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  Concepto 33 de 2010 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 16/07/2010  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

CONCEPTO No. 33

Memorando

Para: Doctora Ángela María González Lozada, Gerente Nacional Financiera y Administrativa

Consecutivo 755

Referencia: Memorando 381 del 26 de mayo de 2010 recibido el 27 del mismo mes y año - Servicios Académicos Remunerados

Fecha: 16 de julio del 2010

Respetada Doctora:

En atención al memorando de la referencia a través del cual solicita que por intermedio de esta Oficina se analice nuevamente en la Sala Jurídica el alcance del literal c de las conclusiones del concepto AJ-176 del 10 de noviembre de 2006, sobre la naturaleza jurídica de los Servicios Académicos Remunerados y el Régimen de Seguridad Social; con ocasión de la observación presentada por la Líder del equipo de auditoria de la Contraloría General de la Republica a través del Oficio DVF UN-078 del 25 de mayo de 2010, respecto a los aportes a seguridad social por concepto de servicios académicos remunerados, esta Oficina Jurídica emite concepto en los siguientes términos:

DESCRIPTORES

- Servicios Académicos Remunerados

- Base de cotización en el Régimen de Seguridad Social

FUENTE FORMAL

- Constitución Política de Colombia de 1991

- Decreto 1210 de 1993

- Ley 100 de 1993

- Decreto 691 de 1994

- Decreto 1158 de 1994

- Decreto 806 de 1998

- Decreto 1406 de 1999

- Decreto 47 de 2000

- Ley 797 de 2003

- Decreto 510 de 2003

- Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario

ANTECEDENTES

La Oficina Jurídica de la Sede Manizales mediante Concepto AJ-176 del 10 de noviembre de 2006, avalado por Sala Jurídica, respecto a la naturaleza jurídica de los Servicios Académicos Remunerados y el Régimen de Seguridad Social determinó en el literal c. de las conclusiones:

"C. Con fundamento en el principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, y las demás normas citadas en este concepto, sobre los ingresos percibidos por servicios académicos remunerados, deberán efectuarse las cotizaciones correspondientes al sistema de seguridad social en salud y al sistema general de seguridad social en pensiones"

FUENTES AUXILIARES

- Consejo de Estado, Sala De Consulta y Servicio Civil, CP. Augusto Trejos Jaramillo del 08 de marzo de 2001, Radicación número: 1322

- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, CP Luis Fernando Álvarez Jaramillo del 10 de agosto de 2006, Radicación número: 11001-03-06-000-2006-00070-00(1760)

- Concepto 8002-1-168633 del 16 de diciembre de 2005 de la Superintendencia de Salud

- Concepto 3731 del 23 de agosto de 2005 Rad. No. 40858 - 29308 del Ministerio de Protección Social

- Sentencia C1054 de 2004 de la Corte Constitucional

PROBLEMA JURÍDICO

¿EL ESTIMULO ECONÓMICO DERIVADO DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DE CARRERA DE LA UNIVERSIDAD EN LOS SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS DEBE SER CONSIDERADO COMO PARTE DE LA BASE DE COTIZACIÓN PARA LOS PAGOS DE SALUD Y PENSIÓN EFECTUADOS EN EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL?

TESIS JURÍDICA

EL ESTIMULO ECONÓMICO DERIVADO DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DE CARRERA DE LA UNIVERSIDAD EN SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS EN NINGÚN CASO CONSTITUYE FACTOR SALARIAL POR LO CUAL NO DEBE SER CONSIDERADO COMO PARTE DE LA BASE DE COTIZACIÓN PARA LOS PAGOS DE SALUD Y PENSIÓN EFECTUADOS EN EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS

NORMATIVIDAD

Constitución Política de Colombia de 1991

"Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades."

Decreto 1210 de 1993

"Por el cual se reestructura el régimen orgánico especial de la Universidad Nacional de Colombia".

"Artículo. 31. Estímulos. En desarrollo del artículo 71 de la Constitución Nacional, el consejo superior universitario, sin perjuicio de los ya reconocidos, establecerá distinciones académicas y estímulos, que en ningún caso constituirán factor salarial y reglamentará el otorgamiento de éstos para el personal académico que participe en la prestación de servicios académicos remunerados contratados con la universidad.

PARÁGRAFO. La reglamentación de que trata el presente artículo contemplará la participación económica con base en los recursos generados." (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario

"Por el cual se reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia"

"Artículo 1. Definición. La Extensión es una función misional y sustantiva de la Universidad, a través de la cual se establece una interacción privilegiada y recíproca entre el conocimiento sistemático de la academia y los saberes y necesidades de la sociedad, y de las organizaciones e instituciones que hacen parte de ella. Esta relación entre la Universidad y su entorno se debe reflejar en la ampliación del espacio de deliberación democrática y en el bien - estar de las comunidades. Con la Extensión se cualifican la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura.

Artículo 2. Objeto. La Extensión tiene como fin el intercambio, la aplicación y la integración, en forma dinámica y coordinada, del conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural que se produce en la Universidad Nacional de Colombia, en interacción con el entorno económico, político, cultural y social del país. Busca mejorar el bienestar de las comunidades y aumentar la productividad y la competitividad del aparato productivo. Para lograr ese fin es necesario articular la docencia, la investigación y la extensión.

Artículo 22. Reglas sobre proyectos de Extensión. Todas las actividades, proyectos, programas y planes de extensión, provenientes de contratos, órdenes o convenios celebrados para ese efecto, deben observar las siguientes reglas:

(...)

f. Los equipos que se integren para realizar los proyectos deberán vincular profesores, o estudiantes de pregrado y posgrado, o egresados o jubilados de la Universidad Nacional de Colombia.

g. Los miembros del personal académico de carrera docente que participen en proyectos de extensión podrán recibir estímulos económicos, conforme a los valores estimados para la celebración de los contratos, órdenes o convenios, hasta por un valor mensual igual a veinte (20) salarios mínimos legales vigentes (SMLV), sin que el valor mensual promedio de cada año sea superior a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLV).

h. La dedicación máxima del personal académico de carrera docente a aquellos proyectos de extensión realizados por fuera de la jornada de trabajo, provenientes de contratos, órdenes o convenios celebrados para tal efecto, y a las actividades de extensión que generen recursos, será la siguiente:

1. Para los profesores de dedicación exclusiva, hasta 16 horas semanales.

2. Para los profesores de tiempo completo, hasta 20 horas semanales.

3. Para los profesores de medio tiempo y cátedra, hasta 40 horas semanales.

i. Conforme al Artículo 31 del Decreto 1210 de 1993, los estímulos no constituyen salario ni se tendrán en cuenta como factor del salario en ningún caso y, por tanto, no exoneran de la jornada académica asignada a cada docente en el respectivo semestre. Los profesores no pueden recibir estímulos por actividades, proyectos, programas y planes de extensión que realicen como parte de su jornada de trabajo." (Subrayado y negrilla fuera del texto)

NATURALEZA Y DEFINICIÓN

De conformidad con las normas antes citadas, se debe inferir que los estímulos económicos derivados de la prestación de Servicios Académicos Remunerados son estímulos que se otorgan al personal académico de carrera de la Universidad, establecidos con base en lo determinado por la Constitución Política de Colombia respecto a los incentivos que debe crear el Estado para las personas e instituciones que ejerzan actividades que fomenten y desarrollen la ciencia y la tecnología.

Es así como el Decreto 1210 de 1993 le otorga la competencia al Consejo Superior Universitario para establecer y reglamentar dichos estímulos y su otorgamiento al personal docente que participe en la prestación de servicios académicos remunerados contratados con la universidad, aclarando que en ningún caso constituyen factor salarial y que depende exclusivamente de los recursos que se generen en dichos contratos.

De conformidad con la competencia antes mencionada, el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 004 de 2001, derogado expresamente por el Acuerdo 036 de 2009 del mismo órgano, mediante el cual se reglamenta la extensión en la Universidad Nacional de Colombia, definida como una función misional de la Universidad, a través de la cual se busca establecer una interacción entre el conocimiento de la academia y las necesidades de la Sociedad, cualificándose la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, teniendo como fin el intercambio y la aplicación de dichos conocimientos producidos en la Universidad, en interacción con su entorno, articulando la docencia, la investigación y la extensión.

En esta medida, el Acuerdo 036 en cita determinó ciertas reglas que se deben observar en el desarrollo de las actividades, proyectos, programas y planes de extensión que provengan de contratos, órdenes o convenios, entre las cuales se establece el deber de la vinculación de profesores de pregrado o posgrado de la Universidad, así como la posibilidad de que dichos miembros del personal académico de carrera que participen en proyectos de extensión puedan recibir estímulos económicos de acuerdo al valor estimado para la celebración de los contratos, ordenes o convenios que los sustenten, señalando el valor máximo de dichos estímulos y la dedicación máxima por parte de los docentes, teniendo en cuenta que se trata de proyectos realizados por fuera de la jornada de trabajo, de acuerdo a su dedicación (exclusiva, tiempo completo, medio tiempo o cátedra).

Adicionalmente el Acuerdo en mención y el Decreto 1210 de 1993 determinan claramente que los estímulos económicos recibidos por los docentes en virtud de su participación en la prestación de servicios académicos remunerados, no constituyen salario ni se tendrán en cuenta como factor de salario en ningún caso, por lo cual no exoneran del cumplimiento de la jornada académica en el respectivo semestre a los docentes; en este punto se debe señalar que no obstante no constituir un factor de salario, su origen es la relación legal y reglamentaria que tiene el docente de carrera con la Universidad, es decir si previamente no se encontrara dentro de la carrera profesoral universitaria, dichos estímulos no tendrían lugar.

REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

NORMATIVIDAD

Ley 100 de 1993

Artículo 2. Principios. El servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación:

(...)

c. SOLIDARIDAD. Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil.

Es deber del Estado garantizar la solidaridad en el régimen de Seguridad Social mediante su participación, control y dirección del mismo.

Los recursos provenientes del erario público en el Sistema de Seguridad se aplicarán siempre a los grupos de población más vulnerables.

(...)"

Ley 797 de 2003

"Artículo 4. El artículo 17 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.

La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente.

Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes.

Articulo 5. El inciso 4 y parágrafo del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 quedarán así:

Artículo 18. Base de Cotización. La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior, será el salario mensual.

El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.

El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el que señale el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4a. de 1992.

El límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores del sector público y privado. Cuando se devenguen mensualmente más de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes la base de cotización será reglamentada por el gobierno nacional y podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios mínimos legales.

Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad de salario integral, se calculará sobre el 70% de dicho salario.

En todo caso, el monto de la cotización mantendrá siempre una relación directa y proporcional al monto de la pensión.

Parágrafo 1. En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más empleadores, o ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista, en un mismo período de tiempo, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario, o ingreso devengado de cada uno de ellos, y estas se acumularán para todos los efectos de esta ley sin exceder el tope legal. Para estos efectos, será necesario que las cotizaciones al sistema de salud se hagan sobre la misma base.

(...)" (subrayado y negrilla fuera del texto)

Decreto 806 de 1998

"Artículo 52. Concurrencia de empleadores o de administradoras de pensiones. Cuando una persona sea dependiente de más de un empleador o reciba pensión de más de una administradora de pensiones, cotizará sobre la totalidad de los ingresos con un tope máximo de veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes, en una misma Entidad Promotora de Salud, informando tal situación a los empleadores o administradoras de pensiones correspondientes.

(...)

Parágrafo. En el formulario de afiliación deberá quedar constancia de la concurrencia de empleadores y administradoras de pensiones.

(...)

Cotización en salud

Artículo 65. Base de cotización de los trabajadores con vinculación contractual, legal y reglamentaria y los pensionados. Las cotizaciones para el Sistema General de Seguridad Social en Salud para los trabajadores afiliados al Régimen Contributivo en ningún caso podrán ser inferiores al equivalente al 12% de un salario mínimo legal mensual vigente.

(...)

Para los servidores públicos las cotizaciones se calcularán con base en lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 691 de 1994 y las demás normas que lo modifiquen o adicionen.

(...)

Parágrafo. Cuando el afiliado perciba salario o pensión de dos o más empleadores u ostente simultáneamente la calidad de asalariado e independiente, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario, ingreso o pensión devengado de cada uno de ellos." (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Decreto 1158 de 1994

Por el cual se modifica el artículo 6 del Decreto 691 de 1994.

"Artículo 1. El artículo 6 del Decreto 691 de 1994, quedará así:

"Base de cotización".

El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:

a) La asignación básica mensual;

b) Los gastos de representación;

c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;

d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario;

e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;

f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna;

g) La bonificación por servicios prestados;

(...)

"Decreto 1406 de 1999"Artículo 29. Aportes íntegros al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Los trabajadores que tengan un vínculo laboral o legal y reglamentario y que, además de su salario, perciban ingresos como trabajadores independientes, deberán autoliquidar y pagar el valor de sus aportes al SGSSS en lo relacionado con dichos ingresos.

En todo caso, el Ingreso Base de Cotización no podrá exceder de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 30. (...)

Parágrafo. El trabajador dependiente que, encontrándose afiliado al régimen de prima media con prestación definida obtenga ingresos como independiente, no podrá incrementar el valor de las cotizaciones efectuadas a dicho régimen con el valor de los ingresos obtenidos como trabajador independiente. Lo anterior de conformidad con el tratamiento diferenciado que con relación a los afiliados forzosos y voluntarios al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones establece el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, y con el fin de preservar el equilibrio financiero del régimen de prima media con prestación definida que la misma ley consagra.

Con el fin de incrementar la base de liquidación de las prestaciones a que tenga derecho, el trabajador dependiente que se encuentre en la situación descrita en el inciso anterior, podrá efectuar aportes voluntarios a uno cualesquiera de los Fondos Voluntarios de Pensiones.

(...)" (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Decreto 510 de 2003

"Artículo 3. La base de cotización del Sistema General de Pensiones será como mínimo en todos los casos de un salario mínimo legal mensual vigente, y máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, límite este que le es aplicable al Sistema de Seguridad Social en Salud. Este límite se aplicará a las cotizaciones cuyo pago debe efectuarse a partir del mes de marzo.

La base de cotización para el Sistema General de Pensiones deberá ser la misma que la base de la cotización del Sistema General de Seguridad Social en Salud, salvo que el afiliado cotice para el Sistema General de Pensiones sobre una base inferior a la mínima establecida para el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Parágrafo. Cuando una persona dependiente deba realizar cotizaciones adicionales como independiente o por prestación de servicios, para los efectos del parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 797 de 2003, que modifica el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, deberá informar en los formatos que para tal efecto establezca la Superintendencia Bancaria, el ingreso que efectivamente perciba, manifestando la fuente de sus recursos.

(...)"

BASE DE COTIZACIÓN: SALARIO - SERVICIOS ACADÉMICOS REMUNERADOS

Respecto al ingreso base de liquidación de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, la Ley 797 de 2003 que modifica la Ley 100 de 1993, determina que la base para calcular las cotizaciones obligatorias a los regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los servidores públicos es el salario mensual que señale el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4 de 1992.

En este punto se considera pertinente aclarar que de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993 y en el inciso 1 del artículo 3 del Decreto 510 de 2003, la base de cotización para el Sistema General de Pensiones debe ser la misma que la base de cotización del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Es así como el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1158 de 1994 que modifica el artículo 6 del Decreto 691 de 1994, estableciendo los factores que constituyen el salario mensual base para calcular las cotizaciones para los servidores públicos en el Sistema General de Pensiones:

- La asignación básica mensual

- Los gastos de representación

- La prima técnica, cuando sea factor de salario

- Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario

- La remuneración por trabajo dominical o festivo

- La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna

- La bonificación por servicios prestados

En concordancia con lo anterior se tiene que el Decreto 806 de 1998 ordena expresamente, en cuanto a la base de cotización para el Sistema General de Seguridad Social en Salud para los servidores públicos, que se debe calcular con base en el artículo 6 del Decreto 691 de 1994, el cual como se dijo anteriormente fue modificado por el decreto 1158 de 1994, en los términos ya mencionados.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta la naturaleza de los estímulos económicos recibidos por los docentes de carrera de la Universidad que participen en la prestación de servicios académicos remunerados, en cuanto a estimulo recibido en virtud de su participación en proyectos de extensión el cual no constituye salario ni se debe tener en cuenta como factor del mismo en ningún caso, y que no hacen parte de los factores que constituyen el salario mensual base para calcular las cotizaciones para los servidores públicos determinados en el Decreto 1158 de 1994, se debe inferir que no hacen parte de la base para calcular las cotizaciones en salud y pensión del personal académico de carrera de esta Institución.

En este sentido mismo sentido se pronunció la Superintendencia de Salud en el Concepto 8002-1-168633 del 16 de diciembre de 2005:

"(...)

Siendo, entonces, el salario elemento calificador del monto de los aportes y por ende factor esencial para el reconocimiento de las prestaciones económicas su tasación resulta indispensable, y por lo tanto cualquier factor salarial que se hubiere omitido al determinar el sueldo básico para liquidar los aportes en salud, afecta el valor de las prestaciones económicas. De ahí que resulta indispensable determinar los factores que constituyen el salario mensual base para liquidar las cotizaciones en salud, que como ya se dijo se asimilan a las de pensiones.

Bajo esas consideraciones se entrará a precisar los factores que constituyen la base para liquidar los aportes a pensiones que son los mismos para salud, como se reitera.

Al respecto, prescribe el Decreto 691 de 1994, aplicable por remisión expresa del inciso 3 del artículo 65 del Decreto 806 de 1998.

Decreto 691 de 1994

"Artículo 6. Base de cotización. <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994. El nuevo texto es el siguiente:> El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:

a) La asignación básica mensual;

b) Los gastos de representación;

c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;

d) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario.

e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;

f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna;

g) La bonificación por servicios prestados."

Por consiguiente, de la lectura anterior se impone una conclusión, a saber que no pueden calcularse aportes al sistema de salud sobre factores distintos a los arriba reseñados y por ende tampoco para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas." (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Lo anterior en concordancia con lo señalado por el Ministerio de la Protección Social en el Concepto 3731 del 23 de agosto de 2005 Rad. No. 40858 - 29308:

"De acuerdo con lo establecido por el parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, la base de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, afiliados obligatorios al sistema General de Seguridad Social en Salud, será la misma contemplada en el Sistema General de Pensiones.

El artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 establece que el salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:

(...)

Por lo que, la base de cotización al SGSSS de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, será la misma contemplada en el Sistema General de Pensiones, esto es, la definida por el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, que define el salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo." (Subrayado y negrilla fuera del texto)

HONORARIOS - DOBLE ASIGNACIÓN

En este punto resulta pertinente reiterar que los estímulos económicos percibidos por los docentes de carrera de la Universidad en virtud de su participación en servicios académicos remunerados, sin constituir un factor del salario, efectivamente derivan de la relación legal o reglamentaria del personal académico de carrera con la Universidad y que el carácter de remunerado lo adquieren toda vez que se trata de actividades que realizan fuera de su jornada de trabajo, por lo cual no puede ser considerados como honorarios los cuales han sido definidos por el Consejo de Estado1 como:

"De las normas antes citadas se infiere que, si bien la ley 24 de 1959 facultó al Gobierno para celebrar convenios con entidades públicas o privadas, sean ellas nacionales, extranjeras o de carácter internacional, en el mismo ordenamiento se estableció una exención de impuestos para los "funcionarios internacionales" que, en desarrollo de esos acuerdos, ingresen al país, exención que recae sobre los sueldos y emolumentos por ellos percibidos. Cabe aquí precisar que el término funcionario alude a la "persona que desempeña un empleo público" 2 y que los sueldos o emolumentos corresponden a la retribución económica que perciben esos funcionarios por el servicio prestado. Respecto a estos dos últimos conceptos Diego Younes Moreno3 expresa: "Como es de todos conocido, para remunerar los servicios nacidos de una relación de trabajo subordinado se prevé el salario; para remunerar los que surgen de un contrato de prestación de servicios se prevén los emolumentos u honorarios", concepto éste que coincide con la diferenciación que, al definir el término honorarios, se hace en el Diccionario Jurídico Colombiano:4 "Retribución o pago a una persona que ejerce una profesión liberal (abogado, médico, etc) por la realización de un trabajo. Se diferencia del sueldo o salario, generalmente, en que no tiene carácter regular y en que quien lo percibe no tiene los vínculos de un empleado a sueldo con la persona que utiliza sus servicios".5" (Subrayado y negrilla fuera del texto)

En concordancia con lo anterior, posteriormente la misma Corporación se pronunció respecto a los honorarios señalando6:

"HONORARIOS - Concepto. Aplicación para los Concejales. Diferencias con el salario

El concepto de honorario en su acepción etimológica "suele aplicarse al que tienen los honores y no la propiedad de una dignidad o empleo y en este sentido hablamos de presidente honorario, alcalde honorario, etc. Utilizada en plural, adquiere el significado de beneficio o retribución que se da con honor: es el estipendio o sueldo que se da a uno por su trabajo en algún arte liberal (Diccionario de la Lengua Española), o con mayor precisión conceptual, porque no es admisible confundir este vocablo con el salario, del que es sustancialmente diferente (Enciclopedia Jurídica) los honorarios son asimilados a los estipendios que se conceden por ciertos trabajos, generalmente de los profesionales liberales, en que no hay relación de dependencia, ni jurídica, ni técnica, como tampoco económica, entre las partes, y donde la retribución es fijada conforme a su honor por el que desempeña la actividad o presta los servicios (...)" (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Es así como debe entenderse que la causación de los estímulos económicos percibidos por los docentes de carrera de la Universidad en virtud de su participación en servicios académicos, no se generan por el ejercicio de una profesión liberal, sin relación de dependencia jurídica o económica entre el docente y la Universidad ni en un contrato de prestación de servicios, reiterando que se originan en la vinculación legal y reglamentaria del docente de carrera con la Universidad.

Así mismo resulta pertinente señalar que en caso de que los estímulos económicos en mención fueran considerados como honorarios que se generan de un contrato de prestación de servicios, se estaría frente a la violación por parte del docente de carrera de la prohibición de la doble asignación y de la prohibición de de celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades, ambas de origen constitucional:

"Artículo 127. Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales."

Artículo 128. Prohibiciones a los Servidores Públicos en el ejercicio del cargo. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley."

En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más empleadores, o ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista, en un mismo período de tiempo, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario, o ingreso devengado de cada uno de ellos, y estas se acumularán para todos los efectos de esta ley sin exceder el tope legal. Para estos efectos, será necesario que las cotizaciones al sistema de salud se hagan sobre la misma base.

(...)" (subrayado y negrilla fuera del texto)

De conformidad con lo anterior se tiene que los estímulos económicos percibidos con ocasión de la participación del personal docente de carrera en servicios académicos remunerados no constituyen una vinculación diferente de dicho personal con la Universidad en calidad de independiente, ni se puede entender como un contrato de prestación de servicios celebrado con otro empleador.

Es así como se debe inferir que no resulta aplicable lo previsto por el parágrafo 1 del articulo 5 de la Ley 797 de 2003 y en el Decreto 860 de 1998, en el entendido de que solo los afiliados que perciban salario de 2 o más empleadores o ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista en un mismo periodo de tiempo, deben efectuar las cotizaciones respectivas en forma proporcional al salario o ingreso devengado; así como lo señalado por el Decreto 1406 de 1999, en cuanto a los trabajadores que además de tener un vinculo laboral o legal y reglamentario, perciban ingresos como trabajadores independientes, los cuales deben autoliquidar y pagar el valor de sus aportes al Sistema General del Seguridad Social en lo relacionado con dichos ingresos.

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD

Por último resulta importante señalar, respecto a la aplicación de lo señalado por el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 797 de 2003, el Decreto 860 de 1998 y el Decreto 1406 de 1999, a lo recibido por los docentes de carrera de la Universidad como estímulos económicos con ocasión de su participación en servicios académicos remunerados, en virtud del Principio de Solidaridad consagrado en la Ley 100 de 1993, que si bien tiene el carácter de fundamental y se encuentra consagrado por la Constitución Política de Colombia de 1991, no es absoluto o ilimitado, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1054 de 2004:

"De lo anterior se deduce que el principio de solidaridad, si bien es uno de aquellos considerados fundamentales por el primer artículo de la Constitución, no tiene por ello un carácter absoluto, ilimitado, ni superior frente a los demás que definen el perfil del Estado Social de Derecho, sino que la eficacia jurídica de otros valores, principios y objetivos constitucionales puede acarrear su restricción, mas no su eliminación. Esta realidad ya había sido expuesta por la jurisprudencia de esta Corporación en oportunidades anteriores. Así por ejemplo, en la Sentencia C-1064 de 2001, se vertieron sobre este tópico los siguientes conceptos:

(...)

Así mismo, en la Sentencia T-234 de 2002 se destacó así el carácter limitado del principio de solidaridad:

"El Constituyente de 1991 instituyó la solidaridad como principio fundante del Estado Social de Derecho, al lado del respeto a la dignidad humana, el trabajo y la prevalencia del interés general.

"La Corte ha señalado que la consagración del citado principio constituye una forma de cumplir con los fines estatales y asegurar el reconocimiento de los derechos de todos los miembros del conglomerado social.

"En cuanto a su contenido, esta Corporación lo define como: "un deber, impuesto a toda persona por el sólo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo".

"De esta manera, cada miembro de la comunidad, tiene el deber de cooperar con sus congéneres ya sea para facilitar el ejercicio de los derechos de éstos, o para favorecer el interés colectivo.

"Este postulado se halla en perfecta concordancia con el deber consagrado en el artículo 95.2 de la Carta Política, el cual establece como deber de la persona y el ciudadano "obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas."

"Este deber, que vincula y condiciona el actuar tanto del Estado, como de la sociedad y la familia, no es ilimitado, y por esta razón el intérprete en cada caso particular debe establecer los límites precisos de su exigibilidad." (Negrillas fuera del original)

La Corte también destaca que si bien, conforme a lo prescrito por el artículo 95 superior, el principio de solidaridad genera deberes concretos en cabeza de las personas, no puede en cambio hablarse de correlativos derechos subjetivos concretamente exigibles en materia de seguridad social, emanados directamente de tal principio constitucional. En este terreno, corresponde al legislador definir la manera concreta en la que el principio de solidaridad se desarrolla, como expresamente lo afirma el artículo 48 de la Carta.

(...)" (subrayado y negrilla fuera del texto)

De conformidad con lo anterior se tiene que por vía de interpretación no resulta viable, en pro del principio de solidaridad y en contravía de lo señalado por la Constitución Política de Colombia, la Ley 797 de 2003, el Decreto 1158 de 1994, el Decreto 806 de 1998, el Decreto 1210 de 1993 y el Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario, incorporar los estímulos económicos recibidos por el personal docente de carrera de la Universidad como un factor del salario, con el fin de incluir dichos estímulos económicos en la base para calcular las cotizaciones para el personal académico de carrera de la Universidad Nacional de Colombia al Sistema General de Seguridad Social o como honorarios en virtud de un contrato de prestación de servicios.

CONCLUSIONES

- El estimulo económico percibido por el personal académico de la Universidad en virtud de la prestación de Servicios Académicos Remunerados son estímulos establecidos con base en lo consagrado por la Constitución Política de Colombia respecto a los incentivos que debe crear el Estado para las personas que ejerzan actividades que fomenten y desarrollen la ciencia y la tecnología, y que se otorgan a los docentes de carrera que participen en el desarrollo de las actividades, proyectos, programas y planes de extensión que provengan de contratos, órdenes o convenios, de acuerdo al valor estimado para su celebración, señalando el valor máximo de dichos estímulos y la dedicación máxima por parte de los docentes, aclarando que si bien no constituyen salario ni se tienen en cuenta como factor de salario en ningún caso, por lo cual no se exoneran del cumplimiento de la jornada académica en el respectivo semestre, su origen es la relación legal y reglamentaria que tiene el docente de carrera con la Universidad, es decir si previamente no existiera dicha vinculación dicho estimulo no tendría lugar.

- Teniendo en cuenta que los estímulos económicos recibidos por los docentes de carrera de la Universidad que participen en la prestación de servicios académicos remunerados, no constituye salario ni se debe tener en cuenta como factor del mismo en ningún caso y que no hacen parte de los factores que constituyen el salario mensual base para calcular las cotizaciones para los servidores públicos determinados en el Decreto 1158 de 1994, se debe inferir que no hacen parte de la base para calcular las cotizaciones en salud y pensión del personal académico de carrera de esta Institución.

-Lo establecido por el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 797 de 2003, el Decreto 860 de 1998 y el Decreto 1406 de 1999, en cuanto al deber de efectuar las cotizaciones respectivas en forma proporcional al salario o ingreso devengado y de autoliquidar y pagar el valor de sus aportes al Sistema General del Seguridad Social en lo relacionado con dichos ingresos, es aplicable únicamente cuando:

+ Los afiliados perciban salario de 2 o más empleadores o ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista en un mismo periodo de tiempo.

+ Los trabajadores que además de tener un vínculo laboral o legal y reglamentario, perciban ingresos como trabajadores independientes.

- El origen de los estímulos económicos percibidos por los docentes de carrera de la Universidad en virtud de su participación en servicios académicos, es su vinculación legal y reglamentaria con esta Institución y no el ejercicio de una profesión liberal, sin relación de dependencia jurídica o económica entre le docente y la Universidad ni un contrato de prestación de servicios, por lo cual no pueden ser considerados como honorarios y no constituyen una vinculación diferente del personal académico de carrera con la Universidad en calidad de independiente.

- En caso de que los estímulos económicos en mención fueran considerados como honorarios, en los términos antes mencionados, se estaría frente a la violación por parte del docente de carrera de la prohibición de la doble asignación y de la prohibición de de celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades, ambas de origen constitucional.

- En aplicación del principio de solidaridad no resulta viable incorporar los estímulos económicos recibidos por el personal docente de carrera de la Universidad como un factor del salario en la base para calcular las cotizaciones para el personal académico de carrera de la Universidad Nacional de Colombia al Sistema General de Seguridad Social o como honorarios en virtud de un contrato de prestación de servicios, toda vez que por una parte es competencia del legislador definir de manera concreta el desarrollo de dicho principio y por otra se estaría trasgrediendo lo establecido por la Constitución Política de Colombia, la Ley 797 de 2003, el Decreto 1158 de 1994, el Decreto 806 de 1998, el Decreto 1210 de 1993 y el Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario.

Este concepto se emite de conformidad con el Artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe

NOTAS DE PIE DE PÁGINA:

1 Consejo de Estado, Sala De Consulta Y Servicio Civil, CP. Augusto Trejos Jaramillo del 08 de marzo de 2001, Radicación número: 1322

2 Real Academia Española. "Diccionario de la Lengua Española", Vigésima Edición, Madrid 1984, Tomos I, pág. 666.

3 Derecho Administrativo Laboral. Editorial Temis, Bogotá, 1996. Séptima Edición, pág. 31.

4 BOHÓRQUEZ BOTERO, Luis Fernando. Diccionario Jurídico Colombiano. Editora Jurídica Nacional, Bogotá 2000. Tercera Edición, pág.407.

5 Sobre los términos remuneración, salario, sueldo y emolumento ver consultas Nos. 444 de 1992, 580 de 1994, 716 de 1995, 923 de 1996 y 1.116 de 1998.

6 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, CP Luis Fernando Álvarez Jaramillo del 10 de agosto de 2006Radicación número: 11001-03-06-000-2006-00070-00(1760)