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  Resolución 141 de 2007 Rectoría
 
  Fecha de Expedición: 16/02/2007  
  Fecha de Entrada en Vigencia: 16/02/2007
 
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RESOLUCIÓN 141 DE 2007

(16 de febrero)

Por la cual se reglamenta el procedimiento de jurisdicción coactiva en la Universidad Nacional

EL RECTOR (e) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial el numeral 18 del artículo 16 del Acuerdo No 11 de 2005 del Consejo Superior Universitario, y

CONSIDERANDO QUE:

Mediante la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, se dictan normas para la normalización de cartera pública, con base en los principios que regulan la Administración Pública (Art. 209 Constitución Política de Colombia) entre los cuales se encuentran, la gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna.

El artículo 5 de la Ley 1066, establece que las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.

Aún cuando a la Universidad Nacional de Colombia, no le es aplicable la Ley 1066 de 2006 en lo concerniente a la suscripción de acuerdos de pago con entidades públicas y particulares, dado que en virtud del artículo 8 del Decreto 1210 de 1993, tiene autonomía para usar, gozar y disponer de los bienes y rentas que conforman su patrimonio, teniendo en cuenta su naturaleza y régimen jurídico especiales, se considera viable adoptar el procedimiento de jurisdicción coactiva, en aras de establecer criterios que faciliten el recaudo de cartera a favor de la Universidad, generada por obligaciones con otras entidades públicas y con particulares.

El Acuerdo 48 de 1995 del Consejo Superior Universitario, por el cual se fijan las funciones de la Oficina Jurídica, establece la obligación en esta dependencia de "Adelantar los cobros coactivos de conformidad con la ley".

Que se hace necesario expedir la reglamentación necesaria para adelantar el procedimiento de jurisdicción coactiva al interior de la Universidad Nacional, con el fin de contar con una herramienta eficaz que permita el ágil y eficiente recaudo de cartera a favor de esta.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DEFINICIÓN, NATURALEZA, Y COMPETENCIA

Artículo 1. Definición: el proceso coactivo es un privilegio de la Administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales.

Artículo 2. Título Ejecutivo: Documento público o privado, emanado de las partes o por decisión judicial, en el cual debe constar una obligación de manera clara, expresa y exigible, a cargo del deudor y a favor de la administración

Artículo 3. Naturaleza: El proceso de jurisdicción coactiva es de naturaleza administrativa, por cuanto su objetivo es hacer efectiva la orden dictada por la administración de cobro de una obligación.

Artículo 4. Funcionario Competente: la competencia para el cobro por jurisdicción coactiva del nivel nacional y de las Sedes de Presencia Nacional, se asigna a la Oficina Jurídica Nacional o a la dependencia que haga sus veces, dependencia que de igual forma trazará las políticas generales sobre la materia, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo No 48 de 1995 del Consejo Superior Universitario.

En las Sedes Bogotá y Medellín, la competencia se asigna a las Oficinas Jurídicas de las Sedes Bogotá y Medellín.

En las Sedes de Manizales y Palmira, la competencia se asigna a los asesores jurídicos.

TÍTULO SEGUNDO

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO

CAPÍTULO I

ETAPA PREVIA

Artículo 5. Investigación de Bienes: Agotada la vía persuasiva, sin que el ejecutado haya cancelado la obligación, el funcionario ejecutor, en aras de establecer la ubicación y solvencia del deudor, oficiará a las entidades públicas y privadas, que considere pertinentes, a fin de que informen el domicilio del deudor y la mayor información que tenga sobre los bienes inmuebles que posea el ejecutado.

Artículo 6. Medidas Cautelares: Con el fin de retirar temporalmente del comercio los bienes embargados al deudor, para que con el producto de su venta sea satisfecho íntegramente el crédito si fuere posible, se procederá a dictar las medidas cautelares reguladas por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, artículos 513 y siguientes.

Artículo 7. Oportunidad para decretarlas: Estas medidas pueden ser decretadas previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, mediante auto de cúmplase, el cual no se notifica y deben ser comunicadas a la oficina de registro pertinente a fin de que procedan de conformidad con lo decretado por el Despacho.

Artículo 8. Límite y reducción del embargo: Para efectos de establecer el Límite de los embargos y la posibilidad de reducción de los mismos, se tendrá en cuenta 10 dispuesto en el artículo 837 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 9 de la Ley 1066 de 2006 o la que haga sus veces.

CAPÍTULO II

ETAPA DE COBRO COACTIVO

Artículo 9. Definición: Constituye la oportunidad en la cual la entidad acreedora utiliza los medios coercitivos para satisfacer las obligaciones a su favor, una vez agotada la etapa persuasiva y siempre y cuando el título ejecutivo reúna los requisitos para exigirse coactivamente.

Artículo 10. Obligaciones que prestan mérito ejecutivo: pueden cobrarse por jurisdicción coactiva siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes títulos:

1) Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor de la Universidad Nacional el pago de una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.

2) Los créditos originados como consecuencia de las acciones de repetición adelantadas por la Universidad Nacional.

3) Todo pagaré que respalde un acuerdo de pago incumplido, cuando este se haya establecido como garantía en la etapa persuasiva de recaudo de cartera.

4) Las multas impuestas como consecuencia de procesos disciplinarios adelantados contra funcionarios y ex - funcionarios de la Universidad Nacional.

5) Las cuotas partes pensionales a favor de la Universidad Nacional.

6) Las demás obligaciones que consten en títulos ejecutivos actualmente exigibles a su favor.

Parágrafo. Se excluyen del campo de aplicación de la presente resolución las deudas generadas en contratos de mutuo como es el caso del préstamo beca o aquellas derivadas de obligaciones civiles o comerciales en las que a Universidad Nacional desarrolla una actividad de cobranza similar o igual a los particulares, de conformidad con lo previsto en el parágrafo primero del Artículo 5º.de la Ley 1066 de 2006.

Artículo 11. Mandamiento de Pago: Es el acto administrativo mediante el cual el funcionario competente ordena al deudor o garante pagar a favor de la Universidad Nacional una suma líquida de dinero contenida en el título ejecutivo, así como las obligaciones accesorias.

Artículo 12. Contenido del Mandamiento de Pago: el acto administrativo contendrá una parte motiva y otra resolutiva; indicándose en la primera:

1. Los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa para resolver,

2. La identificación plena del ejecutado, precisando la calidad del mismo (principal, solidario, subsidiario, garante)

3. La descripción del título ejecutivo ejecutoriado, precisando concepto, cuantía, periodo y año.

4. Y los fundamentos legales del ejercicio de la acción (propias y por remisión legal).

En la segunda parte, se consignará la orden de pago de la obligación de la suma líquida de dinero más sus obligaciones accesorias

Artículo 13. Notificación del Mandamiento de Pago: Para surtir la notificación personal de que trata el artículo 826 del Estatuto Tributario, se deberá enviar previamente la citación al deudor para que comparezca dentro de los 10 días, si comparece, se procederá a entregarle copia del acto administrativo, en los términos señalados en el artículo 569 del Estatuto Tributario e indicándole el término dentro del cual el deudor debe cancelar y proponer las excepciones a que haya lugar.

Si no comparece el deudor, se procederá a notificar por correo dentro de los términos previstos en el artículo 566, 567 y 568 del Estatuto Tributario.

Artículo 14. Vinculación de deudores solidarios: el deudor solidario debe ser citado oportunamente al proceso de determinación de la obligación, en los términos del artículo 28 del Código Contencioso Administrativo.

En cuanto a las sucesiones, la solidaridad de los herederos por las obligaciones del causante y de la sucesión ilíquida, que opera a prorrata de sus respectivas cuotas hereditarias o legados y sin perjuicio del beneficio de inventario, la vinculación debe entenderse en concordancia con 10 prescrito en el artículo 1434 del Código Civil.

Artículo 15. Excepciones: Contra el mandamiento de pago, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor podrá proponer personalmente o a través de apoderado, mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario.

Artículo 16. Término para resolver las excepciones: presentadas las excepciones el funcionarlo competente tendrá el término de un mes para resolver la procedencia o no de las mismas, para lo cual podrá solicitar y practicar las pruebas respectivas.

Artículo 17. Excepciones probadas totalmente: Si las excepciones propuestas se encuentran probadas respecto de todas las obligaciones contenidas en el mandamiento de pago, el funcionario mediante resolución debe:

1. Declarar probada la excepción

2. Ordenar la terminación del proceso

3. Ordenar el levantamiento de medidas cautelares. En el evento que exista embargo de remanentes, el bien se pondrá a disposición del juzgado que ordenó el embargo.

4. Ordenar la notificación por correo o personalmente. (Inciso 1º artículo 565 del Estatuto Tributario.

Artículo 18. Excepciones probadas parcialmente: Si las excepciones propuestas solo prosperan parcialmente, sobre uno o más títulos objeto del cobro, el funcionario competente mediante resolución, debe:

1 Declarar en forma expresa la situación enunciada, señalando cuales fueron probadas y cuales no.

2 Ordenar seguir adelante la ejecución respecto de las obligaciones cuya excepción no fue probada.

3 Ordenar el avalúo y remate de los bienes embargados y secuestrados y de aquellos que se identifiquen en el curso del proceso como de propiedad del deudor. En caso de no tener bienes embargados se procederá a ordenar una investigación de bienes.

4 Ordenar la liquidación del crédito, incluidas las costas del proceso y condenar al ejecutado al pago de las mismas.

5 Ordenar la notificación de la resolución por correo o personalmente (inciso 1º del artículo 565 Estatuto Tributario), indicándose en el fallo el recurso que procede, el término para su interposición y el funcionario ante quién debe invocarse (Artículo 834 del Estatuto Tributario en concordancia con el 47 del Código Contencioso Administrativo).

Artículo 19. Recurso contra la Resolución que decide las Excepciones. Contra la resolución que declara no probadas total o parcialmente las excepciones, procede únicamente el recurso de reposición ante el Jefe de la Oficina Jurídica respectiva, el cual debe ser interpuesto dentro del mes siguiente a su notificación.

El funcionario competente deberá resolver el recurso en el término de un mes, contado a partir de su interposición.

Artículo 20. Pago de la obligación: Si dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago el deudor efectúa el pago respectivo, incluyendo intereses, se procederá a la expedición de la Resolución respectiva mediante la cual se ordena la terminación del proceso y el levantamiento de medidas cautelares. En el evento que exista embargo de remanentes, el bien se pondrá a disposición del juzgado que ordenó el embargo.

De igual forma se ordenará en el citado acto la notificación por correo o personalmente al deudor.

Artículo 21. Orden de ejecución: una vez vencidos los 15 días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, cuando el deudor no cancela sus obligaciones pendientes, ni propone excepciones, se expedirá la orden de ejecución de que trata el artículo 836 de Estatuto Tributario. En su parte considerativa se efectuará un recuento del proceso y en la parte resolutiva, se ordenará seguir adelante con la ejecución contra el deudor por las obligaciones insolutas, más los intereses moratorios e indexación de la deuda, gastos y costas del proceso.

Igualmente se ordenará el secuestro, avalúo y remate de los bienes embargados o de los que posteriormente lleguen a serlo, y la aplicación de los títulos de depósito judicial que se hubiesen retenido y practicar la liquidación del crédito y de las costas procesales.

 TÍTULO TERCERO

Todo el título tercero fue derogado por Art. 3, Resolución Rectoría 1465 de 2013.

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA

CAPÍTULO I

Artículo 22. Competencia: Con el fin de orientar la gestión de recaudo, y garantizar la oportunidad en el proceso de cobro, se podrá clasificar la cartera en obligaciones recaudables o de difícil recaudo, en atención a la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del deudor; para este efecto se deberá tener en cuenta los siguientes criterios.

Clasificación por cuantía. Permite identificar la obligación, teniendo en cuenta las diferentes cuantías a saber: a) Mínima cuantía: inferiores a 20 SMMLV.; b) Menor cuantía: Desde 20 SMMLV hasta 200 SMMLV, c) Mayor cuantía: superior a 200 SMMLV.

Criterio de antigüedad. Se aplicará en consideración al término de prescripción de la acción de cobro para las obligaciones, dándole prioridad a la más cercana a la prescripción.

Criterio en cuanto a la naturaleza de la obligación:

1. Disciplinaria

2. Costas

3. Multas y Sanciones

4. Cuotas partes pensionales

5. Títulos valores

Condiciones particulares del deudor. Estos criterios están referidos a la naturaleza jurídica de deudor y al comportamiento del deudor respecto de la obligación.

a) En razón de su naturaleza jurídica:

- Persona jurídica de derecho público

- Persona jurídica de derecho privado

- Persona natural

b) En razón del comportamiento del deudor:

- Voluntad de pago: Corresponde al deudor que solicita facilidades de pago.

- Reincidente: Es el deudor que en el transcurso de dos años mantiene un comportamiento reiterado en el incumplimiento de la obligación en más de tres oportunidades.

- Renuente: Deudor que además de omitir el cumplimiento voluntario de la obligación durante un término superior a cuatro (4) años, en forma reiterada no responde a las acciones persuasivas o de cobro, no tiene voluntad de pago.

TÍTULO CUARTO

DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO I

Artículo 23. Aspectos no regulados: En los aspectos no contemplados en esta resolución, se aplicará en su orden: el Estatuto Tributario, el Código Contencioso Administrativo, el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil en cuanto sea compatible con a naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción coactiva.

Artículo 24. Vigencia: La presente resolución entrará a regir tres (3) meses después de su expedición, término en el cual deberán adelantarse las gestiones administrativas pertinentes para implementar la jurisdicción coactiva, incluidas las relacionadas con la planta de personal encargado de adelantar el procedimiento y la capacitación del mismo.

Así mismo, dentro del término previsto se reglamentará lo concerniente a la etapa persuasiva de recaudo de cartera generada por particulares a favor de la Universidad Nacional, una vez el Comité de Conciliación apruebe dicha reglamentación, de conformidad con el literal h, del artículo 2º, de la Resolución de Rectoría No. 0243 de 2004.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C., a los 16 de febrero de 2007.

FRANCISCO A GUTIÉRREZ SANÍN.

Rector (E)