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  Concepto 2 de 2009 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 06/01/2009  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

CONCEPTO No. 2

Memorando 7

Ciudad y fecha: Bogotá, D. C., 6 de enero de 2009

Para: Doctor Jorge Ernesto Duran Pinzón - Secretario General, Comisión Delegataria - Consejo Superior Universitario.

Referencia: Oficio No. SG-1000-08 del 4 de noviembre y recibido el 5 de noviembre de 2008. Solicitud de concepto Oficio CDD-0797. Conflicto de Competencias. Sede Palmira.

Respetado Doctor:

Con el fin de dar respuesta al oficio de la referencia, en el cual solicita concepto relacionado con un conflicto de competencias negativo frente a la Comisión de Asuntos Disciplinarios de Personal Docente de la Sede Palmira, relacionada con una queja presentada por la Junta Directiva Sintraunal Palmira, de manera atenta manifiesto lo siguiente:

FUENTE FORMAL

- Ley 734 de 2002

- Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario.

OTRAS FUENTES

- Sentencia C-429 de 2001 de la Corte Constitucional

- Fallo de la Procuraduría General de la Nación Radicado 161-3033 (011-133291) del 30 de marzo de 2006, Sala Disciplinaria.

DESCRIPTORES

- Conflicto de competencias en proceso disciplinario a docentes

ANTECEDENTES

Mediante el oficio de la referencia, se remitió la siguiente documentación:

1. Oficio C.D.D.-0797 del 28 de octubre de 2008, suscrito por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios de Personal Docente de la Sede Bogotá, dirigido al Consejo Superior Universitario donde se manifestó:

"1. Mediante Oficios OCDIP-158-2008 de 22 de agosto y 168-2008 de 9 de septiembre de 2008, la Oficina de Control Disciplinario Interno nos envió unos documentos relacionados con una queja presentada por la "Junta Directiva Sintraunal Palmira", en la cual se mencionan posibles irregularidades de orden contractual en las que puede estar involucrada la profesora Carmen Rosa Bonilla como Directora de Investigación, y que acontecieron en el año 2007.

2. Dentro de los documentos anexos se encontraba una copia de la Resolución 866 del 20 de junio de 2008, expedida por la Rectoría de la Universidad, mediante la cual, en su Artículo Segundo, se autorizaba el traslado de la profesora Carmen Rosa Bonilla Correa, de la planta (sic)

3. docente de la Sede Palmira, a la planta docente de la Sede Bogotá, Facultad de Agronomía, a partir de la fecha de posesión.

4. Una vez analizados los documentos, esta Comisión determinó enviarlos a la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de la Sede Palmira, por considerar que fue en esa Sede donde ocurrieron los hechos y por ende la conducta con posible incidencia disciplinaria, y por tanto, al aplicar los lineamientos de orden territorial, esa Sede tenía la competencia; lo anterior se fundamentó en el artículo 80 de la Ley 734 de 2002 que dice: (...)

5. Por medio del oficio CIADPD-090-2008 de 3 de octubre de 2008, la Comisión de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de la Sede Palmira nos remite nuevamente la documentación relacionada con los hechos antes mencionados, argumentando, según el Acuerdo 35 de 2002: "Si bien es cierto que el artículo 80 de la Ley 734 de 2002 hace referencia al factor territorial de competencia, también debe tenerse en cuenta que el citado acuerdo en el parágrafo del artículo 45 dispone de manera específica la competencia de las Comisiones Investigadoras de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente, norma que, de conformidad con su artículo 44 es aplicable para el caso que nos ocupa, debido a que la competencia se encuentra específicamente establecida". Y resalta además que el artículo 45 ibídem, en su parágrafo dice que: (...)

Por lo anterior, y considerando que si bien es cierto que las normas internas de la Universidad indican que la competencia para realizar las investigaciones frente a los docentes están en cabeza de las Comisiones de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de cada Sede, no es menos cierto que ninguna de ellas aclara el tema de las competencias en materia territorial, como en el presente caso, y por ello es pertinente acudir a la norma general que es la Ley 734 de 2002, la cual si da una solución a ésta problemática. En este sentido, le enviamos los documentos materia de las posibles irregularidades, para que ustedes como superiores de estas dos Comisiones Disciplinarias, procedan a dirimir el conflicto planteado. (...)"

2. Oficio OCDIP-158-2008 del 22 de agosto de 2008, suscrito por la Doctora Carolina Ceballos Profesional Universitario de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Sede Palmira, dirigido a la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios de Personal Docente de la Sede Bogotá, en el cual remite copia de los documentos pertinentes sobre el proceso disciplinario No. 063-2007, en el cual indica que encontró un hallazgo de posible competencia de la Comisión.

3. Oficio C.D.D-0642 del 4 de septiembre de 2008, suscrito por el Asesor de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de la Sede Bogotá, dirigido a la Doctora Carolina Ceballos Profesional Universitario de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Sede Palmira, en el que comunica que los documentos allegados fueron analizados por la Comisión en la reunión del 2 de septiembre de 2008, decidiendo oficiarle que se sirva puntualizar la posible irregularidad que considera, es de competencia de esa oficina.

4. Oficio OCDIP-168-2008 del 9 de septiembre de 2008, suscrito por la Doctora Carolina Ceballos Profesional Universitario de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Sede Palmira, dirigido al Asesor de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios de Personal Docente de la Sede Bogotá, en el que informa que la Profesora Carmen Rosa Bonilla, mediante Resolución No.866 del 20 de junio de 2008, fue trasladada a la Sede Bogotá, por lo que de acuerdo con el parágrafo único del Artículo 45 del Acuerdo 35 de 2002, por pertenecer la mencionada docente a la Facultad de Agronomía - Departamento de Agronomía de la Sede Bogotá, por lo tanto el asunto es de competencia de la Comisión de la mencionada Sede.

5. Resolución No. 866 del 20 de junio de 2008 de la Rectoría "Por la cual se hace un traslado intersedes de dos docentes adscritas a la Facultad de Agronomía Sede Bogotá y a la Facultad de Ciencias Agropecuarias - Sede Palmira", en la que resolvió:

"ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar el traslado de la Planta de Personal Docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias - Departamento de Ciencias Biológicas - Sede Palmira, a la Planta de Personal docente de la Facultad de Agronomía - Departamento de Agronomía a la profesora asociada en dedicación exclusiva CARMEN ROSA BONILLA CORREA, identificada con cédula (...) a partir de la fecha de posesión. (...)"

6. Oficio C.D.C.-0702 del 18 de septiembre de 2008, suscrito por el Asesor de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de la Sede Bogotá, dirigido a la Doctora Carolina Ceballos de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Sede Palmira, en donde manifestó:

"(...) En este sentido, teniendo en cuenta que los hechos materia de la posible irregularidad sucedieron en el año 2007, cuando la profesora Carmen Rosa Bonilla aún se encontraba adscrita a la Sede Palmira, consideran que la oficina competente para realizar el trámite disciplinario es la Comisión que usted asesora; por lo anterior, y en aras de respetar los principios del debido proceso y transparencia, devuelvo los documentos anexo a los oficios mencionados para las gestiones que estimen pertinentes".

7. Oficio CIADPD-090-2008 del 3 de octubre de 2008, suscrito por la Comisión Investigadora para Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de la Sede Palmira, dirigido al Asesor de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios de Personal Docente de la Sede Bogotá, en el que manifestó:

"(...) El régimen disciplinario aplicable al personal académico de la Universidad Nacional de Colombia se encuentra regulado en los artículos 44 a 46 del Acuerdo 35 de 2002, expedido por el Consejo Superior Universitario, el cual en su artículo 44 hace referencia al régimen aplicable de la siguiente manera: (...)

Si bien es cierto que el artículo 80 de la Ley 734 de 2002 hace referencia al factor territorial de competencia, también debe tenerse en cuenta que el citado acuerdo en el parágrafo del artículo 45 dispone de manera específica la competencia de las Comisiones Investigadoras de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente, norma que, de conformidad con su artículo 44 es aplicable para el caso que nos ocupa, debido a que la competencia se encuentra específicamente establecida (...)

Existe entonces una disposición especifica en el Acuerdo 035 de 2002 que regula la competencia, la cual es aplicable para el caso que nos ocupa, ya que no contraría de forma alguna la ley 734 de 2002, y es acorde con la autonomía con que cuentan las Universidades en la regulación de aspectos disciplinarios, conforme a lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-829 de 2002.

Adicionalmente teniendo en cuenta el derecho a la defensa que tienen los implicados en un proceso disciplinario, (para el caso concreto la docente Carmen Rosa Bonilla), el ejercicio de ese derecho se vería afectado al cursar en la Sede Palmira, debido a que el acceso al expediente y las diversas actuaciones realizadas dentro del proceso no sería de forma inmediata y expedita.

Por lo anterior, reenviamos a usted lo pertinente para realizar el trámite disciplinario contra la docente Carmen Rosa Bonilla, quien pertenece a la Sede Bogotá, puesto que la competencia estaría en cabeza de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios de Asuntos de Personal Docente de la nombrada Sede.

En caso de no aceptar la competencia le solicitamos muy respetuosamente remitir el asunto a la instancia superior para que dirima el conflicto."

8. Oficio SP 032 del 12 de octubre de 2007, suscrito por la Junta directiva de SINTRAUNAL Palmira, dirigido a la Directora Administrativa de la misma Sede, en la que manifiesta:

"(...) Según oficio No DA 345 de Octubre 5 de 2007, donde se nos remite las contrataciones de la Sede, haciendo la revisión respectiva, con extrañeza, encontramos la orden No. 046, cuyo director es la Doctora Carmen Rosa Bonilla, y el contratista Doctor, Heymar Quintero identificado con cédula (...), por un valor de (...), desde el 17 de septiembre al 16 de diciembre del mismo año con el No. (...) Rubro "Mejoramiento y desarrollo de la capacidad de investigación en la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira" y el Objetivo "Servicios profesionales en la coordinación de las actividades relacionadas con la revista Acta Agronómica vol. 56 No. 3-4.

Ante lo anterior cabe anotar que ya existe otro contrato (ODS#1) servicios con la misma persona, el mismo objetivo. (Servicios profesionales en la edición e indexación del volumen 56 del 1 - 4 del acta agronómica) en la contratación del mes de febrero de este año por valor (...) con rubro (...), "mejoramiento y desarrollo de la capacidad de investigación en la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira".

9. Cuadro de Fondo Estampilla 5012 de la Sección de Contratación de la Dirección Administrativa, en el que aparece la ODS No. 1 desde el 14/02/07 al 13/12/07, a nombre del Contratista Heimar Quintero Vargas, por servicios profesionales en la edición e indexación del volumen 56 números 1 al 4 del acta agronómica de la Sede Palmira para el 2007. En la ODS No. 46 desde el 17/09/07 al 16/12/2007 a nombre de Heimar Quintero Vargas, por servicios profesionales en la coordinación de las actividades relacionadas con la revista acta agronómica volumen 56, números 3 y 4.

10. Memorando No.019 de la Directora Administrativa de la Sede Palmira, dirigido a la Procuraduría General de la Nación Seccional Palmira, en el que remite copia del Oficio DA-392 por el que se da respuesta al oficio SP-032 del Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales y anexos.

11. Oficio DA-392 del 31 de octubre de 2007 suscrito por la Directora Administrativa dirigido al Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales.

12. Oficio DA-386 del 29 de octubre de 2007, suscrito por la Directora Administrativa, dirigido a la Directora de Investigación de la Sede Palmira.

13. Oficio DIPAL-643 del 31 de octubre de 2007, suscrito por la Directora de Investigación Palmira, dirigido a la Directora Administrativa de la Sede Palmira.

14. Oficio DA- 345 del 5 de octubre de 2007, suscrito por la Directora Administrativa, dirigido al Presidencia SINTRAUNAL de la Sede Palmira.

15. Copia de la ODS No. 1 de 2007 y ODS No. 45 de 2007. Copia de la Resolución 407 de 2004 de la Rectoría.

16. Diligencia de declaración juramentada rendida por el señor Erminsul Hernández Sánchez, ante la funcionaria Carolina Ceballos.

17. Diligencia de versión libre rendida por la señora Carmen Rosa Bonilla Correa, ante la funcionaria instructora Carolina Ceballos.

18. Copia del Oficio del 10 de septiembre de 2007, suscrito por la Oficina de Contratación de la Sección de Bienes y Servicios de la Sede Palmira, dirigido a la Directora Administrativa.

19. Oficio DIPAL-404 del 16 de agosto de 2007, suscrito por la Directora de Investigación de la Sede Palmira, dirigido al Vicerrector.

PROBLEMA JURÍDICO

¿Cuál es la dependencia que ostenta la competencia para adelantar un proceso disciplinario de un docente: la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios de Personal Docente de la Sede a la que actualmente pertenece el presunto infractor de la norma disciplinaria, o la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios de Personal Docente de la Sede en la que presuntamente cometió la falta disciplinaria?

TESIS JURÍDICA

La competencia la ostentaría la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios de Personal Docente de la Sede en la que presuntamente se cometió la falta disciplinaria, en concordancia con los siguientes aspectos:

Como primer término es necesario precisar el procedimiento que se debe realizar en el caso del conflicto de competencias, de acuerdo con las directrices emitidas por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en la decisión de un conflicto de competencias el 30 de marzo de 2006, con Radicación 161-3033 (011-133291), con Ponencia de la Doctora Dora Anais Cifuentes Ramírez, en la que manifestó:

"De conformidad con el artículo 82 de la Ley 734 de 2002, el conflicto de competencias se suscita cuando el funcionario se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria, quien "deberá expresarlo" para enviar de inmediato el proceso a quien por disposición legal tenga la competencia, y en el evento que éste también se considere incompetente deberá enviar el asunto al superior común inmediato, que para este asunto corresponde a la Sala Disciplinaria de conformidad con norma citada en el párrafo precedente, para que se dirima el conflicto, caso en el cual se denomina negativo, siguiendo el mismo procedimiento cuando ambos funcionarios se consideran competentes, el cual se denomina positivo.

De la misma forma constituye un mandato legal consagrado en el artículo 97 ibídem que las decisiones que se adopten dentro del proceso disciplinario deben motivarse.

De estos preceptos se concluye que los requisitos para la existencia de un conflicto de competencias son:

a. Considerada la incompetencia por parte del funcionario que está tramitando el proceso, mediante auto lo remitirá a quien estime si tiene la competencia para avocar su conocimiento, explicando los motivos en los que fundamenta su decisión.

b. Recibido el proceso por el funcionario a quien se remitió, éste debe proceder a analizar los argumentos en que se fundamentó tal remisión, y en el evento en que no los acoja, enviará el proceso al superior común inmediato con auto en el que explique los motivos en que considera que tampoco es competente, superior que adoptará la decisión correspondiente.

c. Tanto el funcionario que remitió el proceso, como quien lo recibió y estima que igualmente es incompetente para conocer del mismo deben observar el procedimiento señalado por la ley para tramitarlo en debida forma.

d. La diferencia en los criterios de los funcionarios respecto de la competencia debe gravitar en torno a los mismos hechos y frente a una misma situación procesal.

e. Las decisiones proferidas por los funcionarios que se estiman incompetentes deben estar debidamente motivadas.

Consecuentemente con la normativa citada precedentemente, puede afirmarse que el NCDU consagra la institución del conflicto de competencias, pero no regula completamente su procedimiento, razón por la cual por integración normativa contenido en el artículo 21 del Código Disciplinario Único se debe proceder de conformidad con el Código de Procedimiento Penal, artículo 95, el cual informa que "la colisión puede ser provocada de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, cuando existan razones serias y así lo indique el acervo probatorio..."

En consecuencia, es claro que como requisitos sustanciales para que pueda ser provocado el conflicto de competencias, están (i) que existan serias razones y (ii) que el acervo probatorio así lo indique. De manera que la manifestación realizada por cada uno de los proponentes debe contener una motivación seria, jurídica, fundamentada en el acervo probatorio que permita ser analizada tanto por el funcionario que recibe el asunto, quien a su vez deberá dar respuesta a esos planteamientos en los mismos términos de seriedad, así como por el superior funcional que deba dirimir el conflicto".

En segundo lugar, de acuerdo con lo manifestado por el doctor Oscar Villegas Garzón, en el libro "El Proceso Disciplinario"1: "La competencia es el conjunto de factores que determinan el ámbito dentro del cual el servidor público señalado ejerce, en nombre del Estado, la acción disciplinaria, que es una forma de poder, competencia que dependen de la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad (artículo 74)

La competencia en el ámbito disciplinario, como sucede en el terreno judicial, es improrrogable en el sentido de la imposibilidad en que estaría el quejoso y/o el disciplinado de escoger a la autoridad administrativa que habrá de adelantar la acción disciplinaria (...)

La capacidad ha sido entendida como la aptitud de administrar justicia o, en el caso del derecho disciplinario, la aptitud para ejercer en nombre del estado la acción disciplinaria.

La capacidad se divide en objetiva (que se confunde con la competencia) y la subjetiva (que se relaciona con la persona del funcionario).

La capacidad subjetiva se subdivide, a su vez, en capacidad subjetiva en abstracto y capacidad subjetiva en concreto.

La capacidad subjetiva en abstracto es la que tiene el servidor de la oficina o unidad de control interno disciplinario por el hecho de su nombramiento y su integración a la dependencia de que trata el artículo 76 del Código Disciplinario Único.

La capacidad subjetiva en concreto hace relación con la idoneidad del mismo funcionario para conocer de un determinado asunto disciplinario, es decir, cuando en la persona del funcionario de la unidad de control interno disciplinario no concurre causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad en relación con el mismo. (...)

La competencia delimita y circunscribe la jurisdicción en la medida en que un solo funcionario no puede conocer de todos los procesos disciplinarios en su integridad, es decir, ejercer a plenitud la jurisdicción."

Igualmente, la Corte Constitucional en Sentencia C-429 de 2001, con ponencia del Magistrado Jaime Araujo Rentería, manifestó:

"La competencia, que ha sido definida como el grado o la medida de la jurisdicción, tiene por finalidad delimitar el campo de acción, función o actividad que corresponde ejercer a una determinada entidad o autoridad pública, haciendo efectivo de esta manera el principio de seguridad jurídica (...) La competencia es parte esencial del debido proceso y presupuesto de validez de los actos que se profieren, pues si una autoridad expide un acto sin tener facultades para hacerlo, éste es nulo.

En materia disciplinaria, que es el tema que se regula en las normas acusadas, también rige el principio del juez natural, esto es, aquél a quien la Constitución o la ley le ha atribuido el conocimiento de un determinado asunto (...) De conformidad con estos preceptos, la competencia debe ser constitucional o legal; preexistente, es decir, anterior al hecho que motiva la actuación o proceso correspondiente, y explícita".

El Artículo 74 de la Ley 734 de 2002 estipula:

"(...) Factores que determinan la competencia. La competencia se determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad.

En los casos en que resulte incompatible la aplicación de los factores territorial y funcional, para determinar la competencia, prevalecerá este último".

Así las cosas, es necesario empezar con el estudio para el caso concreto de cada uno de éstos aspectos, con el fin de determinar la competencia:

a. La calidad del sujeto disciplinable:

El Artículo 75 de la Ley 734 de 2002 estipula:

"Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a las entidades y órganos del Estado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y por servicios, disciplinar a sus servidores o miembros.

El particular disciplinable conforme a este código lo será exclusivamente por la Procuraduría General de la Nación, salvo lo dispuesto en el artículo 59 de este código2, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.

Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y particulares disciplinables la competencia radicará exclusivamente en la Procuraduría General de la Nación y se determinará conforme a las reglas de competencia que gobiernan a los primeros.

Las personerías municipales y distritales se organizarán de tal forma que cumplan con el principio de la doble instancia, correspondiendo la segunda en todo caso al respectivo personero. Donde ello no fuere posible la segunda instancia le corresponderá al respectivo Procurador Regional".

Así las cosas, de (sic) Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario por el cual se expide el "Estatuto de Personal Académico", prescribe en el Artículo 45 lo siguiente:

"Autoridades y Órganos Disciplinarios. Continuarán funcionando como órganos y autoridades disciplinarios del personal académico los mismos establecidos en el Estatuto de Personal Docente y demás normas internas de la Universidad vigentes a la fecha de expedición del presente Estatuto, mientras se adoptan por el Consejo Superior Universitario nuevas disposiciones sobre la materia. Específicamente continuarán aplicándose las disposiciones de los artículos 73 y 74 del Acuerdo No. 45 de 1986 del Consejo Superior Universitario, con las modificaciones que se han introducido posteriormente y, en especial, las contenidas en Acuerdo 19 de 1990 del mismo Consejo.

Para los efectos de la ley 734 de 2002 tales autoridades y órganos, cualquiera que sea su denominación, se considerarán como Oficinas de Control Interno Disciplinario de carácter docente, a las cuales se entiende que pertenecen también las autoridades que, conforme al régimen interno de la Universidad, son competentes para adoptar las decisiones disciplinarias. Por consiguiente, en todas las diligencias y actuaciones, las autoridades y organismos, cualquiera que sea su denominación, así como los funcionarios que sean comisionados para actuaciones de carácter disciplinario, mencionarán en todos sus actos, a continuación de su denominación según las normas de la Universidad, que son o hacen parte de la correspondiente Oficina de Control Interno Disciplinario para los empleados docentes de la Universidad, en los términos del presente Acuerdo, el cual se citará expresamente. Para estos efectos, la Oficina Jurídica Nacional impartirá las instrucciones correspondientes mediante circular.

PARÁGRAFO. Las Comisiones Investigadoras de Asuntos Disciplinaros de Personal Docente adelantarán las diligencias de indagación preliminar y de investigación disciplinaria y formularán recomendaciones a las autoridades titulares de la competencia sancionatoria correspondiente. La iniciación de toda indagación o investigación disciplinaria requiere la autorización previa del Rector General o su delegado. Cada Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios de Personal Docente de Sede será competente respecto de los profesores pertenecientes a la Sede correspondiente. Los profesores de las Sedes de Arauca, Leticia y San Andrés serán investigados por la Comisión de la Sede de Bogotá". (Subrayado fuera del texto)

Es decir, que la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios de Personal Docente de la Sede a la cual pertenece el presunto Indagado o Investigado, es la competente para conocer y adelantar el correspondiente proceso disciplinario, sin embargo, para el caso que nos ocupa, la norma no aclara la competencia teniendo en cuenta que no hace la precisión si la Comisión de la Sede a la que pertenece el Docente en la época de los hechos presuntos objeto de investigación es la que debe proceder, o si quien debe adelantar las actuaciones es la Comisión de la Sede a la que hace parte el Docente en el momento en que se va a dar inicio a la actuación disciplinaria.

La duda es válida toda vez que como ya se expresó anteriormente, la competencia debe ser clara, no puede (sic) lugar a interpretaciones, y aquí persiste la inquietud relacionada con determinar si la Comisión de la Sede que debe dar inicio a la actuación disciplinaria es a la que actualmente pertenece la Docente, o si la competente debe ser la Comisión a la cual perteneció la Docente, y en la cual presuntamente realizó las actuaciones u omisiones que van a ser objeto de investigación.

Por lo tanto, es necesario analizar el siguiente factor que determina la competencia, ante la duda que se presenta en éste punto.

b. Competencia por la Naturaleza del Hecho.

Sobre éste punto, el Doctor Oscar Villegas Garzón en el libro "El Proceso Disciplinario"3, indica:

"El señalamiento de la competencia para investigar y fallar hace relación con la naturaleza de la falta que puede ser gravísima, grave o leve; quien investiga, también falla, incluso en tratándose de faltas leves que para el grueso de los servidores públicos su conocimiento se radica en la oficina o unidad de control disciplinario y en la Procuraduría General de la Nación o personería distrital o municipal cuando se haga uso de la atribución preferente.

La competencia por la naturaleza del hecho no tiene operancia en el caso de la oficina de control interno disciplinario toda vez que sin importar la clase de falta cometida, ella siempre será la competente".

Así las cosas, el Parágrafo del Artículo 45 del Acuerdo 035 de 2002, otorga la competencia para adelantar el proceso disciplinario a las Comisiones Investigadoras de Asuntos Disciplinarias de Personal Docente, por lo cual éste factor tampoco aclara la duda surgida y que pueda dirimir el conflicto de competencias, por lo que es necesario acudir al siguiente factor de competencia.

c. El territorio donde se cometió la falta.

La Ley 734 de 2002 estipula:

"Artículo 80. El factor territorial. Es competente en materia disciplinaria el funcionario del territorio donde se realizó la conducta.

Cuando no puedan ser adelantados por las correspondientes oficinas de control interno disciplinario, las faltas cometidas por los servidores públicos en el exterior y en ejercicio de sus funciones, corresponderá a los funcionarios que de acuerdo con el factor subjetivo y objetivo, fueren competentes en el Distrito Capital.

Cuando la falta o faltas fueren cometidas en diversos lugares del territorio nacional, conocerá el funcionario competente que primero hubiere iniciado la investigación".

De acuerdo con los antecedentes remitidos por su despacho se infiere que la presunta falta disciplinaria por la cual se pretende iniciar investigación disciplinaria contra la Docente, fue realizada en la Sede Palmira, lo cual de acuerdo con el Inciso primero del Artículo 80, la competencia la tendría la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios de Personal docente de la Sede Palmira.

Así las cosas, la inquietud relacionada en el literal a), se resuelve determinando que será competente la Comisión Disciplinaria de Asuntos de Personal Docente de la Sede en la cual se cometieron los presuntos hechos.

CONCLUSIONES

- En materia disciplinaria, los factores que determinan la competencia son los establecidos en el Artículo 74 de la Ley 734 de 2002, a saber: la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad.

- Para el personal docente vinculado a la Universidad Nacional de Colombia, quien detenta la competencia para desarrollar las actuaciones disciplinarias, en virtud de lo estipulado en el Parágrafo del Artículo 45 del Acuerdo 035 de 2002 del Consejo Superior Universitario, es la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios de Personal Docente de la Sede a la cual pertenezca el profesor.

- En el presente caso, en el cual la Docente que pertenecía a la Sede Palmira al parecer, cometió una presunta falta disciplinaria, y posteriormente se produjo un traslado a otra Sede, en este caso a la Sede Bogotá, es necesario estudiar los factores de competencia, sin embargo, debido a que la norma que otorga la competencia plasmada en el Acuerdo 35 de 2002 no aclara éste tipo de casos, es necesario acudir al factor territorial, el cual es desarrollado por medio del Artículo 80 de la Ley 734 de 2002, en el que indica que es competente el funcionario del territorio donde se realizó la conducta, es decir la Comisión Disciplinaria de Asuntos de Personal Docente de la Sede Palmira.

Este concepto se emite de conformidad con el Artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe

NOTAS DE PIE DE PÁGINA:

1 Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Segunda edición. 2004. Pág. 161.

2 El Artículo 59 de la Ley 734 de 2002 hace referencia al régimen especial para los notarios.

3 Ibídem. Pág. 176