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  Concepto 54 de 2009 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 07/09/2009  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

CONCEPTO No. 54

Memorando No. 969

Ciudad y fecha: Bogotá, D. C., 7 de septiembre de 2009

Para: Doctor Jorge Ernesto Durán Pinzón Secretario General Consejo Superior Universitario.

Referencia: Oficio CSU-244-09 del 24 de junio de 2009

Respetado Doctor:

En atención al Oficio de la referencia mediante el cual se solicita concepto sobre los criterios para aceptar en el caso de las Comisiones de Estudio Remuneradas un "codeudor solvente" como garante del contrato de comisión con ocasión de la solicitud efectuada por la Oficina Jurídica de la Sede Bogota analizada por la Comisión Delegataria del Consejo Superior Universitario en la sesión 04 realizada el 11 de junio de 2009, esta Oficina Jurídica se permite emitir concepto en los siguientes términos:

FUENTE FORMAL

- Estatuto Tributario

- Estatuto Orgánico del Sistema Financiero

- Acuerdo 039 de 2005 del CSU

- Acuerdo 022 de 2007 del CSU

- Acuerdo 024 de 2007 del CSU

FUENTES AUXILIARES

- Concepto No. 2001039305-1 del 19 de septiembre de 2001 Superintendencia Financiera

- Circular Externa 007 de 1996 (Básica Jurídica) Superintendencia Financiera

- Circular Externa 100 de 1995 (Básica Contable y Financiera) modificada por la Circular Externa 50 de 2001 de la Superintendencia Financiera.

DESCRIPTORES

- Codeudor solvente

- Solvencia económica

- Capacidad de pago

PROBLEMA JURÍDICO

¿Cuáles son los parámetros o condiciones que debe acreditar una persona para ser considerada solvente al momento de garantizar con la firma de un pagaré el cumplimiento de los compromisos adquiridos por un docente en el caso de las comisiones docentes remuneradas?

TESIS JURÍDICA

ANALISIS NORMATIVIDAD INTERNA

Como primera medida se debe señalar como antecedente que el Acuerdo 031 de 2004 del Consejo Superior Universitario que modificó el numeral 3 del articulo 40 del Acuerdo 035 de 2002, establecía que el docente al que se le concediera una comisión de estudios remunerada, podía de manera electiva garantizar su comisión, o por una póliza de seguro o la firma de un pagaré por parte del docente comisionado y un codeudor y se encuentra derogado expresamente por el Acuerdo 022 de 2007.

Así mismo encontramos el Acuerdo 039 de 2005 del Consejo Superior Universitario que modificó el articulo 1 del Acuerdo 031 de 2004 antes mencionado, que establecía la firma del pagaré por uno o dos codeudores, dependiendo de si la comisión era interna o externa, con finca raíz y que individual o conjuntamente respaldaran el total del monto devengado por el docente durante la comisión de estudios, siendo derogado tácitamente por el articulo 18 del Acuerdo 024 de 2007.

Es así como con el fin de unificar las normas internas que regulaban las comisiones de estudios de docentes, el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 022 de 2007, que establece los tipos de Comisión que se pueden otorgar a los docentes de la Universidad, derogando como se mencionó anteriormente el numeral 4 del articulo 39 y el articulo 40 del Acuerdo 035 del 2002 del CSU, además de los numerales 4 y 8 del articulo 25 del Acuerdo 016 del 2005 del CSU y los Acuerdos 073 de 1986, 029 de 2002 y 031 de 2004 del Consejo Superior Universitario.

En este orden de ideas, el procedimiento para el otorgamiento de las comisiones docentes definidas por el Acuerdo 022 de 2007 fue reglamentado por el Consejo Superior Universitario a través del Acuerdo 024 de 2007, el cual establece para los casos de las comisiones: regular externa, para desempeñar un cargo en el sector privado y especial y regular de estudios cuando sean remuneradas, la constitución de una garantía ya sea la consecución de una Póliza de Seguro que ampare un porcentaje por concepto de salarios, prestaciones y otros emolumentos y asignaciones que el docente haya recibido durante el tiempo de la comisión del 50% si es externa y del 30% si es interna, o por medio de la firma de un pagaré que asegure los mismos montos, por parte del docente comisionado y un codeudor solvente.

CODEUDOR SOLVENTE

En cuanto al termino "Codeudor" la Superintendencia Financiera establece en el Concepto No. 2001039305-1 del 19 de septiembre de 2001 lo siguiente:

"Así mismo, conviene recordar que por obligaciones pasivas, dentro de las cuales se enmarca el concepto de codeudor o deudor solidario, se entienden como "(...) las que, teniendo un objeto divisible, existen a cargo de varios deudores y colocan a cada uno de estos en la necesidad de pagar la totalidad de la deuda"1, lo cual significa, entre otros aspectos, que existen varios deudores y cada uno de ellos debe la misma cosa, por lo cual el acreedor puede exigir la cosa debida a cualquiera de ellos o dirigirse contra uno solo."

En esta medida y en el caso de las comisiones de docentes se debe aclarar que la calidad de Codeudor la adquiere una persona con respecto a la Universidad como resultado de la firma de un pagaré que junto con el contrato respectivo constituyen la garantía de dichas comisiones cuando sean remuneradas, en el cual una persona se compromete a pagar en caso de incumplimiento por parte del docente de las obligaciones establecidas en el contrato de comisión y sus prorrogas, la suma indicada junto con los intereses respectivos y a cubrir las costas y demás gastos del cobro judicial o extrajudicial a que hubiere lugar.

Ahora bien y en cuanto del termino "Solvente", es menester indicar que si bien es cierto el Acuerdo 024 de 2007 del Consejo Superior Universitario no establece lo parámetros o condiciones que debe cumplir o acreditar una persona para ser considerada solvente, se debe entender que con la incorporación de dicho término a la reglamentación que regula las comisiones docentes remuneradas, lo que se busca es que con la constitución de una garantía como el pagaré, se asegure la cabal ejecución de la comisión otorgada y se facilite mediante la utilización de procedimientos tanto judiciales como administrativos (procedimiento coactivo), de acuerdo a la responsabilidad asumida por el garante, el cobro de los dineros reconocidos por la Universidad cuando el docente incumpla los compromisos adquiridos.

Dentro de esta perspectiva el termino "codeudor solvente" debe entenderse en el marco de la protección de los intereses de la Universidad, en donde lo que se quiere es que se constituya una garantía idónea que ofrezca un alto nivel de confiabilidad, lo cual se determina con el grado de solvencia económica del garante y la evaluación que se haga de su capacidad de asumir la obligación contraída con esta institución a través de la firma del pagaré, para que en caso de un eventual incumplimiento del contrato de comisión por parte del docente comisionado la Universidad pueda perseguir no solo el patrimonio de este último, sino también del codeudor, entendiéndose que no cualquier persona puede ofrecer las características y seguridades requeridas, razón por la cual es menester establecer cuáles son esas condiciones que le permitirían a una persona asumir el papel de codeudor en la firma del pagaré respectivo como garante del cumplimiento de los compromisos aceptados por el docente.

Es así como al no existir una norma interna vigente que señale cuales deben ser las condiciones que acrediten la solvencia económica de una persona que se presente en calidad de codeudor, se debe traer a colación lo señalado por el articulo 620 del Estatuto Tributario en cuanto a la obligación para las entidades de crédito de fundamentarse en la información contenida en la declaración de renta y complementarios del solicitante correspondiente al último periodo gravable, para efectos del otorgamiento de préstamos, y para las entidades publicas como parámetro para medir la capacidad económica de los eventuales contratistas, siempre y cuando unos y otros sean sujetos de dicho impuesto, en concordancia con lo establecido en el articulo 120 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:

"Artículo 120.- Normas Aplicables a las Operaciones Activas de Crédito.

1. Información requerida para el otorgamiento de crédito. De conformidad con el artículo 620 del Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario), para efectos del otorgamiento de préstamos las entidades de crédito deberán fundamentarse en la información contenida en la declaración de renta y complementarios del solicitante, correspondiente al último período gravable. (...)"

A este respecto la Superintendencia Financiera ha impartido ciertas instrucciones generales en cuanto a las operaciones comunes a los establecimientos de crédito, mediante la expedición de la Circular Externa 007 de 1996 (Básica Jurídica), aplicable para el caso de estudio, toda vez que de lo que se trata es de verificar la capacidad económica de una persona para responder por la obligación contraída:

-Requerimientos de información: para efectos de la acreditación de su solvencia económica, respecto de aquellas personas que conforme a los artículo 7 y 8 del Estatuto Tributario están obligados a presentar la declaración del impuesto de renta y complementarios del último periodo gravable.

- Personas no declarantes: tratándose de personas no obligadas a declarar ninguna entidad de derecho público puede exigir la presentación de copia de la declaración de renta y complementarios, la cual de conformidad con el articulo 34 del Decreto 2321 de 1995, se entiende reemplazada por el certificado de ingresos y retenciones en el caso de los asalariados.

Así mismo y en cuanto a las personas que no estén obligadas a declarar y que no sean asalariadas el artículo 34 del Decreto 2321 de 1995, señala que estas se entienden reemplazadas con el certificado de que trata el Decreto 836 de 1991:

"ARTÍCULO 29. CERTIFICADO DE INGRESOS PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES. Los trabajadores independientes no obligados a declarar, podrán reemplazar, para efectos comerciales, la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, mediante una relación privada de sus ingresos, retenciones y patrimonio debidamente firmada por el contribuyente. Esta relación no requiere presentación ante la administración de impuestos." (subrayado y negrilla fuera del texto)

- Balance certificado por contador público: para quienes tienen la calidad de comerciantes definidos por el Código de Comercio y están obligadas a llevar la contabilidad de sus propios negocios, de conformidad con lo señalado por el artículo 10o. de la Ley 43 de 1990: la atestación o firma de este profesional, tratándose de balances, hará presumir que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance.

Por otra parte la Circular en cita señala que sumado a los documentos mencionados anteriormente, se deben solicitar los demás que sean conducentes para el esclarecimiento de la solvencia económica, lo que para la Universidad significa la solicitud a los potenciales codeudores de los requisitos y documentos necesarios, para efectos de lograr una adecuada evaluación de su capacidad de pago así como del riesgo asumido por la Universidad.

En esta medida la Superintendencia Financiera a través de la Circular Externa 100 de 1995 (Básica Contable y Financiera), modificada por la Circular Externa 50 de 2001 señala los criterios básicos para la evaluación del riesgo crediticio, lo cual se reitera sirve como guía a la Universidad en cuanto a los parámetros necesarios para determinar si la persona que se presenta como codeudora, es lo suficientemente solvente como para garantizar el pago de una suma de dinero en caso de incumplimiento de un compromiso u obligación por parte del docente; es así como la Circular en mención establece en cuanto a la evaluación de la capacidad de pago, que el análisis que se hace aplica tanto a los codeudores, avalistas, deudores solidarios y en general a cualquier persona natural o jurídica que, por razones de su vinculación contractual al crédito, resulte o pueda llegar a resultar directa o indirectamente responsable incondicional de las obligaciones que se deriven del mismo, resaltando la necesidad de analizar entre otros aspectos los siguientes:

-La capacidad de pago del deudor.

-La solvencia del deudor a través de variables como el nivel de endeudamiento y la calidad y composición de los activos, pasivos y patrimonio del deudor.

-Información sobre el cumplimiento actual y pasado de las obligaciones del deudor. La atención oportuna de todas las cuotas o instalamentos (sic), entendiéndose como tales cualquier pago derivado de una operación activa de crédito, que deba efectuar el deudor en una fecha determinada, independientemente de los conceptos que comprenda (capital, intereses, capital e intereses o cualquier otro concepto). Adicionalmente, su historia financiera y crediticia, proveniente de centrales de riesgo, calificadoras de riesgo, del mismo deudor o cualquier otra fuente que resulte relevante.

Análisis que al interior de la Universidad se traduciría en que el pagaré se convierta en una garantía idónea, que ofrezca no solo un respaldo jurídico al pago de la obligación en este consignada, sino una posibilidad real de hacerla efectiva.

En esta medida y aclarando que ni la legislación, la jurisprudencia o la doctrina establecen condiciones taxativas para que una persona acredite su solvencia como codeudor para garantizar una obligación determinada y para efectos de establecer cuales son los documentos necesarios para verificar la solvencia económica de una persona que se presente como codeudor de otra, además de lo anteriormente expuesto, se debe tener en cuenta el uso repetido y generalizado por parte de los establecimientos bancarios, de crédito, y entidades publicas en su reglamentación interna de ciertos requisitos para los codeudores en pro de garantizar dicha solvencia, como por ejemplo:

Cotiempo1:

"Se entiende por codeudor solvente, la persona natural con finca raíz, el cual deberá anexar los siguientes documentos:

+ Certificado de si es empleado, o declaración de renta de los últimos (2) dos años.

+ Certificado de tradición y libertad del inmueble que posee, con máximo 8 días de expedida.

+ Dos referencias comerciales.

+ Fotocopias extractos bancarios últimos 3 meses.

Sena - Directriz Jurídica No. 0019 del 05 de abril de 2005: Parámetros en Acuerdos de Pago e intereses en Jurisdicción coactiva:

"a) Garantía personal: En el caso de obligaciones cuyo monto sea superior a treinta (30) e inferior a doscientos treinta (230) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) al momento de suscribirse el convenio o el acuerdo de pago, y el pagaré cuando se trate de personas naturales, éstos serán suscritos tanto por el deudor como por un codeudor solvente que posea finca raíz y certificado laboral; en el caso de personas jurídicas, serán firmados tanto por el representante legal como por un codeudor solvente, que puede ser o no socio de la empresa deudora, a satisfacción del SENA. En el evento que no sea posible constituir la garantía personal (codeudor), deberá reemplazarse por una garantía real." (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Alcaldía de Neiva - Secretaria General:

"Presentar un codeudor solvente con propiedad raíz e ingresos que garanticen esta solvencia. Para el efecto deberá aportar certificado de matricula inmobiliaria que acredite la titularidad del bien raíz y una prueba idónea que demuestre poseer ingresos que superen el monto anual del canon de arrendamiento. (Declaración de renta, certificación de Ingresos y retenciones o Certificado suscrito por el Contador Público)."

CONCLUSIÓN

-De conformidad con lo anteriormente expuesto se puede concluir que no existe una norma expresa, interna o externa, que establezca las condiciones o requisitos que debe acreditar una persona para demostrar su solvencia económica o capacidad de pago que garantice el cumplimiento de una obligación como respaldo de un compromiso adquirido por otro.

-El uso de lo señalado tanto por el Estatuto Tributario como por la Superintendencia Financiera en cuanto a los parámetros que deben tenerse en cuenta para medir la capacidad económica, ya sea de deudores, codeudores, avalistas, o eventuales contratistas para el caso de las entidades públicas y los requisitos específicos señalados por las entidades bancarias, de crédito y públicas, para el acceso a los créditos y prestamos y en sus reglamentaciones internas respectivamente, es viable para el caso de estudio, ya que lo que se busca en últimas es verificar la capacidad económica de una persona para responder por una obligación económica como respaldo de los compromisos adquiridos por otra, lo que para la Universidad se traduce en parámetros para establecer si una persona que se presenta como codeudora, es lo suficientemente solvente como para garantizar el pago de una suma de dinero en caso de incumplimiento de un compromiso u obligación por parte del docente, administrativo o estudiante, según sea el caso.

-De acuerdo con lo anterior se puede considerar que para que un codeudor sea considerado solvente debe presentar:

+ Declaración del impuesto de renta y complementarios, la Universidad debe exigir dicho documento correspondiente al último período gravable.

+ Si es asalariado y no esta obligado a declarar, certificado de ingresos y retenciones.

+ Si es independiente y no esta obligado a declarar, certificado de ingresos para trabajadores independientes, es decir una relación privada de sus ingresos, retenciones y patrimonio debidamente firmada por el interesado.

+ Extractos bancarios de los últimos 3 meses

+ Para las personas que tienen la calidad de comerciantes y están obligadas a llevar la contabilidad de sus negocios, balance certificado por contador público.

+ Cuando por el monto de la obligación se exija finca raíz, certificado de tradición y libertad del inmueble que acredite la titularidad del bien raíz con máximo 5 días de expedida.

Los documentos anteriormente mencionados se deben solicitar dependiendo del monto de la obligación a garantizar, es decir, lo que se busca es que constituyan una prueba idónea de que el patrimonio del codeudor supera el monto que se obliga a pagar en caso del incumplimiento de los compromisos adquiridos por la persona que pretende respaldar.

No obstante lo anterior se considera necesario que el Consejo Superior Universitario expida la reglamentación que contenga las condiciones y requisitos idóneos para establecer o verificar en el caso de las garantías, la capacidad de pago o solvencia económica para los codeudores, en el caso de las comisiones docentes remuneradas.

Este concepto se emite de conformidad con el Artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe

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