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  Concepto 1 de 2010 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 04/01/2010  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

Concepto 1

MEMORANDO 004

Ciudad y fecha:

Bogotá, D. C., 4 de enero de 2010

Para:

Doctora Elda Francy Vargas Bernal Jefe Oficina Jurídica Sede Bogotá

Referencia:

Memorando No. 1889 del 24 de noviembre de 2009 recibido el 25 del mismo mes y año - Solicitud de consulta aplicación convenciones colectivas

Respetada Doctora:

En atención al memorando de la referencia a través del cual, con ocasión de la consulta efectuada por el Director del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar (IPARM), respecto a de que manera la Convención Colectiva de 1987 cobija o no a los empleados administrativos de la Universidad, con el fin de fijar los topes de admisión para los diferentes estamentos de la Universidad y teniendo en cuenta las implicaciones que dicho concepto pueda tener frente a la Universidad, manifiesta que es necesario fijar una posición jurídica unificada al respecto, por lo que solicita un pronunciamiento de este despacho sobre el proyecto de concepto que remite, esta Oficina Jurídica esta en principio de acuerdo con el proyecto del concepto emitido. No obstante lo anterior, efectúa los siguientes comentarios:

1. Se sugiere plantear el problema jurídico en los siguientes términos:

PROBLEMA JURÍDICO

¿Los beneficios contenidos en las cláusulas vigentes de la Convención Colectiva celebrada el 9 de marzo de 1987 son aplicables tanto a trabajadores oficiales como a empleados públicos?

2. Así mismo se considera se debe incluir como fuentes formales las siguientes normas:

FUENTE FORMAL

- Código Sustantivo del Trabajo

- Ley 50 de 1990

- Acuerdo 016 de 2001 del Consejo Superior Universitario

3. Se considera se debe incluir el punto de las fuentes auxiliares en lo que tiene que ver con la jurisprudencia citada, conceptos y pronunciamientos de las diferentes corporaciones y entidades, con el fin de dar mayor claridad al concepto solicitado:

FUENTES AUXILIARES

- Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación 1199 del 05 de agosto de 1999.

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 1355 del 10 de julio de 2001.

Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, Sentencia del 3 de abril de 2008 No. interno 1978-200

- Sentencia C-1234 de 2005 de la Corte Constitucional

- Sentencia C-1050 de 2001 de la Corte Constitucional

- Sentencia T-1253 de 2005 de la Corte Constitucional

4. En cuanto a los descriptores, teniendo en cuenta el problema jurídico planteado y el desarrollo dado se sugieren los siguientes:

DESCRIPTORES

- Convenciones Colectivas

- Sindicato de Empleados Públicos

- Sindicato Mixto

- Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar - IPARM

5. En cuanto a las consideraciones efectuada por su Oficina se tiene:

Este Despacho está de acuerdo con la argumentación planteada de que en el sector publico, únicamente a los sindicatos de trabajadores oficiales se les ha reconocido el derecho a presentar pliego de condiciones y por lo tanto a celebrar convenciones colectivas, contrario a lo que ocurre con los sindicatos de empleados públicos, los cuales no pueden celebrar dichas convenciones ni ser beneficiarios de las mismas cuando se trate de sindicatos de naturaleza mixta, por cuanto en cualquiera de los casos opera la restricción contenida en el articulo 416 del Código Sustantivo de Trabajo, así como con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado citada.

No obstante lo anterior, se considera que se debe comenzar el concepto definiendo la naturaleza de las convenciones colectivas en general, determinado que son entendidas como el acuerdo de voluntades de naturaleza formal suscrito entre el patrono, ya sea del sector publico o privado, y los trabajadores, convirtiéndose, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional1 en una fuente autónoma y formal de derechos, encaminada a regular las condiciones individuales de trabajo de efecto restrictivo, proyectado en el contenido mismo de los contratos de trabajo.

En este orden de ideas el Código Sustantivo de Trabajo define las Convenciones Colectivas como aquella que se celebra entre uno o varios empleadores o asociaciones patronales y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia, la cual debe contener además de las estipulaciones en cuanto a las condiciones generales de trabajo, la empresa, establecimiento, industria y oficios que comprenda y los lugares donde ha de regir, la fecha en la cual entra en vigor y el plazo de duración entre otros aspectos.

Es decir, las partes que suscriben una Convención Colectiva, se encuentran obligadas a cumplir con los compromisos y responsabilidades contenidas en esta, teniendo en cuenta que se trata de condiciones rectoras de los contratos de trabajo que continúan en cabeza de cada uno de los afiliados hasta la terminación del contrato, evento en el cual desaparece la responsabilidad, de conformidad con lo manifestado por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-1050 de 2001:

"Por lo general se entiende la convención colectiva como un acuerdo entre dos partes que lo consideran vinculante. Este último aspecto es determinante para garantizar la estabilidad laboral. Sólo en la medida de que las partes que suscriben una convención colectiva de trabajo tengan el genuino propósito, y actúen en consecuencia, de respetar los acuerdos logrados, es posible asegurar que las relaciones entre empresarios y trabajadores constituyan el entorno de cooperación necesario para el mantenimiento de paz laboral. Desde esta perspectiva, la convención colectiva es descrita como un acuerdo bilateral, donde existen elementos de intercambio  quid pro quo  y que establece las reglas que regulan, entre otras cosas, los derechos y las obligaciones de las partes de la relación, las normas sobre el inicio, desarrollo y terminación de la relación laboral y las normas referidas al negocio entre las que se incluyen normas de organización y de solidaridad.[11]" (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Así mismo se considera importante mencionar que la jurisprudencia2 ha señalado como elementos de las convenciones colectivas los siguientes:

-Normativo: se traduce en una serie de disposiciones con vocación de permanencia en el tiempo, creadas para regular las relaciones de trabajo individual en la empresa, por medio de las cuales se establece anticipadamente y de manera abstracta las normas que regirán las condiciones individuales de trabajo; estas cláusulas convencionales de tipo normativo constituyen derecho objetivo, incorporándose al contenido de los contratos de trabajo, conteniendo obligaciones concretas y generales del patrono frente a los trabajadores. (Ejemplo: las que fijan la jornada de trabajo, los descansos, las prestaciones sociales, el régimen disciplinario etc.)

-Obligacional: es el elemento obligatorio de las convenciones colectivas, conformado por aquellas cláusulas que señalan deberes u obligaciones recíprocos de las partes, destinadas a asegurar la efectividad de las normas convencionales, como las que establecen mecanismos para garantizar la libertad sindical, y por lo tanto solo exigible por el sindicato que la suscribió como durante la vigencia de la convención.

6. Así mismo se considera pertinente incluir que si ciertas cláusulas vigentes de las Convenciones Colectivas suscritas por la Universidad y Sindicato de Empleados Oficiales de la Universidad Nacional de Colombia incluyen como beneficiarios a los empleados públicos, resultan ineficaces, aclarando, respecto al derecho de asociación de los empleados públicos tanto en los sindicatos que constituyan como en los sindicatos mixtos que el artículo 414 del Código Sustantivo del Trabajo determina en cuanto al derecho de asociación respecto a los empleados públicos que los sindicatos formados por estos tienen únicamente las siguientes funciones:

1. Estudiar las características de la respectiva profesión y las condiciones de trabajo de sus asociados.

2. Asesorar a sus miembros en la defensa de sus derechos como empleados públicos, especialmente los relacionados con la carrera administrativa.

3. Representar en juicio o ante las autoridades los intereses económicos comunes o generales de los agremiados, o de la profesión respectiva.

4. Presentar a los respectivos jefes de la administración memoriales respetuosos que contengan solicitudes que interesen a todos sus afiliados en general, o reclamaciones relativas al tratamiento de que haya sido objeto cualquiera de éstos en particular, o sugerencias encaminadas a mejorar la organización administrativa o los métodos de trabajo.

5. Promover la educación técnica y general de sus miembros.

6. Prestar socorro a sus afiliados en caso de desocupación, de enfermedad, invalidez o calamidad.

7. Promover la creación, el fomento o subvención de cooperativas, cajas de ahorro, de préstamos y de auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, institutos técnicos o de habilitación profesional, oficinas de colocación, hospitales, campos de experimentación o de deporte y demás organismos adecuados a los fines profesionales, culturales, de solidaridad y de previsión, contemplados en los estatutos.

8. Adquirir a cualquier título y poseer los bienes inmuebles y muebles que requieran para el ejercicio de sus actividades.

La norma en mención fue adicionada por el articulo 58 de la Ley 50 de 1990 determinando que está permitido a los empleados oficiales constituir organizaciones sindicales mixtas, integradas por trabajadores oficiales y empleados públicos, las cuales, para el ejercicio de sus funciones, deben actuar teniendo en cuenta las limitaciones consagradas por la ley respecto al nexo jurídico de sus afiliados para con la administración.

Lo anterior de conformidad con lo señalado por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicación No. 1355 del 10 de julio de 2001, Consejero Ponente Luis Camilo Osorio Isaza.

"El artículo 416 del C.S.T. que prohíbe la negociación colectiva a los empleados públicos se encuentra vigente, toda vez que los artículos 7 y 8 del convenio 151 de la OIT, sobre condiciones de empleo y solución de conflictos, se entienden sin perjuicio de la facultad ya mencionada por parte de las autoridades para expedir unilateralmente los actos jurídicos que fijan las funciones y emolumentos de los empleados públicos, previo agotamiento de medios de concertación.

Por tanto, es criterio de esta Sala que no se ajusta a la Carta, ni al convenio 151 de la OIT, tampoco a la ley, acordar en las convenciones colectivas de trabajo celebradas por universidades oficiales del orden nacional, o disponer en actos administrativos que los beneficios extralegales, bonificaciones y auxilios se extiendan a los empleados públicos sindicalizados, porque estas materias son competencia del legislador en concurrencia con el gobierno nacional, por mandato de la Constitución Política.

(...)

Cuando se trata de aplicar directamente cláusulas de la convención que extienden los beneficios a los empleados públicos, la inaplicación de éstos conlleva a que los ordenadores del gasto de las universidades oficiales se abstengan de efectuar dichos pagos.

En los casos en los cuales se dicte acto administrativo general que incorpore los beneficios de la convención, bien sea porque en ella así esté previsto o en los casos donde la administración los otorgue en forma directa y unilateral, procede la inaplicación de tales actos, sin perjuicio de las acciones contencioso administrativas pertinentes, contra los actos creadores de situaciones jurídicas concretas, salvo que el particular consienta en su revocatoria conforme a los artículos 73 y 74 del C.C.A.

La inaplicación se entiende que produce efectos hacia el futuro."

7. Por último y en cuanto a la asignación de cupos para el ingreso al Instituto Pedagógico "Arturo Ramírez Montufar" IPARM, es importante aclarar que tratándose de una unidad académica especial perteneciente a la Universidad, adscrita a la Sede Bogota y vinculada a la Dirección Nacional de Bienestar de dicha Sede, sin personería jurídica ni patrimonio propio, que funciona como un establecimiento educativo de carácter estatal para la prestación del servicio, de conformidad con lo determinado por el Consejo Superior Universitario en el articulo 1 del Acuerdo 016 de 2001, pueden ingresar, previa aprobación de las pruebas de ingreso, los hijos de los empleados docentes y administrativos de planta (incluidos los trabajadores oficiales), de los estudiantes y de los pensionados de la Universidad, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo en cita.

8. De conformidad con lo anterior y en cuanto a las conclusiones, se considera que se deben incluir las siguientes:

- Las Convenciones Colectivas son entendidas como el acuerdo de voluntades de naturaleza formal suscrito entre la entidad y los trabajadores y una fuente autónoma y restrictiva de derechos, dirigida a regular las condiciones individuales de trabajo,

- En cuanto al Sindicato que se encuentra integrado por trabajadores oficiales y empleados públicos, se debe tener en cuenta que deben actuar en el ejercicio de sus funciones, teniendo en cuenta las limitaciones que la ley les impone en cuanto a la vinculación jurídica de sus afiliados con la administración, de conformidad con lo señalado en el artículo 414 del Código sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 58 de la Ley 50 de 1993, encontrándose regulados por un régimen compuesto tanto por las normas establecidas para los sindicatos de empleados públicos como para los trabajadores oficiales

- El Instituto Pedagógico "Arturo Ramírez Montufar" IPARM, es una unidad académica especial perteneciente a la Universidad Nacional de Colombia, adscrita a la Sede Bogotá y vinculada a la Dirección de Bienestar de esta última, sin personería jurídica ni patrimonio propio, la cual funciona como un establecimiento educativo de carácter estatal para la prestación del servicio educativo en los niveles de educación preescolar, básica y media, conforme a la Ley, a los hijos de los empleados docentes y administrativos de planta, incluyendo los trabajadores oficiales, de los estudiantes y de los pensionados de la Universidad, los cuales aprueben las pruebas de ingreso.

Este concepto se emite de conformidad con el Artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe

NOTAS DE PIE DE PÁGINA:

1 Sentencia T - 1253 de 2005.

2 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, CP Flavio Augusto Rodríguez Arce, Radicación 1199 del 05 de agosto de 1999.