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  Concepto 73 de 2007 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 04/12/2007  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

Concepto No. 73

MEMORANDO 1570

Fecha: Bogotá, D.C. 4 de diciembre de 2007

Para: Doctor Jorge Ernesto Duran Pinzón. Secretario General.

Referencia: Oficio SG-714-07, cobros definidos por el Acuerdo 17 de 2007 del Consejo Superior Universitario.

Respetado Doctor Duran:

En atención a la comunicación en referencia, en la cual solicita concepto sobre el pronunciamiento emitido por la Corte Constitucional, relativa al cobro de derechos de grado y del servicio médico estudiantil, se da respuesta en los siguientes términos:

PROBLEMA JURÍDICO

¿Puede la Universidad Nacional de Colombia establecer cobros por concepto de derechos de grado y servicio médico estudiantil?

TESIS JURÍDICA

Sí, la Corte Constitucional declaró exequible condicionadamente los cobros que fijen las universidades por concepto de derechos de grado y servicio médico estudiantil, no obstante éstas sumas no serán exigibles a los estudiantes que no tengan capacidad de pago.

DESCRIPTORES

Fuente formal

Ley 30 de 1992

Decreto 1210 de 1993

Acuerdo 17 de 2007 del Consejo Superior Universitario

Jurisprudencia Constitucional

ANÁLISIS DEL ASUNTO

La Corte Constitucional en sentencia C-654 de 2007 analizó la exequibilidad del artículo 122 de la Ley 30 de 1992, el cual fija los cobros que pueden efectuar las instituciones de educación superior, dentro de los cuales se encuentra los derechos de grado y los que corresponden al servicio médico.

Para el análisis del asunto, la Corte analizó la disposición contenida en la Ley 30 de 1992, a la luz de los artículos 67 y 69 de la Carta Política, en razón a que el primero de ellos, el 67, establece el principio según el cual en las instituciones del estado la educación es gratuita, sin perjuicio del pago de derechos académicos que deban cancelar quienes tengan la capacidad de realizarlos.

Menciona la Corte en su pronunciamiento que compete al legislador definir los "derechos académicos" contenidos en la Carta Política, fijando lo siguiente:

"Compete también al legislador determinar si el valor de esos derechos debe ser fijado por las autoridades respectivas o por los entes educativos bajo el control y vigilancia de aquéllas, atendiendo el carácter de servicio público y de función social que la Constitución asigna a la educación, con todas las connotaciones fundamentales que se le han reconocido (¿)".

Para el caso de la Universidad Nacional de Colombia, el Estatuto Orgánico de la entidad, contenido en el Decreto 1210 de 1993, establece que es de competencia del Consejo Superior Universitario la determinación del valor de los derechos pecuniarios que deben ser sufragados por los estudiantes1.

Conforme a lo anterior, en la Universidad Nacional de Colombia se cumple el presupuesto establecido por la Corte en el sentido de que el legislador determinó que corresponde a una autoridad interna de la entidad determinar el cobro de los derechos académicos, competencia bajo la cual se expidió el Acuerdo 17 de 2007 por parte del Consejo Superior Universitario.

Es importante resaltar que la Corte impuso unos límites para el cobro de estos derechos académicos, así:

"La Corte considera necesario advertir que cuando proceda el cobro de esos derechos de grado, éstos deben corresponder proporcionalmente a los reales costos administrativos de graduación y, por tanto, deben justificarse, ser razonables y estar previamente aprobados sin que puedan constituir un prerrequisito para graduarse, frente a quien carece de recursos y ya cumplió con todos los requerimientos académicos para la obtención de un título profesional.

De tal manera, queda claro que en ningún caso podrá negarse ni posponerse la graduación de quien haya cumplido todos los requisitos académicos y sólo tenga a su cargo obligaciones pecuniarias para con el centro de estudios superiores, sin perjuicio de las garantías civiles a que legalmente haya lugar".

En consecuencia esta Oficina Jurídica considera que el Consejo Superior Universitario puede fijar el valor de los derechos que deben cancelar los estudiantes por derechos de grado atendiendo los costos administrativos que implica la graduación.

No obstante, en caso de que se presenten solicitudes por parte de los posibles graduandos de que se les exima del pago de derechos de grado por carecer de recursos económicos para su cancelación, la Universidad debe establecer un procedimiento o contemplar unos requisitos que permitan analizar estas solicitudes particulares.

Respecto al servicio médico, la Corte expresó:

Entiende la Corte, entonces, que con dicho servicio no se pretende crear un régimen especial de seguridad en las universidades, paralelo y a semejanza del que está regulado en la Ley 100 de 1993, sino brindar una alternativa de atención médica a los estudiantes universitarios que requieran de ella para así hacer efectivo su derecho a la educación en forma integral, servicio que además es provechoso, en cuanto permita cubrir las situaciones de emergencia que se presenten dentro de la institución.

Esa asistencia médica en las universidades constituye entonces un servicio preventivo y de primeros auxilios que no duplica la seguridad social ni la medicina prepagada y que debe prestarse a toda la comunidad educativa, en igualdad de condiciones.

(¿)

Siendo ese el propósito de la aludida disposición, la Corte no encuentra cómo el cobro de los derechos correspondientes pueda vulnerar el ordenamiento superior, pues tal como se explicó anteriormente la Constitución faculta a los establecimientos educativos para cobrar ciertos estipendios, en montos razonables y debidamente sustentados que sólo deben ser erogados por los estudiantes que puedan costearlos, excluyendo del pago pero nunca del servicio a los alumnos de escasos recursos.

Por lo anterior se considera que la Universidad puede establecer el pago de las sumas que determine ajustadas para sufragar los costos del servicio médico estudiantil, sin embargo, nuevamente se recomienda que el Consejo Superior Universitario determine unos parámetros bajo los cuales se examinen las situaciones de los estudiantes que soliciten se excluya el pago por este concepto manifestando que no cuentan con los recursos suficientes para asumirlos.

CONCLUSIONES

1. El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia puede establecer el cobro de derechos académicos por concepto de derechos de grado, atendiendo los costos administrativos que implica la graduación.

2. La Universidad puede determinar el cobro de algunos valores con el objeto de sufragar los costos del servicio médico estudiantil.

3. Es necesario determinar los parámetros o procedimientos para el caso de los estudiantes que soliciten se les eximan del pago de los valores por concepto de derechos de grado o servicio médico estudiantil, alegando no contar con los recursos económicos suficientes para sufragarlos.

Este concepto se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe

NOTAS DE PIE DE PÁGINA:

1 Literal q), artículo 12.