Cargando el Contenido del Documento
Por favor espere...

  Concepto 70 de 2009 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 28/12/2009  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

Ver temas del documento  
  Contenido del Documento    

OFICINA JURÍDICA NACIONAL

CONCEPTO No. 70

OJN -756

Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2009

Doctora

Marcela Muñoz Cerón

Asesora Jurídica

Universidad Nacional de Colombia

Sede Manizales

Caldas

Referencia: Oficio AJ-483 de 03 de Septiembre de 2009

Respetada Doctora Marcela:

En atención al oficio de la referencia, emito respuesta a su inquietud en el siguiente sentido:

FUENTE FORMAL

Ley 734 de 2002 del Congreso de la República

Decreto 01 de 1984-Código Contencioso Administrativo

Decreto 1210 de 1993 del Presidente de la República de Colombia

Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario

Acuerdo 048 de 1995 del Consejo Superior Universitario

Acuerdo 74 de 1988 del Consejo Superior Universitario

Resolución 334 de 2007 de Rectoría

Resolución de Rectoría No. 864 de 29 de Diciembre de 1997

DESCRIPTORES

Competencia a Nivel Nacional y a Nivel de Sede para la emisión de Conceptos Jurídicos Efectos de un concepto jurídico emitido por autoridad diferente a la competente.

Consecuencias de adoptar concepto jurídico emitido por autoridad diferente a la competente.

ANTECEDENTES

De acuerdo con lo señalado en el oficio de la referencia, se solicita concepto de esta oficina relacionado con las autoridades competentes tanto en el Nivel Nacional como en el Nivel de Sede para la emisión de conceptos jurídicos, el alcance de un concepto emitido por autoridad diferente a la competente y los efectos jurídicos que se asumen por el funcionario que adopte un concepto jurídico emitido por una autoridad diferente a la competente.

Ahora bien, teniendo claro el marco normativo se procederá a definir los siguientes problemas jurídicos.

I. PROBLEMA JURÍDICO

¿Qué Oficina ostenta la competencia a nivel nacional y en las sedes para emitir conceptos jurídicos?

TESIS JURIDICA

La competencia para emitir conceptos jurídicos a Nivel Nacional y en cada una de las Sedes, es de la Oficina Jurídica Nacional y de las Oficinas Jurídicas de Sede o Asesores Jurídicos en todos aquellos asuntos que no sean de competencia de la Oficina Jurídica Nacional. Lo anterior, en razón a que:

+ Al tenor de lo dispuesto por el numeral 2 del Artículo 1 del Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 48 de 10 de Julio de 19951 "Por el cual se fijan las funciones de la Oficina Jurídica", la Oficina Jurídica Nacional es una oficina asesora de la Rectoría que tiene entre sus funciones la de "Conceptuar sobre asuntos relacionados con la Universidad y cuya competencia no haya sido asignada a las dependencias de asesoría jurídica que funcionen o se creen en las sedes".

+ Así mismo, el Artículo 2 numeral 2.5-1 de la Resolución de Rectoría No. 334 de 10 de Abril de 20072 "Por la cual se establecen las funciones generales de las dependencias del Nivel Nacional de la Universidad Nacional de Colombia", establece que es función de la Oficina Jurídica Nacional asesorar y conceptuar en temas jurídicos a los organismos de Gobierno de la Universidad a nivel nacional y a los Directores de Sede de Presencia Nacional.

Así las cosas, de conformidad con las disposiciones normativas señaladas anteriormente, es claro que la Oficina Jurídica Nacional es la dependencia a la que compete conceptuar en temas jurídicos relacionados con asuntos de la Universidad, solicitados por los organismos de Gobierno de la Universidad Nacional a Nivel Nacional y por los Directores de las Sede de Presencia Nacional. En este sentido y con el propósito de definir el alcance de las disposiciones normativas, señaladas anteriormente es importante anotar que:

a. Organización Académica-Administrativa de la Universidad Nacional: Al respecto, el numeral 1 del Artículo 5 del Acuerdo 011 de 20053 "Estatuto General de la Universidad Nacional", establece que la Universidad Nacional se encuentra organizada académica y administrativamente en tres niveles, el nivel nacional, el nivel de sede y el nivel de facultad.

b. Nivel Nacional de dirección y organización: Ahora bien, teniendo claro que uno de los niveles de organización académica y administrativa, es el Nivel Nacional, es oportuno señalar que al tenor de lo dispuesto por el Artículo 12 del Acuerdo 011 de 20054" Estatuto General de la Universidad Nacional", éste nivel se encuentra integrado por el Consejo Superior Universitario, el Rector, el Consejo Académico, las Vicerrectorías Académica, General, de Investigación y sus dependencias, la Secretaría General y sus dependencias y el Comité de Vicerrectores.

Así las cosas, de lo anterior se concluye que le compete a la Oficina Jurídica Nacional, conceptuar sobre temas jurídicos relacionados con asuntos de la Universidad y solicitados por el Consejo Superior Universitario, el Rector, el Consejo Académico, las Vicerrectorías Académica, General, de Investigación y sus dependencias, la Secretaría General y sus dependencias, el Comité de Vicerrectores y los Directores de Sedes de Presencia Nacional.

Así mismo, resulta procedente anotar que una vez revisada en su integridad la Resolución 334 de 2007 "Por la cual se establecen las funciones de las dependencias del Nivel Nacional", no se identificó la existencia de otra oficina distinta a la Oficina Jurídica Nacional, como instancia competente en el Nivel Nacional para conocer y conceptuar en materia jurídica.

Ahora bien, en relación con la instancia competente en el Nivel de Sede, para conocer y conceptuar en materia jurídica, se tiene que el Acuerdo No. 048 de 1995 "Por el cual se fijan las funciones de la Oficina Jurídica", consagra:

"Artículo 2. Cada una de las sedes de la Universidad debe contar con su propia Oficina Jurídica, como dependencia asesora del Vicerrector de Sede correspondiente, que se encargará del cumplimiento de las funciones que preceden, en cuanto que ellas no competan a la Oficina Jurídica Nacional. (Subrayadas fuera del texto)

De lo anterior se concluye que cada una de las Sedes de la Universidad contará con su propia Oficina Jurídica asesora del Vicerrector. Sin embargo, es importante destacar que a la fecha la estructura orgánica de Sedes como la de Palmira o la de Manizales, no cuenta con la Oficina Jurídica como Dependencia, sin embargo las funciones de la Oficina Jurídica son asumidas por el Asesor Jurídico del Vicerrector de la Sede.

De conformidad con lo anterior y con el propósito de identificar la competencia que debe ser asumida por las Oficinas Jurídicas de Sede o por los Asesores Jurídicos de Sede, es necesario partir de la base que las Oficinas Jurídicas de Sede, tendrán una competencia que comparada con la ejercida por la Oficina Jurídica Nacional, podría denominarse como "subsidiaria", toda vez que a las Oficinas Jurídicas de Sede o a los Asesores Jurídicos de Sede les corresponderá conocer de todos aquellos asuntos previamente definidos en el mismo Acuerdo 048 de 1995, que no sean competencia de la Oficina Jurídica Nacional.

Así las cosas es importante tener en cuenta que una de las funciones establecidas por el Acuerdo 048 de 1995, es la consagrada en el Numeral 2 del Artículo 1, en la que se señala:

"Artículo 1. La Oficina Jurídica, como oficina asesora de la Rectoría cumplirá las siguientes funciones:

Asuntos de asesoría (...)

2. Conceptuar sobre asuntos jurídicos relacionados con la Universidad y cuya competencia no haya sido asignada a las dependencias de asesoría jurídica que funcionen o se creen en las sedes. (...)

De conformidad con lo anterior y con el propósito de identificar la competencia de las dependencias de asesoría jurídica que funcionen o se creen en las sedes será necesario establecer si la norma de creación de la respectiva dependencia de asesoría jurídica se asignaron competencias específicas en cada una de las Sedes en relación con la facultad para conceptuar sobre asuntos jurídicos. Para el efecto este despacho una vez revisada la normatividad relacionada con los actos de creación de las oficinas jurídicas, este Despacho logró establecer:

+ En relación con la Oficina Jurídica de la Sede Bogotá, la Resolución de Rectoría No. 864 de 29 de Diciembre de 1997 "Por la cual se organiza la Sede de Santafé de Bogotá y se redefine la estructura del nivel nacional", solamente señala en su Artículo primero que la Oficina Jurídica hace parte de la estructura organizativa de la Vicerrectoría de Sede de Santafé de Bogota y cuanto a la competencia específica de la Oficina Jurídica de la Sede de Santafé de Bogotá, la Resolución de Rectoría no efectúa manifestación alguna al respecto.

+ En relación con la Oficina Jurídica de la Sede Manizales, el Acuerdo No. 74 de 16 de Diciembre de 1988 "Por el cual se establece la estructura organizativa de la Dirección Seccionales en Manizales", establece que la Oficina Jurídica es una Dependencia Asesora y limita la competencia de la misma al apoyo y servicio académico y de servicios administrativos requeridos en la Seccional Manizales.

+ En relación con la Oficina Jurídica de la Sede Medellín, no se encontró norma alguna en la cual expresamente se señale la estructura organizativa a la que pertenece la Oficina Jurídica, ni la competencia asignada a esta dependencia

+ En relación con la Oficina Jurídica de la Sede Palmira, la Resolución 273 de 27 de Julio de 1998 "Por la cual se dictan disposiciones sobre la organización actual de la Sede Palmira y se delegan algunas funciones", establece que la Oficina Jurídica es una oficina asesora del Vicerrector de Sede que funciona bajo su dirección y coordinación. Sin embargo, en relación con la competencia asignada a esa oficina, la Resolución no efectúa manifestación alguna.

En razón a lo anterior, es oportuno afirmar que la normatividad vigente no contempla disposición alguna mediante la cual se asigne a las dependencias jurídicas de las Sedes algún tipo de competencia especial en relación con la facultad de conceptuar sobre asuntos jurídicos relacionados con la Universidad. Así las cosas, con el propósito de identificar la competencia que se debe asumir por las Oficinas Jurídicas de Sede o por los Asesores Jurídicos de Sede, se tendrá que partir de la base que todas las funciones que en materia jurídica no sean de la Oficina Jurídica Nacional, tendrán que ser asumidas por las Oficinas Jurídicas de las Sedes o por los Asesores Jurídicos del Vicerrector.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la competencia para asesor jurídicamente en las Sedes y en especial para emitir conceptos jurídicos relacionada con asuntos de la Sede y solicitados por los organismos de gobierno del Nivel de Sede (Consejo de Sede, la Vicerrectoría de Sede y sus dependencias, la Secretaria de Sede y sus dependencias, los Institutos de Investigación de Sede y los Centros de Sede), no le corresponde ejercerla a la Oficina Jurídica Nacional, será responsabilidad de las Oficinas Jurídicas de Sede o de los Asesores Jurídicos de Sede resolver las consultas y emitir los conceptos que se soliciten por estos organismos.

En razón a lo anterior y con el propósito de concretar el alcance de la anterior afirmación se debe tener en cuenta que al tenor de lo dispuesto por los Artículos 11 y 12 del Acuerdo 011 de 2005 "Estatuto General de la Universidad Nacional" son organismos de Gobierno en el Nivel de Sede:

a) Gobierno de la Universidad a Nivel de Sede: De conformidad con lo señalado por el Artículo 11 del Acuerdo 011 de 20055 "Estatuto General de la Universidad Nacional", constituyen el gobierno de la Universidad en el Nivel del Sede a) El Consejo de Sede y b) Los Vicerrectores.

b) Niveles de dirección y organización: En concordancia con lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 12 del Acuerdo 011 de 2005 "Estatuto General de la Universidad Nacional", la dirección y organización del Nivel de Sede, esta integrado por el Consejo de Sede, la Vicerrectoría de Sede y sus dependencias, la Secretaria de Sede y sus dependencias, los Institutos de Investigación de Sede y los Centros de Sede.

Adicionalmente, es importante señalar que los conceptos jurídicos que se emitan por las Oficinas Jurídicas de Sede o por los Asesores Jurídicos del Vicerrector, deben observar los criterios jurídicos que previamente se fijen por la Oficina Jurídica Nacional en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 2, numeral 2.5.2 de la Resolución 334 de 20076 "Por la cual se establecen las funciones de las dependencias del Nivel Nacional". Lo anterior, no significa que cada concepto jurídico que se emita por una Oficina Jurídica de Sede o por un Asesor Jurídico de Sede, deba ser consultado previamente a la Oficina Jurídica Nacional, por el contrario, el concepto debe ser emitido directamente por la Sede pero atendiendo a los criterios jurídicos, orientaciones o instrucciones que sobre el tema hubieran sido fijados por la Oficina Jurídica Nacional.

CONCLUSIÓN

De conformidad con lo anterior, este despacho concluye que la competencia para emitir conceptos jurídicos a Nivel Nacional y solicitados por el Consejo Superior Universitario, el Rector, el Consejo Académico, las Vicerrectorías Académica, General, de Investigación y sus dependencias, la Secretaría General y sus dependencias, el Comité de Vicerrectores y los Directores de Sedes de Presencia Nacional le corresponde ejercerla a la Oficina Jurídica Nacional y la competencia para emitir conceptos jurídicos en el Nivel de Sede solicitados por el Consejo de Sede, la Vicerrectoría de Sede y sus dependencias, la Secretaria de Sede y sus dependencias, los Institutos de Investigación de Sede y los Centros de Sede le corresponde ejercerla a las Oficinas Jurídicas de Sede o en su defecto de los Asesores Jurídicos del Vicerrector, siendo el Nivel de Sede responsable por emitir sus conceptos de acuerdo con los criterios, orientaciones o instrucciones jurídicas fijadas previamente por la Oficina Jurídica Nacional.

II. PROBLEMA JURÍDICO

¿Cuales son los efectos jurídicos de un concepto jurídico emitido por una autoridad diferente a la competente?

TESIS JURÍDICA

El concepto jurídico que se emita por un funcionario o autoridad universitaria diferente a la Oficina Jurídica Nacional, las Oficinas Jurídicas de Sede o los Asesores Jurídicos de Sede no tendrá la facultad de fijar criterios de instrucción, orientación o coordinación en materia jurídica. Adicionalmente, el concepto jurídico emitido en las anteriores circunstancias será susceptible de ser anulado ante la jurisdicción contenciosa administrativa, así como los actos jurídicos que se llegaran a expedir tomando como referencia el concepto emitido por la autoridad incompetente. Lo anterior en razón a que:

1. Naturaleza de los conceptos jurídicos

En relación con la naturaleza jurídica de los conceptos es importante tener en cuenta que el Artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, señala:

"Art. 25.- Consultas. El derecho de petición incluye el de formular consultas escritas o verbales a las autoridades, en relación con las materias a su cargo, y sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales.

Estas consultas deberán tramitarse con economía, celeridad, eficacia e imparcialidad y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días.

Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las entidades que las atiendan, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución."

De conformidad con lo anterior y para el caso que nos ocupa es preciso señalar que las consultas jurídicas se podrán contestar a través de la emisión de conceptos jurídicos en los cuales se expresan opiniones o posiciones jurídicas de las instancias pertinentes en relación con un determinado asunto jurídico.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que en el campo del derecho contencioso administrativo, los conceptos, opiniones o instrucciones, tienen la naturaleza jurídica de "Circulares de Servicio". Así las cosas, en relación con el concepto de circulares de servicio la Sección Primera del Consejo de Estado, en Sentencia 3531 de 16 de Febrero de 2001, Consejera Ponente Olga Inés Navarrete Barrero, señaló:

"También por vía de doctrina se han efectuado importantes aportes orientados a puntualizar la existencia de un acto administrativo y, a distinguirlo de otro tipo de actos, como las llamadas circulares de servicio, cuyo alcance es el de instruir, orientar o coordinar a la administración, pero, jamás tiene la virtualidad de obligar, ejemplo los conceptos de los asesores jurídicos; los certificados de tiempo de servicio".

Por lo anterior, es importante anotar que si bien las respuestas a tales consultas tienen la facultad de instruir, orientar o coordinar la interpretación y aplicación de normas en relación con un asunto jurídico en particular, las instrucciones, orientaciones que se profieran por la instancia que emita el concepto no serán de obligatorio cumplimiento para quien efectúe la consulta.

2. Efectos de un concepto jurídico proferido por autoridad incompetente.

Ahora bien, en relación con los efectos que podría surtir un concepto jurídico emitido por una autoridad diferente a la competente, es importante tener en cuenta el Artículo 121 de la Constitución Política de Colombia, en relación con la legalidad de las actuaciones estatales adelantadas por autoridades igualmente estatales pero sin competencia para el ejercicio de las mismas, señala:

"Art. 121.- Legalidad de las actuaciones estatales. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley."

De esta manera y para el caso que nos ocupa, se debe partir de la base que el Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 048 de 1995 "Por el cual se fijan las funciones de la Oficina Jurídica", consagra que el ejercicio de las funciones relacionadas con la emisión de conceptos jurídicos le corresponde ejercerla a la Oficina Jurídica Nacional, a las Oficinas Jurídicas de Sede o a los Asesores Jurídicos del Vicerrector. Por lo anterior, las actuaciones relacionadas con la emisión de conceptos jurídicos que se adelanten por funcionarios que de conformidad con la constitución, la ley y las normas internas de la Universidad no tengan dentro de sus funciones legalmente atribuidas la emisión de conceptos jurídicos, soportaran un vicio de ilegalidad y en este sentido serán susceptibles de ser anuladas.

Adicionalmente, el Artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, señala:

"Articulo 84. Acción de Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.

Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionario u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro."

Así las cosas, el concepto jurídico que se profiera por un funcionario que no tenga la competencia para su expedición, bien sea porque el funcionario que lo expide carece de las facultades para instruir, orientar o coordinar en materia jurídica o porque teniendo estas facultades se extralimita en el ejercicio de las mismas, como sería el caso de las Oficinas Jurídicas o Asesores Jurídicos de las Sedes en el evento en que conceptúen sobre asuntos jurídicos de competencia de la Oficina Jurídica Nacional, además de ser ilegal conforme al Artículo 121 de la Constitución Política de Colombia, será susceptible de ser anulado en términos del Artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

3. Efectos de adoptar un concepto jurídico emitido por una autoridad incompetente

Ahora bien, en relación con los actos administrativos que se expidan con fundamento en un concepto jurídico emitido por una autoridad distinta a la competente, serán de igual manera susceptibles de ser anulados mediante la acción de nulidad o la acción de nulidad y restablecimiento el derecho, según corresponda. Lo anterior, en razón a que el acto administrativo que se expida en estos términos, estará falsamente motivado al invocar como argumentos de su expedición argumentos jurídicos errados, ilegales y susceptibles de anulación. Al respecto, la Sentencia proferida el 17 de Febrero de 2008, por la Sección Primera del Consejo de Estado, con Número de Radicación No. 5501 y Consejero Ponente Manuel Santiago Urueta Ayola, señala que:

"La falsa motivación se presenta cuando la situación de hecho que sirve de fundamento al acto administrativo se revela inexistente, o cuando existiendo unos hechos, éstos han sido calificados erradamente desde el punto de vista jurídico, generándose en la primera hipótesis, el error de hecho, y en la segunda, el error de derecho, como modalidades diferentes de la falsa motivación".

Así mismo en relación con los efectos de un acto administrativo expedido con base en motivos falsos, el Consejo de Estado, mediante Sentencia del 08 de Febrero de 2007, con Número de Radicación 15298 y proferida por la Consejera Ponente María Inés Ortiz Barbosa, señaló:

"Ahora bien, el artículo 84 del C.C.A., establece como una de las causales para que proceda la nulidad de los actos administrativos, la falsa motivación. Sobre esta causal de anulación la Sala7 ha precisado que es el vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo, es decir, que las razones expuestas por la Administración al tomar la decisión, sean contrarias a la realidad.

La causa o motivo de los actos administrativos (elemento causal) se conforma de los fundamentos de hecho y de derecho que son los que determinan la decisión que la Administración adopta, así cuando existe falsa motivación, se entiende que la sustentación fáctica en que se apoya no corresponde a la realidad."

Así las cosas, el Acto Administrativo que se expida adoptando como motivos para su expedición los presentados en un concepto emanado por una autoridad que no es la competente para el efecto, también será susceptible de ser anulado a través de la acción de nulidad o la acción de nulidad y restablecimiento del derecho según corresponda.

CONCLUSIÓN

De conformidad con lo anterior, se concluye que el concepto denominado como jurídico, que se expida por una autoridad que no tenga la competencia para el efecto al interior de la Universidad o que aun teniéndola exceda las atribuciones conferidas, carecerá de legalidad de conformidad con lo establecido en el Artículo 121 de la Constitución Política, así mismo será susceptible de anulación de conformidad con lo establecido en el Artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. Adicionalmente, el acto administrativo que se expida con base en un concepto emanado por una autoridad diferente a la competente también será susceptible de ser anulado en razón a la falsa motivación del Acto y con fundamento en el Artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

III. ¿Cuales son las consecuencias de adoptar un concepto jurídico emitido por una autoridad diferente a la competente?

Al respecto, es importante tener en cuenta que el concepto jurídico que se emita por una autoridad que no tenga la competencia para el efecto, tendrá consecuencias tanto para el funcionario que emite el concepto como para el funcionario que lo adopta.

Así las cosas, el servidor que emite un Concepto Jurídico sin tener la competencia para hacerlo, será responsable disciplinariamente por la vulneración al régimen de prohibiciones de los servidores públicos previsto en el Numeral 1 del Artículo 35 de la Ley 734 de 2002 "Código Único Disciplinario" y el Artículo 8 del Acuerdo 18 de 1998 "Régimen Disciplinario de Personal Administrativo", los cuales señalan:

"Ley 734 de 2002.

Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo." (Subrayados y resaltados fuera del texto)

"Acuerdo 018 de 1998.

2. Artículo 8. Faltas disciplinarias. Constituye falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y obligaciones, el abuso o extralimitación en el ejercicio de los derechos y funciones, e incurrir en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses consagrados en la Constitución Política, la ley y las normas de la Universidad. (Subrayados y resaltados fuera del texto)

En este sentido, el servidor que sin pertenecer a la Oficina Jurídica Nacional o de Sede o sin ser Asesor Jurídico del Vicerrector de alguna de las Sedes que no cuenten con Oficina Jurídica, emita un concepto jurídico, se extralimitará en sus funciones, toda vez que como se señaló anteriormente en virtud de lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución 334 de 2007, así como en los Artículos 1 y 2 del Acuerdo 048 de 1995, la competencia para la emisión de conceptos está radicada en la Oficina Jurídica Nacional, en las Oficinas Jurídicas de Sede y en los Asesores Jurídicos del Vicerrector en aquellas Sedes en donde no exista Oficina Jurídica como dependencia.

Ahora bien, en relación con la consecuencia jurídica que se derive para el servidor que adopte un concepto jurídico emanado de una autoridad distinta a la competente, es importante anotar que el mismo también será sujeto de responsabilidad disciplinaria en razón a que con su conducta incurriría en la vulneración del Artículo 8 del Acuerdo 018 de 1998, atrás mencionado y vulnerará adicionalmente el régimen de deberes establecido en el Numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002que señala:

"Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente." (Subrayados y resaltados fuera del texto)

Lo anterior, en razón a que adoptar el concepto que se profiera por una dependencia o funcionario que no sea competente implicará el desconocimiento del régimen de funciones y competencias, establecido al interior de la Universidad.

Adicionalmente, adoptar un concepto jurídico que no se expida por la autoridad competente, implicará el incumplimiento del régimen de deberes establecido en el numeral 2 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, que establece:

"Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función."

Lo anterior, en razón a que el servicio encomendado a un funcionario, que se realice con base en un concepto jurídico emitido por una autoridad incompetente para el efecto, implicará falta de diligencia del funcionario que adopta el concepto al no verificar la procedencia y validez del concepto que toma como referencia para el ejercicio de sus funciones.

CONCLUSIÓN

Adoptar un concepto jurídico emitido por una autoridad diferente a la competente implicará la imputación de responsabilidad disciplinaria para el funcionario que emite el concepto jurídico así como para el funcionario que lo adopta.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe

NOTAS DE PIE DE PÁGINA:

1 Acuerdo del CSU No. 048 de 1995. Artículo 1. La Oficina Jurídica como oficina asesora de la Rectoría cumplirá las siguientes funciones:

Asuntos de asesoría

2. Conceptuar sobre asuntos jurídicos relacionados con la Universidad y cuya competencia no haya sido asignada a las dependencias de asesoría jurídica que funcionen o se creen en las sedes.

2 Resolución de Rectoría No. 334 de 2007. Articulo 2. Funciones de las oficinas adscritas a la Rectoría: Las siguientes son las funciones de las oficinas adscritas a la Rectoría:

2.5 Oficina Jurídica Nacional

1. Asesorar y conceptuar en temas jurídicos a los organismos de Gobierno de la Universidad a nivel nacional y a los Directores de Sedes de Presencia Nacional.

3 Acuerdo del CSU. No. 011 de 2005. Artículo 5. Régimen de autonomía. En razón de su naturaleza y fines, la organización y funcionamiento de la Universidad Nacional de Colombia en todos los órdenes, se rige por el principio de autonomía universitaria garantizado por el artículo 69 de la Constitución Política, conforme al cual, en los términos señalados en la Ley 30 de 1992 y en el artículo 3 del Decreto Extraordinario 1210 de 1993, tiene capacidad para regular con independencia y con sujeción a la Constitución Política y a la Ley todas las materias de naturaleza académica, financiera y administrativa, indispensables para el cumplimiento de su objeto y, principalmente, las siguientes:

1. La organización académica y administrativa de los niveles: Nacional, de Sede, de Facultad y de otras modalidades organizativas, y la forma de designación de sus directivas. Se observarán para este efecto los principios de no duplicidad funcional y de eficiencia, y se establecerá una estructura básica, y criterios o directrices para la organización de los niveles de Sede y de Facultad.

4 Acuerdo del CSU No. 011 de 2005 Artículo 12. Niveles de dirección y organización. La Universidad estará organizada académica y administrativamente en tres niveles de dirección y organización:

NIVEL NACIONAL

Consejo Superior Universitario

Rectoría

Consejo Académico

Vicerrectorías Académica, General, de Investigación y sus dependencias

Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y sus dependencias

Secretaría General y sus dependencias

Comité de Vicerrectores

5 Acuerdo 011 de 2005. ARTÍCULO 11. Gobierno de la Universidad. Constituyen el gobierno de la Universidad

Nacional de Colombia:

1. El Consejo Superior Universitario

2. El Rector

3. El Consejo Académico

4. Los Consejos de Sede

5. Los Vicerrectores

6. El Gerente Nacional Financiero y Administrativo

7. Los Directores de Sede de Presencia Nacional

8. Los Consejos de Facultad

9. Los Decanos

10. Los Directores de Instituto de Investigación y de Centro.

11. Los Directores de Departamento, los Directores de Programas Curriculares y las demás autoridades, cuerpos y formas de organización que se establezcan de acuerdo con lo previsto en este Estatuto.

6 Resolución de Rectoría No. 334 de 2007. Artículo 2. Funciones de las oficinas adscritas a la Rectoría: Las siguientes son las funciones de las oficinas adscritas a la Rectoría:

2.5. OFICINA JURÍDICA NACIONAL

2. Fijar criterios jurídicos y coordinar su aplicación en la Universidad a través de las dependencias jurídicas de las Sedes.

7 Sentencia de 7 de abril del 2000, Expediente No. 9773, Actor: Ferretería ICA Ltda., C.P. Dr. Daniel Manrique Guzmán