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  Concepto 3 de 2011 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 21/01/2011  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

CONCEPTO No. 3

MEMORANDO

Para: Jorge Ernesto Durán Pinzón, Secretario General

Consecutivo: 84

Referencia: Su oficio SG- 0038-11 del 18 de enero de 2011

Fecha: 21 de enero de 2011.

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta la solicitud formulada por usted en oficio SG- 0038 - 11 del 18 de enero de 2011 por medio del cual solicita se aclare el alcance y la forma de aplicación de lo prescrito en el parágrafo 4 del artículo 4 del acuerdo 029 de 2010 del Consejo Superior Universitario, de manera atenta se observa:

FUENTE FORMAL:

Constitución Política

Acuerdo 020 de 2001 del Consejo Académico

Acuerdo 08 de 2008 del Consejo Superior Universitario

Acuerdo 026 de 2010 del Consejo Superior Universitario

Acuerdo 029 de 2010 del Consejo Superior Universitario

PROBLEMA JURÍDICO:

¿Qué alcance tiene el Acuerdo 029 de 2010 en especial lo prescrito en el parágrafo 4 del artículo 4 del mismo?

TÉSIS JURÍDICA:

Las disposiciones del acuerdo 029 de 2010 y en especial lo prescrito en el parágrafo 4 del artículo 4, debe entenderse que no aplica para los estudiantes actuales de los posgrados, para los admitidos a los programas curriculares de los posgrados. Sin perjuicio de lo anterior por el principio de favorabilidad debe aplicárseles a quienes el cambio en el costo de matrícula les favorece.

NORMATIVIDAD:

a. Acuerdo 20 de 2001:

"CAPÍTULO 8:

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

"Artículo 49. Derechos Administrativos. Todos los estudiantes de postgrado deben pagar derechos administrativos conforme a la siguiente tabla:

DERECHOS

PUNTOS

Inscripción

10

Matrícula o renovación de matrícula

 

- Especializaciones

40

- Especialidades del área de la salud

20

- Maestrías

40

- Doctorados

20

Matrícula extemporánea

30

Cancelación de período académico

5

Reserva de cupo

10

Derechos de grado

20

Expedición de certificados y calificaciones semestrales

1

Expedición de certificados o calificaciones de estudio de todo el programa

5

Duplicado del diploma

35

Adición extemporánea de asignaturas

5

Cancelación de asignaturas

5

Exámenes de validación

10

Exámenes supletorios

5

Parágrafo 1. El valor del punto deberá ser definido por el Consejo superior Universitario. Mientras se define este valor, un punto equivale a un día de salario mínimo mensual legal vigente.

Parágrafo 2. Para los estudios de postgrado que funcionen con un régimen anual los puntos para los derechos administrativos son los siguientes:

Matrícula o renovación de matrícula

- Especializaciones

80

- Especialidades del área de la salud

40

- Maestrías

80

- Doctorados

40

Matrícula extemporánea

60

Los demás derechos se regirán según lo establecido anteriormente.

Parágrafo 3. Los estudiantes de las Especialidades del área de la salud, Maestrías y Doctorados de áreas biológicas, y los de los postgrados de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Producción Animal, para poder matricularse pagarán adicionalmente a los derechos administrativos estipulados en este artículo, 10 puntos por Bienestar Universitario en el régimen semestral o 20 puntos en el régimen anual, con el fin de contribuir al pago de la afiliación a una Administradora de Riesgos Profesionales - ARP, en los términos de las normas vigentes.

Parágrafo 4. El número de puntos por matrícula extemporánea es adicional al número de puntos por concepto de matrícula o renovación de matrícula.

Artículo 50. Derechos Académicos. Todos los estudiantes de postgrado deben pagar los derechos académicos que por concepto de nivelaciones, asignaturas, tutorías, tesis, biblioteca, laboratorios, prácticas de campo y otras actividades que determinen los Consejos de Facultad. Para este efecto se observarán las siguientes reglas:

1. Para el establecimiento de tales derechos los Consejos de Facultad definirán un número de puntos teniendo en cuenta los anteriores conceptos, los recursos requeridos y el régimen de períodos académicos. El total de puntos de los derechos académicos en los programas de postgrado no será inferior a cincuenta (50) puntos ni podrá exceder de doscientos (200) puntos por período académico. Cuando sea necesario variar esos límites, deberá obtenerse la aprobación del Consejo Superior Universitario.

2. Los derechos académicos de los programas curriculares que conduzcan al mismo título o a uno equivalente en las diferentes Sedes, no podrán diferir en un valor que exceda el 15%, lo cual será controlado por la Vicerrectoría Académica".

b. Acuerdo 008 de 2008: Por el cual se adopta el estatuto estudiantil en sus disposiciones académicas:

"ARTÍCULO 2. Admisión. La admisión es el proceso mediante el cual se selecciona a los estudiantes de alguno de los planes de estudio de la institución, con la aplicación de los mecanismos que establezca la Universidad. Estos mecanismos de selección están sujetos a la disponibilidad de cupos y a las políticas de ingreso que las autoridades académicas determinen para la efectiva utilización de los mismos.

ARTÍCULO 3. El Consejo Superior Universitario podrá crear, modificar y reglamentar programas de admisión especiales. Dicha reglamentación debe establecer, entre otros aspectos, las condiciones académicas y de bienestar específicos que tendrán los admitidos a través de estos programas.

ARTÍCULO 4. Los aspirantes seleccionados adquieren el estado de admitidos y deberán hacer uso del derecho de matrícula inicial en los plazos establecidos por la Universidad. En caso contrario perderán el estado de admitidos. (...)

ARTÍCULO 13. Matrícula Inicial. Es el acto inicial e individual por el cual el admitido a la Universidad adquiere la calidad de estudiante. Para este acto el admitido deberá:

a. Entregar la documentación exigida.

b. Pagar los costos establecidos por la Universidad.

c. Realizar la inscripción.

ARTÍCULO 14. Renovación de Matrícula. En cada período académico el estudiante renovará la matrícula una vez cancele el valor de ésta, se encuentre a paz y salvo por todo concepto y realice la inscripción de asignaturas o actividades académicas. En caso contrario se pierde la calidad de estudiante..."

c. Acuerdo 029 del Consejo Superior Universitario:

"Por el cual se establece el costo de matrícula de los programas curriculares de postgrado de la Universidad Nacional de Colombia"

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y específicamente de lo establecido en el numeral 18, artículo 14, del Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario - Estatuto General, y

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario actualizar el costo de la matrícula de los programas curriculares de postgrado de la Universidad Nacional de Colombia.

Que en sesión 09 de 2010, realizada el 29 de octubre, el Consejo Académico remitió con concepto favorable la propuesta ante el Consejo Superior Universitario.

Que en sesión 13 de 2010, realizada el 14 de diciembre, el Consejo Superior Universitario estudió la propuesta presentada.

Que en mérito de lo anterior (...)

ARTÍCULO 1. Sistema de puntos. Los costos de matrícula para los estudiantes de postgrado de la Universidad Nacional de Colombia se definen mediante un sistema de puntos establecido por el Consejo Superior Universitario, en el que un (1) punto equivale a un (1) día de salario mínimo mensual legal vigente.

ARTÍCULO 2. Costos de matrícula de los programas curriculares de postgrado. Para cursar un programa curricular de postgrado, los estudiantes de postgrado de la Universidad Nacional de Colombia deberán cancelar los siguientes costos de matrícula en cada período académico:

a). Derechos administrativos

b). Derechos académicos

c). Bienestar

d). Póliza de accidentes estudiantiles

Parágrafo 1. Los costos correspondientes a derechos administrativos, póliza de accidentes estudiantiles y bienestar serán fijos y los costos de derechos académicos pueden variar de acuerdo con el programa curricular.

Parágrafo 2. En el momento de la matrícula y la renovación de matrícula, los estudiantes deberán presentar una certificación de afiliación al sistema general de seguridad social en salud, en cualquiera de sus modalidades, y deberán continuar afiliados mientras conserven la calidad de estudiantes de la Universidad Nacional. Los estudiantes extranjeros deberán presentar la copia vigente de algún seguro médico que tenga cubrimiento en Colombia mientras conserven la calidad de estudiantes de la Universidad Nacional.

Parágrafo 3. Los estudiantes de programas curriculares de postgrado que estén en convenios de relación docencia - servicio deberán ser vinculados por parte de la Universidad a los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Riesgos Profesionales mientras dure el entrenamiento y estarán cobijados por la normativa expedida en el Decreto 2376 del 1 de julio de 2010 o las normas que lo modifiquen o deroguen. Estos recursos deben ser asignados por la Facultad correspondiente.

ARTÍCULO 3. Derechos Administrativos. Los derechos administrativos comprenden todos aquellos elementos de soporte administrativo que se requieren para el correcto funcionamiento de un programa curricular de postgrado. Los derechos administrativos corresponden a treinta (30) puntos en los programas de postgrado de régimen semestral y a sesenta (60) puntos en los programas de postgrado de régimen anual.

Parágrafo. El costo por matrícula extemporánea corresponderá a treinta (30) puntos. Este cobro es adicional al número de puntos por concepto de matrícula o renovación de matrícula.

ARTÍCULO 4. Derechos Académicos. Los derechos académicos incluyen, entre otros, nivelaciones, asignaturas, tutorías, tesis, biblioteca, laboratorios, prácticas de campo y otras actividades que determinen los Consejos de Facultad o Comités Académico Administrativos de las Sedes de Presencia Nacional.

Los derechos académicos serán establecidos por los respectivos Consejos de Facultad o Comités Académico Administrativos y no podrán superar los doscientos (200) puntos en los programas de régimen semestral, y cuatrocientos (400) puntos en los programas de régimen anual.

Parágrafo 1. Los puntos que por derechos académicos deberán pagar los estudiantes en los programas curriculares con igual nombre e igual titulación, pero de diferentes sedes, podrán diferir en máximo un 10%. La verificación de esta diferencia máxima estará a cargo de la Dirección Nacional de Programas de Postgrado.

Parágrafo 2. Cuando se incurra en costos adicionales en la implementación de un programa curricular de postgrado en convenio con otra institución, el convenio que se establezca deberá contemplar cómo se sufragarán esos costos adicionales.

Parágrafo 3. Los Consejos de Facultad o Comités Académico Administrativos podrán eximir total o parcialmente de los costos de derechos académicos a los estudiantes de postgrado de la Universidad Nacional de Colombia, de conformidad con las disposiciones establecidas para el efecto en los convenios suscritos por la Universidad.

Parágrafo 4. El costo de los derechos académicos para estudiantes extranjeros será el doble del costo establecido por los Consejos de Facultad o Comités Académico Administrativos para los programas curriculares de postgrado de la Universidad Nacional de Colombia.

ARTÍCULO 5. Costos de Bienestar. Los estudiantes de los programas de postgrado de la Universidad Nacional de Colombia de régimen semestral pagarán diez (10) puntos por concepto de bienestar, y los de régimen anual veinte (20) puntos, como parte de los costos de la matrícula.

ARTÍCULO 6. Costo de póliza de accidentes estudiantiles. La Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, de conformidad con el costo de la póliza de accidentes que adquiera la Universidad Nacional de Colombia, establecerá el costo semestral o anual por estudiante.

ARTÍCULO 7. Fechas de pago para los programas curriculares de postgrado. Los costos de los derechos administrativos, los derechos académicos, el bienestar y la póliza de accidentes estudiantiles se cancelarán en las fechas establecidas por los calendarios académicos de las sedes, expedidos por los Consejos de Sede o Comités Académico Administrativos.

Parágrafo. En cada período académico el estudiante renovará la matrícula una vez cancele los costos señalados en el presente Acuerdo, se encuentre a paz y salvo por todo concepto y realice la inscripción de asignaturas o actividades académicas, de conformidad con el calendario académico establecido por la Universidad. En caso contrario, podrá perder la calidad de estudiante.

ARTÍCULO 8. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Capítulo 8 del Acuerdo 020 de 2001 del Consejo Académico, el Acuerdo 009 de 2002 del Consejo Superior Universitario y todas aquellas disposiciones que le sean contrarias."

DESARROLLO DEL PROBLEMA:

El Acuerdo 029 de 2010 del Consejo Superior Universitario establece el costo de matrícula de los programas curriculares de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, norma que se expidió en virtud a que consideró el Consejo Superior Universitario necesario actualizar el costo de la matrícula de los programas curriculares de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia.

Esta disposición determina en su artículo 1 un sistema de puntos, para los costos de matrícula, en el que un (1) punto equivale a un (1) día de salario mínimo mensual legal vigente, de conformidad con lo cual, entre otros, establece el costo de la matrícula para estudiantes extranjeros de posgrado.

La disposición guarda concordancia con lo determinado por el estatuto estudiantil o Acuerdo 008 de 2008, el que implementó una reforma de acuerdo con las dinámicas académicas propias de la época de su expedición, en coherencia con lo cual se vio pertinente por el Consejo Superior Universitario actualizar los costos de matrícula para los programas de posgrado.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede deducir en principio que: 1) Se hacía necesario actualizar el sistema el costo de la matrícula de los programas curriculares de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia en virtud a las reformas académicas que venían dándose a partir del Acuerdo 008 de 2008 2) que el Acuerdo 029 de 2010 entró a derogar el anterior sistema de costo de matrícula regulado por el Acuerdo 020 de 2001 para los estudiantes de posgrado 3) que La disposición, cobija en principio a todos los estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia.

Ahora bien el mencionado Acuerdo 029 de 2010 de conformidad con lo dispuesto en su artículo 8 comenzó a regir a partir de la fecha de su publicación, la cual se efectuó el 3 de enero de 2011, sin embargo, dicha disposición debe ser analizada en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, y el principio de la irretroactividad de la ley y de confianza legítima que debe regir las actuaciones administrativas, en razón a que el Acuerdo fue publicado en la mencionada fecha y los estudiantes actuales y admitidos confiaban en que se sostenía el valor de matrícula que había fijado la universidad para los programas de posgrado con anterioridad a la vigencia del mencionado Acuerdo.

En ese orden de ideas, si las disposiciones académicas de carácter estatutario, entraron a regir a partir del primer semestre del año 2009, previendo un régimen de transición, normas como el Acuerdo 029 de 2010 del Consejo Superior Universitario, que establecen disposiciones especiales en materia de pago de matriculas, deben regir a partir de su vigencia, previendo un régimen de transición con el fin de evitar la violación de la confianza legítima de los estudiantes y admitidos a los programas de posgrado.

Con respecto a la irretroactividad de la ley y la expedición de reglamentos por parte de la Universidad, en virtud de su autonomía, es necesario reiterar lo señalado por esta oficina mediante memorando No 0687 del 8 de mayo de 2008 dirigido a la Secretaría General:

a. " (...) no obstante lo anterior es importante precisar, que la autonomía universitaria no tiene un carácter absoluto, encontrándose limitada por la Constitución y la ley, en aras igualmente a garantizar los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad universitaria, entre los que se incluyen los estudiantes.

b. En materia de expedición de reglamentos estudiantiles, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

"c) Uno de los principales atributos de la referida autonomía es la competencia normativa que tienen las universidades para expedir reglamentos tendientes a regular las condiciones a las cuales deben someterse quienes adelanten estudios en los diferentes programas académicos que han diseñado y, específicamente, las atinentes a los requisitos para la obtención del correspondiente título académico.

Esta Sala en la sentencia T-386/94 se refirió al poder reglamentario de los establecimientos educativos, en términos que resultan aplicables a la facultad que tienen las universidades para expedir reglamentos, así:

"En efecto el aludido poder reglamentario que implementa el legislador tiene su soporte en la Constitución Política, la cual caracteriza la educación como un servicio público (art. 67), cuya prestación puede estar no sólo a cargo del Estado sino de los particulares, y la somete "al régimen jurídico que fije la ley" (art. 365). De esta circunstancia particular resulta que las decisiones reglamentarias de alcance general adoptadas por la administración de un organismo educativo privado, tienen, en principio, un poder vinculante similar al de los reglamentos administrativos expedidos por una entidad pública, en cuanto están destinados a regular la vida estudiantil en lo relativo a los derechos y prerrogativas derivados de su condición de usuarios o beneficiarios de la educación, e igualmente en lo atinente a las responsabilidades que dicha condición les impone. De la relación armónica entre derechos y deberes de los educandos y educadores y la responsabilidad que se puede exigir a unos y a otros, se logra el objetivo final cual es la convivencia creativa en el medio educativo".

d) Si los reglamentos académicos de las universidades tienen sustento constitucional (arts. 67, 69 y 365) y poseen, como se ha visto, un valor normativo similar a los reglamentos administrativos expedidos por las autoridades públicas, constituyendo por lo tanto normas particulares de derecho aplicables dentro del ámbito universitario y con fuerza obligatoria para sus destinatarios -los educandos adscritos al respectivo programa académico- necesariamente hay que concluir que también a dichos reglamentos les es aplicable el principio de la irretroactividad de la ley y, en general, de las normas jurídicas, según el cual estas empiezan a regir a partir de su expedición y promulgación, lo cual es garantía para la protección de las situaciones jurídicas que han quedado consolidadas bajo la vigencia de una determinada normatividad. Por consiguiente, las instituciones universitarias no pueden dictar reglamentos con efectos retroactivos o aplicar las normas contenidas en nuevos reglamentos a situaciones que han quedado definidas o consolidadas bajo un régimen normativo anterior. Si de hecho lo hacen, violan los arts. 58 y 83 de la Constitución que consagran el respeto por los derechos adquiridos, el principio de la buena fe, y la confianza legítima o debida, íntimamente vinculada a éste, cuyo contenido y alcance ha sido precisado varias veces por la Corte." (Subrayado fuera de texto. Sentencia T-098 de 1999. Magistrado ponente: Antonio Barrera Carbonell)

c).Así mismo en sentencia T-669 de 2000, la Corte señaló que: "Si bien es cierto que a los reglamentos universitarios "les es aplicable el principio de la irretroactividad de la ley", por lo que "las instituciones universitarias no pueden dictar reglamentos con efectos retroactivos o aplicar las normas contenidas en nuevos reglamentos a situaciones que han quedado definidas o consolidadas bajo un régimen normativo anterior", también es cierto que, al momento de proferirse la resolución que obliga a los estudiantes a aprobar la nivelación de inglés, la estudiante no contaba con una situación consolidada, como quiera que no había finalizado materias del pénsum académico ni había presentado los preparatorios correspondientes. En efecto, el acto que origina la presente tutela, fue proferido tres semestres antes de que la accionante cumpla con todos los requisitos de grado, lo que demuestra que el derecho a obtener el título de tecnólogo en administración financiera no se había consolidado.

d) Resulta incuestionable que la autonomía universitaria no es absoluta, en razón a que está limitada por la Constitución y la ley, proscribiendo, de este modo, decisiones arbitrarias del centro educativo. Sin embargo, la Sala considera que la decisión en cuestión no transgrede desproporcionada e irrazonablemente los derechos fundamentales de la accionante, como quiera que se fundamenta en una política loable de mayor preparación para la práctica de la tecnología en administración financiera." (Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero)

De lo expuesto anteriormente puede concluirse preliminarmente lo siguiente: 1) La autonomía universitaria no es absoluta, encontrando uno de sus límites en el respeto a los derechos y garantías fundamentales de los estudiantes. 2) En virtud de lo anterior, los reglamentos que expida en ejercicio de su autonomía por regla general están cobijados por el principio de irretroactividad de la ley, es decir, que el reglamento empieza a aplicarse a partir de la fecha de expedición y promulgación. 3) No puede aplicarse de forma retroactiva un reglamento a situaciones consolidadas bajo la normatividad anterior, so pena de vulnerar el principio de buena fe y confianza legítima de quienes adquirieron un derecho legítimamente. 4) Si el derecho no se consolidó en vigencia de la norma que se deroga, no podría alegarse válidamente que se vulnera algún derecho fundamental, toda vez que en primer lugar la universidad esta facultad (sic) para expedir este tipo de reglamentaciones y en segundo lugar, porque no se había consolidado efectivamente una situación jurídica.

Llevando el anterior análisis al caso objeto de consulta se tiene que al momento de proferirse el Acuerdo 029 de 2010, "Por medio de la cual se actualiza el costo de las matrículas de los programas curriculares de postgrado", los actuales estudiantes de programas de posgrado y los admitidos a esos programas no cuentan con una situación consolidada, sin perjuicio de lo cual y en consideración a lo dicho por la Corte Constitucional debe estudiarse la posibilidad que a dichos estudiantes y admitidos a la Universidad Nacional de Colombia a los programas de posgrado con anterioridad a la vigencia del mencionado acuerdo se les hubiese vulnerado su confianza y las expectativas que tienen frente a esos programas académicos.

Sobre la figura de la Confianza legítima ha advertido la citada Corte Constitucional:

"El artículo 83 de la Carta Política establece que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse al principio de la buena fe, el cual, según la jurisprudencia constitucional, se entiende como un imperativo de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que acompaña a la palabra comprometida, se presume en todas las actuaciones y se erige en pilar fundamental del sistema jurídico.

Sobre el principio de buena fe, esta Corporación ha destacado lo siguiente:

"La buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico.

La Corte ha establecido que el espectro de aplicación del principio de buena fe no se limita al nacimiento de las relaciones jurídicas sino que se extiende al desarrollo de las mismas, hasta su extinción, de suerte que los operadores jurídicos en el curso de tales relaciones deben adecuar su comportamiento a parámetros significativos de lealtad y honestidad y tienen que responder a las expectativas que sus actuaciones precedentes han generado en los demás.

El principio de buena fe tiene, entre otras, dos manifestaciones concretas cuales son el respeto por el acto propio y la confianza legítima que, conjuntamente, previenen a los operadores jurídicos de contravenir sus actuaciones precedentes y de defraudar las expectativas que generan en los demás, a la vez que compelen a las autoridades y a los particulares a conservar una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos adquiridos y una garantía de estabilidad y durabilidad de las situaciones que objetivamente permitan esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico.

El principio de respeto por el acto propio comporta el deber de mantener una coherencia en las actuaciones desarrolladas a lo largo del tiempo, de manera que deviene contraria al principio aludido toda actividad de los operadores jurídicos que, no obstante ser lícita, vaya en contravía de comportamientos precedentes que hayan tenido la entidad suficiente para generar en los interesados la expectativa de que, en adelante, aquéllos se comportarían consecuentemente con la actuación original. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, en desarrollo de este principio, se sanciona "como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto".

Por su parte, el principio de confianza legítima busca proteger al administrado frente a las modificaciones intempestivas que adopte la administración, que afecten situaciones respecto de las cuales, si bien el interesado no tiene consolidado un derecho adquirido, sí goza de razones objetivas para confiar en su durabilidad, de manera que no le es dado a las autoridades desconocer abruptamente la confianza que su acción u omisión había generado en los particulares, máxime cuando ello compromete el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Esto, sin embargo, no significa que las autoridades administrativas se encuentren impedidas para adoptar medidas que modifiquen las expectativas de los individuos, como quiera que, se reitera, no se trata de derechos adquiridos, sino que implica que la adopción de tales medidas no puede darse de forma sorpresiva e intempestiva y que, por el contrario, debe permitir la transición de los interesados de un escenario a otro.

El desconocimiento, dentro del marco de un proceso administrativo, del principio de buena fe, en sus dimensiones de confianza legítima y respeto por el acto propio, comporta una vulneración del derecho al debido proceso, como quiera que éste comprende la garantía de que las decisiones que se profieran en su curso atenderán a las reglas de juego previamente establecidas así como a las expectativas que la administración, en virtud de sus actos, generó en un particular".1 (Subrayado fuera de texto).

Adicionalmente con respecto al principio de confianza legítima también observa la jurisprudencia de la Corte Constitucional:

"Esto, sin embargo, no significa que las autoridades se encuentren impedidas para adoptar medidas tendientes a la protección de la integridad de los bienes del Estado, sino que implica que éstas no pueden aplicarse de manera sorpresiva e intempestiva de suerte que afecte derechos subjetivos consolidados y fundamentados en la convicción objetiva de legalidad de la conducta desplegada. Así, las medidas de recuperación deben seguir un proceso administrativo que garantice el derecho de defensa de los ocupantes del espacio público y debe prever planes de reubicación para aquellos comerciantes que demuestren que están amparados por el principio de confianza legítima, que no se genera únicamente por actos expresos de la administración como la expedición de licencias o permisos, sino que se concreta incluso por la tolerancia y permisividad de la administración en el ejercicio prolongado de las actividades comerciales en el espacio público." (Sentencia T-053 de 2008)

Así, los presupuestos reseñados por la Corte Constitucional relativos a la actuación abrupta e intempestiva de la Administración, se dan en el caso materia de examen con la entrada en vigencia del Acuerdo 029 de 2010, el cual de considerarse que tiene aplicación inmediata para los estudiantes en curso y admitidos a los programas de posgrado para el primer semestre de 2011, afecta la convicción objetiva que ha podido generar en ellos la institución, quienes tienen la convicción de que sus matrículas de posgrado para el semestre en curso se rigen por la normatividad anterior al Acuerdo 029 de 2010, en otras palabras, en dicha interpretación se presentaría un cambio abrupto e intempestivo en el proceder de la Universidad, por lo que dicha norma a consideración de este despacho no aplica para ellos y debe entrar a regir para los que ingresen o reingresen a los programas de posgrado a partir del segundo semestre de 2011.

Lo anterior teniendo en cuenta que la actuación de la Universidad Nacional de Colombia debe ceñirse al principio de la buena fe, el cual es un imperativo de honestidad, confianza con relación a los administrados, en este caso para las personas que vienen cursando estudios de posgrado y para las personas que ya fueron admitidos a esos programas curriculares para el I semestre de 2011, quienes tienen una expectativa de continuar sus estudios de posgrado teniendo en cuenta los costos de las matrículas que regían antes de entrar en vigencia el Acuerdo 029 de 2010, de suerte que la actuación de la institución tiene que responder a esa expectativa.

Lo contrario, esto es, aplicar intempestivamente a estas personas el Acuerdo 029 de 2010 implica a consideración de este despacho defraudar las expectativas de esos estudiantes y admitiditos a programas curriculares de posgrado que confiaban en que el programa curricular el cual vienen cursando o para el cual han sido admitidos, iba a tener como costos de matriculas, los valores que regían hasta antes de la entrada en vigencia del mencionado acuerdo.

Así las cosas tal y como lo advierte la Corte Constitucional no le es dable a la Universidad desconocer la confianza que había generado en los estudiantes de posgrado y en los admitidos a los programas de posgrado con relación al valor de su matrícula, lo que implicaría la aplicación inmediata del Acuerdo 029 de 2010 para ellos, pues ello compromete el ejercicio del derecho a la educación de los mismos y el derecho al debido proceso.

No obstante de conformidad con el principio de favorabilidad que debe regir a toda actuación administrativa podrá aplicarse el Acuerdo 029 de 2010 a los estudiantes o admitidos a quienes su aplicación en el costo de su matrícula les favorezca.

Por lo anterior considera este despacho pertinente sugerir al Consejo Superior Universitario que proceda a aclarar el Acuerdo 029 de 2010, a efectos de establecer un régimen de transición al mencionado Acuerdo que determine a quienes les aplica el mismo.

De conformidad con lo anterior advierte esta oficina:

No es aplicable el Acuerdo 029 de 2010 del Consejo Superior Universitario, en el caso de los actuales estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia y en el caso de los admitidos a programas de posgrado siempre y cuando conserven su calidad de estudiantes, teniendo en cuenta las siguientes razones:

1. A pesar de que los mencionados estudiantes y los admitidos a los programas curriculares de posgrado, no han consolidado derechos, si tienen una expectativa y una confianza en las reglas que había establecido la Universidad para el pago de matrículas.

2. Dicha confianza o expectativa no es susceptible de defraudar por la Universidad Nacional de Colombia cambiando abruptamente para ellos las reglas y los valores de su matrícula, pues dichos administrados tenían razones objetivas para confiar en que el valor de su matrícula en el transcurso del programa curricular no iba a variar.

3. No le es dable a la Universidad Nacional de Colombia desconocer la confianza que había generado en los actuales estudiantes de posgrado y los admitidos a los programas de posgrado con relación al valor de la matrícula para el primer semestre de 2011.

4. Desconocer esa confianza que brindaron los estudiantes y admitidos en la Universidad, compromete, como lo ha advertido la Corte Constitucional el ejercicio de los derechos fundamentales de los administrados, en este caso el derecho a la educación y al debido proceso, pues el cambio del valor de la matrícula se considera por este despacho como abrupto e intempestivo.

5. No obstante lo anterior considera este despacho de conformidad con el principio de favorabilidad que debe regir a toda actuación administrativa que el Acuerdo 029 de 2010, podrá aplicarse a los estudiantes o admitidos a quienes su aplicación en el costo de su matrícula les favorezca.

Así las cosas dado que entre los estudiantes y admitidos a los programas de posgrados se encuentran los "estudiantes extranjeros", se entiende que a ellos tampoco se les puede cambiar intempestivamente las actuaciones precedentes de la administración y defraudar sus expectativas frente a la estabilidad de los valores que tenía establecidos la Universidad para el valor de sus matrículas.

CONCLUSIÓN:

De conformidad con lo anterior, el Acuerdo 029 de 2010 expedido por el Consejo Superior Universitario debe entenderse a consideración de este despacho que no tiene aplicación para los actuales estudiantes de posgrado y admitidos a programas de posgrados siempre y cuando conserven la calidad de estudiantes, pues su aplicación equivale a vulnerar la confianza legítima que han depositado en la Universidad Nacional de Colombia frente al costo de la matrícula a los programas de posgrado, lo cual conlleva a comprometer el ejercicio de los derechos de educación y debido proceso de los mismos.

Sin embargo, las disposiciones del acuerdo 029 de 2010 podrán aplicarse a los estudiantes o admitidos a quienes su aplicación en el costo de su matrícula les favorezca, siempre y cuando conserven la calidad de estudiantes.

Así las cosas el Acuerdo 029 de 2010 debe aplicarse a las personas que ingresen o reingresen a programas curriculares de posgrado a partir de la vigencia del mencionado Acuerdo.

No obstante lo anterior considera este despacho pertinente sugerir al Consejo Superior Universitario que proceda a aclarar el Acuerdo 029 de 2010, a efectos de establecer un régimen de transición al mismo que determine a quienes les aplica.

Este concepto se emite de conformidad con la competencia otorgada a la Oficina Jurídica Nacional por el Acuerdo 026 de 2010 , en los términos del Artículo 25 del Código Contencioso Administrativo y conlleva una función orientadora, cuyo propósito no es generar deberes u obligaciones ni otorgar derechos, por lo cual el interesado tiene la opción de acogerlo o no.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe

NOTAS DE PIE DE PÁGINA:

1 Sentencia T- 248 de 2008, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil