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  Concepto 29 de 2010 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 25/06/2010  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

CONCEPTO No. 29

Memorando

Para: Doctora Natalia Ruiz Rodgers, Vicerrectoría Académica.

Consecutivo: 692

Referencia: Oficio CAP-338 del 18 de mayo de 2010, recibido en este Despacho el 21 de mayo de 2010 a las 9:00 am, radicado bajo el número 001401.

Fecha: Bogotá, D.C., 25 de junio del 2010

Respetada doctora Natalia:

En respuesta a las inquietudes planteadas en el oficio de la referencia, esta Oficina procede a conceptuar sobre el asunto en los siguientes términos:

DESCRIPTORES

- Puntos Salariales

- Descuento de dinero de nómina.

FUENTE FORMAL

- Decreto 1279 de 2002

- Código Contencioso Administrativo

- Código de Procedimiento Civil

- Decreto 3135 de 1968 reglamentado por el decreto 1848 de 1969.

- Acuerdo 023 de 2008 del Consejo Superior Universitario

FUENTES AUXILARES

- Sentencia del Consejo de Estado de fecha 6 de mayo de 1992, Expediente No. 4260

- Sentencia del Consejo de Estado de fecha 16 de junio de 2002.

- Sentencia T-315 del 17 de julio del 1996, de la Corte Constitucional

ANTECEDENTE 1.

De acuerdo con lo señalado por la Vicerrectoría Académica - Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje en el oficio CAP-338 del 18 de mayo de 2010, "En revisión del histórico de puntaje de un profesor, se encontró que existen 18 artículos de revista a los que el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje le ha asignado doblemente puntos porque el profesor ha hecho la solicitud en más de una ocasión".

PROBLEMA JURÍDICO No. 1.

¿Cómo se debe retirar el puntaje duplicado del salario actual de un profesor?

TESIS JURÍDICA

Previa verificación del reconocimiento del puntaje asignado al docente dos veces, se debe enviar comunicación escrita al mismo, indicándole que se encontró que existen 18 artículos a los que el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje le ha asignado doblemente puntos, haciéndole saber que se incurrió en este error debido a que el profesor realizó la solicitud de asignación de puntos en más de una ocasión. En esta comunicación se le debe solicitar aclaración de los motivos que tuvo el profesor para requerir más de una vez la asignación de puntos por las mismas actividades productivas que poseen doble asignación de puntos y a la vez que de su consentimiento o autorización para revocar los actos administrativos que emitió la Rectoría o la Vicerrectoría Académica, en virtud de lo consagrado en el artículo 3 del Acuerdo 023 de 2008 del Consejo Superior Universitario, el cual dispone:

Artículo 3. Asignación o Reconocimiento de Puntaje. Se protocolizará mediante resolución de la Rectoría, la cual a su vez, podrá delegar dicha función en la Vicerrectoría Académica. Una vez asignado este puntaje, se le comunicará al profesor interesado.

De conformidad con lo anterior se deben seguir los siguientes pasos:

1. Para proceder a poner fin a los efectos jurídicos de los actos administrativos que le asignaron doblemente puntos por la misma actividad productiva al profesor que, es necesario solicitar la autorización expresa para revocar los actos administrativos, ya dichos actos administrativos son de carácter particular y concreto, tal y como lo consagra el artículo 73 de Código Contencioso Administrativo, el cual dispone lo siguiente:

Artículo 73: Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión.

Si el Profesor autoriza la revocatoria de los actos administrativos, se procede a su revocatoria mediante Resolución, una vez revocados cesan los efectos jurídicos, por lo tanto el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje debe suprimir los puntos que se encuentran duplicados.

2. Si el Profesor no autoriza la revocatoria de los actos administrativos, y de la respuesta entregada por el profesor se comprueba que el acto ilícito a ocurrido por medios ostensiblemente fraudulentos, la Universidad podría revocar el acto administrativo sin consentimiento del profesor siempre y cuando se compruebe que la actitud del profesor fue ilegal al solicitar en más de dos ocasiones la asignación de puntos para la misma obra.

Sobre la expedición del acto administrativo por medios ilegales, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en Sentencia del 6 de mayo de 1992, Expediente No. 4260, señalo lo siguiente:

"De manera pues, que si para lograr la expedición de un acto administrativo que reconoce un derecho individual se ha hecho uso de medios ilegales, el derecho no es digno de protección y en ese caso opera el mandato contenido en el artículo 69 del C.C.A., según el cual " Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores..." porque indudablemente se da la primera de las causales que dan lugar a la revocatoria directa.

A juicio de la Sala, esta interpretación consulta los principios constitucionales y además constituye una especie de sanción para quienes recurren a medios ilegales para obtener derechos.

Obviamente sólo en el caso de los actos provenientes del silencio administrativo positivo, cuando se dan las causales contempladas en el artículo 69 del C.C.A., y cuando el titular del derecho se ha valido de medios ilegales para obtener el acto, puede revocarse directamente sin su consentimiento expreso y escrito; no cabe este proceder, cuando la administración simplemente han incurrido en error de hecho o de derecho, sin que tenga en ello participación el titular del derecho. En ese caso, estará obligada a demandar su propio acto ante la imposibilidad de obtener el consentimiento del particular para revocarlo". (subrayado fuera del texto).

Posteriormente el Consejo de Estado, mediante sentencia del 16 de junio de 2002, precisa la anterior posición jurisprudencial, mediante la cual aclara que la revocatoria directa del acto administrativo que tiene efecto particular y concreto, se podrá efectuar sin consentimiento del titular cuando este es producto de una actitud ilegal, en el siguiente sentido:

"Sobre este punto de la revocación de los actos administrativos, es relevante señalar que el acto administrativo a que se refiere la parte final del inciso segundo del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, es al acto ilícito, en el cual la expresión de la voluntad del Estado nace viciada bien por la violencia, por error o por dolo, no al acto inconstitucional e ilegal de que trata el articulo 69 del C.C.A., que habiéndose formado sin vicios en la manifestación de voluntad de la administración, pugna contra la constitución y la ley.

La formación del acto administrativo por medios ilícitos no puede obligar al Estado, por ello, la revocación se entiende referida a esa voluntad, pues ningún acto de una persona natural o jurídica ni del Estado, por supuesto, que haya ocurrido de manera ilícita podría considerarse como factor de responsabilidad para su acatamiento. Ello explica porqué, en este caso, el acto administrativo de carácter particular y concreto puede ser revocado sin consentimiento del particular.

Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo se obtenga por medios ilegales puede provenir de la misma administración o del administrado o de un tercero, pues en eso la ley no hace diferencia. Pero además, el medio debe ser eficaz para obtener el resultado, ya que es obvio que si algún efecto se produce, éste debe provenir de la causa eficiente, como quiera que si esa causa no es eficiente el resultado no se le puede imputar a tal causa. El medio pues tiene que producir como resultado un acto administrativo viciado en su consentimiento, por vicios de la formación del acto y por esa vía es por lo que se puede llegar a la conclusión, se repite, de la revocación de tal acto sin consentimiento del particular afectado, previa la tramitación del procedimiento señalado en el artículo 74 del C.C.A. (...).

Los criterios jurisprudenciales anteriores son perfectamente aplicables para interpretar el inciso segundo del artículo 73, ya que se requiere que se den unas condiciones especialísimas para que la administración enmiende la situación aberrante y antijurídica que se presenta en su acto ilícito. Y en esta intelección de la norma es necesario hacer énfasis en el hecho de que la ocurrencia de medios ilegales debe ser debidamente probada. Es decir, se requiere que la actuación fraudulenta aparezca ostensiblemente, pues la revocación por ese motivo no puede ser fruto de una sospecha de la administración. Debe darse una evidencia de que el acto ilícito ha ocurrido por medios ostensiblemente fraudulentos y debidamente demostrada tal situación. (...).

Se requiere pues para revocar el acto administrativo de carácter particular, sin autorización escrita del administrado, como ya lo ha señalado la Sección Tercera de esta corporación "que se trate de una abrupta y abierta e incontrovertible actuación ilícita o fraudulenta, debidamente probada1. Entendida tal actuación ilícita, como se dijo en párrafos antecedentes, como un vicio en la formación de la voluntad, que bien puede ocurrir por error, fuerza o dolo". (negrilla y subrayado fuera de texto).

De lo anterior se entiende que, para la jurisprudencia, se puede revocar un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales, es decir un acto ilícito, sin el consentimiento del particular, siempre y cuando, esté plenamente demostrado que el acto es ostensiblemente fraudulento, es decir que ocurrió con vicios en su formación de error, fuerza o dolo. No basta la simple sospecha de que un acto pudo haberse proferido en forma ilegal, es necesario tener plena prueba de que el profesor actúo ilegalmente para que el acto administrativo sea objeto de una revocatoria por parte de la Universidad Nacional de Colombia.

3. En caso de que el profesor no de la autorización para revocar los actos administrativos y si no hay pruebas suficientes para demostrar que el acto fue manifiestamente fraudulento, la Universidad Nacional de Colombia debe proceder a demandar los actos administrativos que le concedieron los puntos doblemente ante la jurisdicción Contencioso Administrativa.

La Corte Constitucional en Sentencia T-315 del 17 de julio del 1996 M.P. Jorge Arango Mejía, frente a la Revocación del Acto Administrativo de Carácter Particular sin Consentimiento Expreso del Titular, ha manifestado lo siguiente:

"Es importante recordar que, tratándose de la revocación de actos administrativos de carácter particular y creadores de derechos, es al ente administrativo, y no al particular, a quien corresponde poner en movimiento el aparato jurisdiccional demandando su propio acto. De esta manera, al particular se le garantiza que sus derechos se mantendrán inalterables, mientras la jurisdicción, agotadas las formas propias de un juicio, no resuelva en favor o en contra de sus intereses.

Dentro de este contexto, si la administración revoca directamente un acto de carácter particular y concreto generador de derechos, sin agotar uno de los requisitos señalados, vulnera los derechos de defensa y debido proceso del particular, derechos que, por mandato del artículo 29 de la Constitución, deben regir en las actuaciones administrativas.

Si la administración decide revocar el acto administrativo prescindiendo de la intervención del juez correspondiente, desconoce los principios de seguridad jurídica y legalidad que en este caso obran en favor del particular, quien confía que sus derechos se mantendrán inmodificables, hasta que él acepte que se modifiquen o el juez lo decida".

CONCLUSIÓN

1. Se le debe informar lo acontecido al profesor.

2. Se le debe solicitar autorización escrita para revocar los actos administrativos.

3. Se debe verificar y analizar la respuesta entregada por docente, a fin de establecer si al realizar varias solicitudes para que le asignaran el puntaje a los artículos de las revistas actúo en forma indebida e ilegal, así poder proceder a revocar en forma directa los actos administrativos que le concedieron la doble asignación de puntos.

4. De no lograr la autorización por parte del profesor y de la imposibilidad de demostrar o comprobarle que actúo de forma ilegal, la Universidad Nacional de Colombia debe Proceder a demandar sus propios actos, demanda que podrá ser incoado por este Despacho una vez la Vicerrectoría Académica determine si hay lugar a iniciar la misma, lo anterior teniendo en cuenta que la Vicerrectoría Académica es la delegada para emitir las resoluciones de asignación de puntos a los docentes, y de conformidad con lo consagrado en la Resolución 334 de 10 de abril de 2007 numerales 2.5.1., y 2.5.6., esta Oficina ejerce la representación judicial de los Órganos de Gobierno, de las Dependencias de Nivel Nacional y las Sedes de Presencia Nacional de la Universidad Nacional de Colombia.

ANTECEDENTE 2.

De acuerdo con lo señalado por la Vicerrectoría Académica - Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje en el oficio CAP-338 del 18 de mayo de 2010, se le han cancelado sumas superiores por concepto de salario a un profesor, toda vez que se le asignaron doblemente puntaje en 18 artículos de revista.

PROBLEMA JURÍDICO 2.

¿Cómo se debe realizar el descuento de las sumas superiores pagadas por concepto de salario a un profesor?

TESIS JURÍDICA

1. En primera medida, se debe establecer por parte de su dependencia el valor total adeudado a la universidad por el docente por concepto de las sumas superiores pagadas por la doble asignación de puntos a una misma actividad productiva.

Una vez se establezca la suma adeudada, se le debe enviar comunicación escrita informándole la suma o el monto de lo adeudado a la Universidad Nacional de Colombia y solicitándole su consentimiento para realizar el descuento total de dicho valor o en su defecto que el docente directamente le realiza el pago a la Universidad. Si en la respuesta entregada por el profesor autoriza el descuento el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje proceder hacer efectivo el descuento.

2. Teniendo en cuenta que la Universidad Nacional de Colombia aun no tiene reglamentado el acuerdo de pago con personas naturales, y si el docente no autoriza el descuento total o no realiza el pago, se debe realizar el procedimiento indicado por este Despacho para proceder a revocar el acto administrativo, para poner fin a sus efectos jurídicos y proceder a quitar los puntos que le fueron otorgados doblemente, y así mismo poder decretar la devolución de los dineros ya sea por acto administrativo o ante la jurisdicción contenciosa administrativa, según las circunstancias y desarrollo del procedimiento indicado.

Una vez se tenga el acto administrativo de revocatoria o la sentencia de la Justicia Contencioso Administrativa a favor de la Universidad Nacional de Colombia, se debe adelantar proceso ejecutivo para recuperar los valores adeudados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.

EN CONCLUSIÓN

1. Se le debe solicitar autorización escrita al profesor para proceder ha realizar el descuento total de lo adeudado a la Universidad o para que el directamente efectúe el pago.

2. De no lograr la autorización por parte del profesor y de la imposibilidad de recuperar en forma inmediata la suma total adeudada la Universidad Nacional de Colombia debe Proceder a demandar sus propios actos, demanda que podrá ser incoada por este Despacho, tal y como se manifestó anteriormente en este documento.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe Oficina Jurídica Nacional

NOTAS DE PIE DE PÁGINA:

1 Sentencia del 16 de febrero de 2001. M.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque. Exp 12907. Actor: Adonai Guevara Torres.