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  Concepto 20 de 2009 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 01/04/2009  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

CONCEPTO No. 20

Memorando 290

Fecha: Bogotá, D. C., 1 de abril de 2009.

Para: Doctora Alba Esther Villamil Ocampo. Director Nacional de Personal.

Referencia: Su oficio DNP-0385 del 2009. Concepto sobre posibilidad de revocar acto de aceptación de la renuncia

Respetada Doctora Villamil:

Por medio del presente y según lo expresado por Usted en el sentido de contar con concepto jurídico previo, según la recomendación del señor Rector, doy respuesta a la inquietud planteada en el oficio de la referencia de la siguiente forma:

FUENTE FORMAL

Decreto 1950 de 1973.

DESCRIPTORES

Retractación de la Renuncia.

Acto administrativo de aceptación de la renuncia

ANTECEDENTES

De acuerdo con lo señalado en el oficio de la referencia se puede establecer lo siguiente:

1. Una funcionaria de libre nombramiento y remoción presentó renuncia al cargo que ocupa en la Universidad Nacional de Colombia, a partir del 1 de abril de 2009. Dicha renuncia obedece a que ganó un concurso de méritos y tomará posesión de un cargo en otra entidad pública.

2. Dicha renuncia fue aceptada por la Rectoría mediante Resolución No 326 del 12 de marzo de 2009 a partir del primero de abril de 2009.

3. El 24 de marzo del 2009, la funcionaria solicita a la Rectoría la revocatoria directa del acto administrativo por el cual se acepta la renuncia al cargo ocupado, con fundamento en la causal tercera del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que no existe fecha cierta para la posesión del cargo, ya que quien ocupa el mismo en la otra entidad se encuentra incapacitada.

PROBLEMA JURÍDICO

¿Es viable jurídicamente revocar el acto administrativo por el cual se acepta la renuncia a un cargo presentada por un funcionario, cuando el funcionario con posterioridad a la aceptación se retracta de la renuncia?

TÉSIS JURÍDICAS

1. El artículo 111 del Decreto 1950 de 1973, establece lo siguiente con respecto a la renuncia de un servidor público, al cargo que ocupa libremente:

"Articulo 111. La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, en forma espontánea e inequívoca, su decisión de separarse del servicio."

La normativa citada igualmente es clara al señalar que la renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable:

"Articulo 112. Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de conveniencia pública para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante insiste, deberá aceptarla.

La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable"

2. El Consejo de Estado, con respecto a la irrevocabilidad del acto por medio del cual se acepta la renuncia, ha señalado lo siguiente:

"La Sección Segunda de esta Corporación ha señalado que toda persona que sirva un cargo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente, lo cual implica que la renuncia debe provenir del funcionario y que la manifestación escrita que él haga sobre el tópico ha de ser inequívoca, vale decir que no exista duda de que desea desvincularse del servicio, que se encuentra claro su propósito de retirarse del cargo que desempeña, por motivos que el empleado no está obligado a explicar y que sólo a él interesan. Conforme a la anterior comunicación la Sala considera que la actora obró con plena libertad y sin haber sido sometida a inducción o coacción alguna por parte del Tribunal Superior de Cartagena, que viciara su manifestación de voluntad. La circunstancia mencionada en la carta de renuncia, que la dimisión se debió a que no fue prorrogada su licencia, no afecta la validez de su manifestación de voluntad por cuanto la negativa del Tribunal se fundamentó en claras razones legales, como se indicó en el acápite anterior. De otro lado el Tribunal en ningún momento promovió o alentó su desvinculación de la Rama Judicial, todo lo contrario, en el acuerdo por el cual negó la prórroga de la licencia dispuso, así mismo, su inmediato reintegro al cargo de Juez Décimo Penal del Circuito de Cartagena, empleo del cual dimitió. Es cierto que posteriormente se arrepintió de la dimisión, según consta en memorial de 17 de enero de 1997, sin embargo para entonces el Tribunal ya había decidido sobre la aceptación de la misma por Acuerdo No.66 de 28 de noviembre de 1996 y como el artículo 122 del Decreto 1660 de 1978 dice que una vez la renuncia es aceptada adquiere el carácter de irrevocable, cosa que ocurrió con la expedición del Acuerdo No. 66, el acto de aceptación de renuncia se ajustó a las exigencias de ley. Es cierto el argumento sostenido por la demandante en el sentido de que mientras no se notifique el acto de aceptación de renuncia el mismo no podía surtir efectos respecto de ella, sin embargo dicha circunstancia no entorpece la validez del acto de aceptación de renuncia, como lo expresó en su escrito de apelación. En consecuencia, aún admitiendo la tesis de la demandante de que su retractación de la renuncia se presentó antes de que le fuera notificada la aceptación de la misma por parte del Tribunal Superior, lo cierto es que la dimisión había adquirido carácter irrevocable por efecto del artículo 122 del Decreto 1660 de 1978 y, por lo tanto, el acto de aceptación de la renuncia había sido adecuadamente expedido." (Subrayado fuera de texto. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Consejero Ponente: Jesús María Lemos Bustamante. 15 de marzo de 2007. Número interno;

En sentencia del 18 de diciembre de 1995, la Sección Segunda del Consejo de Estado, manifestó lo siguiente:

"La renuncia que no es otra cosa que la manifestación de voluntad que hace un servidor público para retirarse del empleo que desempeña, está regulada por el artículo 27 del Decreto 2400 de 1968. De su texto se desprende que todo el que sirva un empleo de voluntaria aceptación, puede renunciarlo libremente y se entiende que la renuncia se produce cuando el empleado manifiesta en forma escrita e inequívoca, su voluntad de separarse definitivamente del servicio.

De las pruebas allegadas al proceso se evidencia que el 22 de febrero de 1989, la empleada Miryam García Orozco, envió una carta al Director Seccional del Sena, en la Regional Magdalena, en la que manifiesta "con la presente informo a usted que debido a quebrantos de salud me veo obligada a renunciar al cargo que he venido desempeñando en la sección de contabilidad a partir del día de hoy" (folio 12 Cdno. número 1).

(...)

Igualmente se desprende de las pruebas que una vez vencieron las incapacidades otorgadas por el Seguro Social, la actora se presentó el lugar de trabajo, se le autorizó al disfrute de unos días de vacaciones pendientes entre el día 12 y 22 de marzo de 1989 (folio 17 Cdno. número 1). En ese lapso, el día 16 de marzo y por las razones expuestas en la comunicación dirigida al director regional del Sena en el Magdalena, la actora le manifestó que se reintegraría el cargo, por tanto revoca la renuncia presentada en fecha 22 de febrero, por encontrarse ya restablecida de la crisis y solicita a la administración que deje sin efecto la citada renuncia (folio 3 del expediente).

(...)

El artículo 112 del Decreto número 1950 de 1973, establece que la renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable; de ello se desprende que la renuncia presentada por parte de un empleado antes de que se expida el acto administrativo que la acepte, es susceptible de retirar dentro de la libertad y voluntariedad de que goza el empleado para retirarse o permanecer en el servicio público. Por consiguiente, si se acepta una renuncia de la cual se ha desistido oportunamente ante la administración, como ocurrió en el sub lite, que con una buena antelación se le notificó al director regional el desistimiento de ella, y éste no le dio al trámite interno como lo había hecho con la renuncia inicial, la administración debe correr con las consecuencias de sus negligencia, al permitir que se expidiera un acto administrativo de aceptación, cuando ya no podía hacerlo por sustracción de materia." (Subrayado fuera de texto. Consejero Ponente: Joaquín Barreto Ruiz. Radicación 7832)

De lo expuesto anteriormente se concluye lo siguiente: 1) El cargo de voluntaria aceptación puede ser renunciado libremente. 2) La manifestación de renuncia debe ser inequívoca, es decir que existe un claro propósito de desvinculación de la entidad. 3) Una vez aceptada la renuncia por la entidad esta es irrevocable. 4) El funcionario puede retractarse de la renuncia, antes de su aceptación por el nominador, para lo cual deberá manifestar su intención de forma igualmente inequívoca y en término.

CONCLUSIONES

De lo expuesto anteriormente no es viable jurídicamente revocar el acto administrativo por el cual se acepta la renuncia a un cargo presentada por un funcionario, cuando éste se retracta con posterioridad a la aceptación de la misma por el nominador, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. La renuncia fue manifestada de forma escrita e inequívoca por el funcionario, es decir es clara su voluntad de retiro de la Universidad Nacional de Colombia, para asumir otro cargo en otra entidad.

2. La renuncia fue aceptada por la Rectoría, dentro del término establecido en el artículo 113 del Decreto 1750 de 1973, es decir treinta (30) días. Una vez aceptada la renuncia, según lo dispuesto en el artículo 112 del mencionado Decreto 1750 de 1973, la misma se hace irrevocable

3. En ese orden de ideas, al manifestarse la retractación de la renuncia con posterioridad a la aceptación por parte de la Rectoría, no es posible que el nominador entre a revocar dicho acto, en contravía de lo dispuesto en la norma especial antes citada.

4. Así las cosas, ésta Oficina manifiesta su acuerdo en relación con la respuesta proyectada por la Dirección Nacional de Personal anexa al oficio DNP-0385 del 27 de marzo de 2009. Se sugiere en todo caso, actualizar en el documento de respuesta el dato de la jurisprudencia del Consejo de Estado, empleando la reseñada en este concepto que corresponde al año 2007.

En los anteriores términos se absuelve la consulta planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe