de las sesiones del Consejo Superior Universitario, dado que para tal efecto se deja consignada un acta que fidedignamente documenta los asuntos objeto de análisis por este cuerpo colegiado.

Así las cosas, el núcleo esencial del derecho a la publicidad no se resquebraja o vulnera porque se acuda a uno u otro medio de difusión de las sesiones del Consejo Superior Universitario, lo importante como lo ha expresado la Corte Constitucional es que se garantice eficientemente el derecho a la información del accionar del Estado y concurrentemente la participación de todos los actores en las decisiones que los afectan, sólo así se le da plena vigencia al modelo democrático que sustenta nuestra organización política.

Al respecto la Corte Constitucional al pronunciarse sobre el Decreto 2255 de 2002 por el cual se adoptaban medidas relacionadas con los Concejos Municipales para su normal funcionamiento, específicamente en lo relacionado con la posibilidad para esa corporación pública de surtir sesiones no presenciales manifestó lo siguiente:

Atendiendo pues a la filosofía que inspira el principio democrático, ha de precisarse que, para que éste se entienda agotado, los actos decisorios o de poder que regularmente se expresan a través de la ley y de aquellas decisiones que corresponde adoptar a las Corporaciones Públicas territoriales de elección popular (asambleas, Concejos y Juntas Administradoras Locales), deben ser; en todos los casos, el resultado de la expresión de la voluntad soberana que emerge de un proceso en el que se garantice:

El pluralismo, es decir; el derecho de todas las comentes de pensamiento que detentan la representación popular; a ser escuchados y sus opiniones debatidas; la participación, esto es, el derecho de los ciudadanos a intervenir en las deliberaciones y decisiones cuando les asista interés o puedan resultar afectados con ellas; El principio de las mayorías, entendido como el derecho de unos y otros a que las decisiones sean adoptadas por quienes sumen el mayor número de votos en tomo a una misma posición, habiéndose permitido previamente la participación de las minorías; y la publicidad, o sea la posibilidad de que el asunto a debatir sea conocido en detalle por los interesados y por los propios miembros de las corporaciones públicas, incluso, con anterioridad a la iniciación de los debates.

Respecto a las características de las reuniones corporativas, una primera lectura de las disposiciones constitucionales y legales citadas permiten señalar que, en principio, ellas deben ser presenciales y desarrollarse en la respectiva sede oficial, por ser ésta la forma más expedita de garantizar el verdadero debate democrático en cuanto ofrece mayores facilidades para la deliberación, la participación de la comunidad en las respectivas sesiones y para el ejercicio del control político directo. No obstante, atendiendo a una interpretación sistemática, armónica y temática del propio texto Superior y de las normas de inferior jerarquía que le son concordantes, resulta válido concluir que, si bien éstas parten de la necesaria presencia de los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular en la sede oficial designada para el efecto, no es per se inconstitucional que, bajo condiciones de excepción donde está de por medio el funcionamiento de tales corporaciones y la propia institucionalidad democrática, las reuniones de éstas puedan llevarse a cabo por vías distintas - incluso no previstas por el Constituyente ni por el legislador ordinario- que en todo caso permitan garantizar las regias básicas del juego democrático v político: el debate. la participación y la publicidad de los actos.

De otra parte la Corte Constitucional en sentencia T -525 de 2001 analizó el principio de participación en los entes autónomos como la Universidad Nacional de Colombia, al respecto señaló lo siguiente:

"En el caso de las universidades, para hacer real la participación de la comunidad educativa superior en darse sus propias directivas, la Ley 30 de 1992, en el artículo 28 señala el ámbito de la autonomía universitaria, y en los artículos 62, 63 Y 66, se establece el procedimiento general de organización y elección de tales directivas, en las universidades estatales u oficiales. Estas disposiciones parten de la base de que la comunidad universitaria siempre estará representada en los órganos de dirección.

De todo lo anterior, se concluye que existe el derecho a la participación de la comunidad universitaria para la elección de todas o algunas de sus directivas, bien sea directamente, o a través de sus representantes ante los órganos de dirección, o por parte de uno sólo o algunos de sus estamentos; y que la correspondiente elección se realiza de acuerdo con los Estatutos de la universidad, y éstos, a su vez, se expiden de conformidad con la Constitución y la ley.

Es decir, que el derecho de participación se refleja en que ella efectivamente se dé, y no tanto en la forma que adopte. Quiere esto decir que si el Consejo Superior de una universidad, por ejemplo, dentro de su propia autonomía, considera que todas las directivas se elijan por el voto directo de todos los integrantes de la universidad, es decir, siguiendo el principio de una persona un voto, tal procedimiento resulta perfectamente válido constitucionalmente. Pero, también, puede ser válido que el Consejo Superior determine que todas o algunas de las directivas se elijan a través de sus representantes ante el Consejo Superior o Académico u otro órgano de dirección, porque lo que debe garantizarse, independientemente del procedimiento que se adopte, es que en las elecciones de directivas, la decisión sea resultado de la participación de la comunidad. Por ello, los estatutos tienen que establecer la participación. Participación, se repite, que no necesariamente tiene que adoptar la del voto directo de toda la comunidad académica en todas las elecciones, ya que determinaciones de esta naturaleza sólo pueden ser fruto de sus propias decisiones, como consecuencia de la autonomía para darse sus directivas y estatutos."

En armonía con las anteriores referentes jurisprudencias les al caso objeto de consulta, resulta importante destacar lo siguiente:

1. Todas las decisiones del Consejo Superior Universitario son públicas y su acceso en ningún modo se restringe a algún sector de la comunidad Universitaria.

2. El hecho que el Consejo Superior Universitario tenga representantes de todos los estamentos de la comunidad académica, garantiza el derecho de participación de las decisiones que los afectan, por lo que a su vez se constituyen en enlace e interlocución entre el estamento que representan y el Consejo Superior Universitario.

3. Igualmente debe destacarse que las actas suscritas en cada sesión del Consejo Superior Universitario, garantizan los principios de publicidad y participación en las decisiones que afectan a los distintos estamentos de la comunidad académica.

Por lo antes señalado, este Despacho considera que no es necesario acceder a la solicitud formulada por los estudiantes de la referencia, para garantizar la publicidad de las actuaciones del Consejo Superior Universitario.

En los anteriores términos se absuelve el objeto de consulta, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe