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  Concepto 13 de 2011 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 16/03/2011  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

CONCEPTO No. 13

MEMORANDO No. 249

FECHA: 16 de marzo de 2011

PARA: Profesora Beatriz Sánchez Herrera. Vicerrectora General

DE: María Mercedes Medina Orozco. Jefe de la Oficina Jurídica Nacional

AL RESPONDER FAVOR CITAR: Memorando 456 del 27 de diciembre de 2010.

Respetada Profesora Sánchez:

Mediante el Memorando de la referencia, usted ha solicitado concepto de este Despacho acerca del trámite que tendría que surtir la Gobernación del César para poder transferir a la Universidad un bien inmueble, y a su vez el trámite que debe surtir la Universidad para recibir dicho inmueble, aclarando que el dominio sobre ese predio se transferirá con una destinación específica, que es la construcción de la Sede Caribe- Continental de la Universidad.

FUENTE FORMAL:

Ley 708 de 2001.

Resolución 1522 de 2010 de la Rectoría.

Sentencia C-530 de 1996 de la Corte Constitucional.

PROBLEMA JURÍDICO:

¿De conformidad con la Ordenanza No. 019 de 2010 de la Asamblea Departamental del Cesar, cuál es el trámite que debe surtir la Gobernación del Cesar, para transferir a la Universidad Nacional de Colombia, un bien inmueble para construir la Sede Caribe Continental de la Universidad?

TÉSIS JURÍDICA:

En primer término se deben definir los siguientes conceptos:

- Donación: De acuerdo con la Resolución No. 1522 de 2010 de la Rectoría, en el Artículo 2, Numeral 1, la donación consiste en "El acto mediante el cual una persona natural o jurídica transfiere parte de sus bienes, de forma gratuita e irrevocable a la Universidad Nacional de Colombia y ésta lo acepta".

Según el literal i) de la Ordenanza No. 019 de 2010, la donación para la legislación civil colombiana consiste en "un contrato en virtud del cual una persona hace la transferencia gratuita e irrevocable del título de unos bienes a otra persona que la acepta".

- Enajenar: De acuerdo con la parte considerativa de la Ordenanza No. 019 de 2010 de la Asamblea Departamental del Cesar, significa "f) pasar o transmitir el dominio de una cosa o algún dominio sobre ella. g) Que según el artículo 300-9 de la Constitución Política, corresponde a las Asambleas Departamentales, autorizar al Gobernador para enajenar bienes. h) Que la enajenación comprende las formas onerosa y gratuita, de transmitir el dominio de los bienes, quedando comprendido en esta última la donación."

- Transferencia entre Entidades Públicas: El numeral 3 del Artículo 1 de la Resolución No. 1522 de 2010 de la Rectoría, señala que se denomina "Transferencia entre Entidades Públicas" y no constituye donación, la aceptación y recepción de bienes y derechos trasladados entre entidades públicas.

Por tanto, aquí no se debe aplicar el término "enajenar (donar)" que señala la Ordenanza 019 de 2010, sino que se trata de "Transferencia entre Entidades Públicas", por tanto la ordenanza habrá que modificarla en este sentido.

Por otra parte, se debe dar aplicación al trámite regulado por la ley 708 de 2001 donde los requisitos exigidos para realizar transferencias de inmuebles entre entidades públicas son el título traslaticio de dominio contenido en la resolución administrativa expedida por la entidad propietaria del inmueble, y la tradición mediante la inscripción de la resolución en la Oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente, actos que se considerarán sin cuantía según la mencionada ley.

NORMATIVIDAD:

a. Ley 708 de 2001 "Por la cual se establecen normas relacionadas con el subsidio familiar para vivienda de interés social y se dictan otras disposiciones" (Reglamentada Parcialmente por los Decretos Nacionales 933 de 2002 y 3111 de 2004) que dispone:

"ARTÍCULO 1- Las entidades públicas del orden nacional, de carácter no financiero, que hagan parte de cualquiera de las ramas del poder público, así como los órganos autónomos e independientes, deberán transferir a título gratuito al Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, en el término y con la progresividad que establezca el Gobierno Nacional los bienes inmuebles fiscales de su propiedad, o la porción de ellos con vocación para la construcción o el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional, y sin perjuicio de lo establecido en los planes de ordenamiento territorial.

En todo caso, no podrán transferirse en virtud de lo aquí previsto, aquellos inmuebles que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren destinados para la localización de las infraestructuras básicas de los sistemas de generación, producción, distribución, abastecimiento y suministro de agua potable, de energía eléctrica, de saneamiento básico, de gas, de puertos y aeropuertos, los relacionados directamente con la defensa nacional, así como los inmuebles que deban cederse en virtud del artículo 58 de la Ley 9a de 1989 y aquellos de las entidades en liquidación que amparen los pasivos pensionales y otras garantías pactadas o establecidas en disposiciones legales, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley; tampoco los inmuebles estatales o la porción de ellos que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren contiguos o adyacentes a los establecimientos penitenciarios, de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional.

Se tendrán como únicos requisitos para que se lleven a cabo estas transferencias, el título traslaticio de dominio contenido en resolución administrativa expedida por la entidad propietaria del inmueble, y la tradición, mediante la inscripción de la resolución en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente.

Para efectos de los derechos de registro, tales actos, así como los referidos en el artículo 4 de la presente ley, se considerarán actos sin cuantía. (...)

ARTÍCULO 6- Las entidades territoriales podrán efectuar las transferencias a título gratuito previstas en el artículo 1 de la presente ley, en los términos y con las condiciones allí establecidas, sin perjuicio de las autorizaciones especiales requeridas para el efecto. Así mismo podrán otorgar el subsidio del que trata esta ley, mediante la asignación de terrenos de su propiedad.

Además de lo previsto en otras disposiciones legales y reglamentarias que regulan la materia, las entidades territoriales podrán concurrir en el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social y de los procesos de formalización de la propiedad consagrados en el artículo 58 de la Ley 9a de 1989, mediante la concesión de saneamientos fiscales sobre tributos del orden territorial. (...)

ARTÍCULO 8- Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 724 de 2002, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 4695 de 2005, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 1370 de 2008, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 724 de 2002, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 4637 de 2008. Los bienes inmuebles fiscales de propiedad de las entidades públicas del orden nacional, de carácter no financiero, que hagan parte de cualquiera de las ramas del poder público, así como de los órganos autónomos e independientes, que no tengan vocación para la construcción de vivienda de interés social, y además que no los requieran para el desarrollo de sus funciones, y no se encuentren dentro de los planes de enajenación onerosa que deberán tener las entidades, deben ser transferidos a título gratuito a otras entidades públicas conforme a sus necesidades, de acuerdo con el reglamento que expida el Gobierno Nacional, con excepción de aquellos ocupados ilegalmente antes del 28 de julio de 1988 con vivienda de interés social, los cuales deberán ser cedidos a sus ocupantes, en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Ley 9a de 19891.

PARAGRAFO 1- A las transferencias de inmuebles referidas en el presente artículo, les será aplicable el procedimiento de enajenación previsto en el artículo 1 de la presente ley.

PARAGRAFO 2- Exceptúanse del deber consagrado en el presente artículo a las sociedades de economía mixta y aquellos bienes de las entidades en liquidación que amparen los pasivos pensionales.

PARAGRAFO 3- Los bienes inmuebles fiscales que hagan parte de los planes de enajenación onerosa a los que se refiere el presente artículo, podrán ser transferidos, previo avalúo, a título de aportes, de capital a sociedades comerciales o de economía mixta. Así mismo, las entidades territoriales, como pago de las deudas de orden territorial que recaigan sobre los inmuebles, podrán recibir aportes de capital en sociedades comerciales o de economía mixta." (Negrilla y subrayado fuera del texto)

b. Resolución 1522 de 2010 de la Rectoría: "Por la cual se establecen las normas generales para la aceptación, recepción y legalización de las donaciones que recibe la Universidad Nacional de Colombia":

"Artículo 1. ALCANCE: La presente resolución tiene por objeto determinar el marco dentro del cual deberán surtirse los trámites de aceptación, legalización, recepción, registro y certificación de las donaciones recibidas por la Universidad Nacional de Colombia.

No se contemplan dentro del alcance de la presente resolución y por lo tanto no se consideran como donación los siguientes eventos:

1. Recepción y aceptación de bienes recibidos a título gratuito como resultado de negociaciones comerciales.

2. La aceptación de servicios personales gratuitos, los cuales no constituyen donación.

3. La aceptación y recepción de bienes y derechos trasladados entre entidades públicas, los cuales se denominan "Traslados entre Entidades Públicas" y no constituyen donación.

CAPITULO SEGUNDO. DONACIÓN DE BIENES INMUEBLES

ARTÍCULO 6. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA: La aceptación de donación de bienes inmuebles, debe contar con un análisis de conveniencia institucional, suscrito por el Vicerrector, el Director de la sede ó unidad especial a la cual se destinará el inmueble que contendrá como mínimo los siguientes requisitos:

1. Concepto de viabilidad técnica emitido por el área de planeación y proyectos o el área que haga sus veces en la respectiva sede.

2. Proyecto de destinación del bien, en concordancia con los fines misionales de la Universidad, beneficios académicos y/o administrativos que se espera obtener con el bien

3. Estudio de costos y/o gastos de mantenimiento, sostenimiento y/o conservación, indicando si los asumirá el donante o la Universidad, caso en el cual deberá determinarse con cargo a qué recursos serán asumidos tales costos, avalado por el área financiera competente.

El análisis de conveniencia deberá acompañarse del Certificado de Disponibilidad Presupuestal con cargo al presupuesto de la Sede o Unidad Especial beneficiaria de la donación, que permita a la Universidad sufragar los y/o gastos de escrituración del inmueble, según lo pactado con el Donante.

ARTÍCULO 7. REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN: Además de los contemplados en el artículo 4 de la presente resolución, deberán cumplirse los siguientes:

1. Avalúo del bien inmueble.

2. Certificado de Tradición y Libertad del inmueble, expedido por la correspondiente oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en el que se encuentre consignado el acto de donación a favor de la Universidad.

3. Declaraciones de impuestos sobre el inmueble, presentados para el trámite de escrituración.

4. Formato de aceptación de la donación, proyectada por el área jurídica del nivel correspondiente y suscrita por el Rector.

5. Escritura pública, mediante la cual se efectuó la transferencia de propiedad del donante a la universidad.

6. Designación del área que recibirá los bienes y del responsable asignado. Corresponde a la Oficina de Planeación y proyectos o quien haga sus veces en la Universidad, adelantar el trámite de registro del acto de donación ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Los requisitos de legalización deberán ser remitidos al área de almacén e inventarios o quien haga sus veces para su registro y al área de contabilidad o quien hagan sus veces para la correspondiente verificación y seguimiento".

En la Ordenanza No. 019 de 2010 de la Asamblea Departamental del Cesar, se autoriza al Gobernador del Departamento del Cesar, para enajenar (donar) a la Universidad Nacional de Colombia el bien raíz ubicado en el Municipio de La Paz, por lo cual es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

I. Determinar el tipo de bien que se está transfiriendo a la Universidad, es decir si se trata de un bien fiscal o un bien de uso público.

Para continuar con el procedimiento que se debe seguir para que la Universidad acceda al bien que se pretende transferir, es necesario determinar el tipo de bien y el régimen aplicable, por lo que se debe recordar lo manifestado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 10 de octubre de 1996, con Ponencia del Magistrado Jorge Arango Mejía, en el que señaló:

"Bienes de uso público y bienes fiscales conforman el dominio público del Estado, como resulta de la declaración del artículo 674 del Código Civil. La distinción entre "bienes fiscales" y "bienes de uso público", ambos pertenecientes al patrimonio del Estado, esto es, a la hacienda pública, hecha por las leyes, no se funda pues en una distinta naturaleza sino en cuanto a su destinación y régimen. Los segundos están al servicio de los habitantes del país, de modo general, de acuerdo con la utilización que corresponda a sus calidades, y los primeros constituyen los instrumentos materiales para la operación de los servicios estatales o son reservas patrimoniales aplicables en el futuro a los mismos fines o a la satisfacción de otros intereses sociales. Es decir que, a la larga, unos y otros bienes del Estado tienen objetivos idénticos, en función de servicio público, concepto equivalente pero no igual al de "función social", que se refiere exclusivamente al dominio privado.

Esto es, que ambas clases de bienes estatales forman parte del mismo patrimonio y sólo tienen algunas diferencias de régimen legal, en razón del distinto modo de utilización. Pero, a la postre, por ser bienes de la hacienda pública, tienen un régimen de derecho público, aunque tengan modos especiales de administración. El Código Fiscal, Ley 110 de 1912, establece precisamente el régimen de derecho público para la administración de los bienes fiscales nacionales. Régimen especial, separado y autónomo de la reglamentación del dominio privado. No se ve, por eso, por qué están unos amparados con el privilegio estatal de la imprescriptibilidad y los otros no, siendo unos mismos su dueño e igual su destinación final, que es del servicio de los habitantes del país. Su afectación, así no sea inmediata sino potencial, al servicio público, debe excluirlos de la acción de pertenencia, para hacer prevalecer el interés público o social sobre el particular.

(...)(Corte Suprema de Justicia, del noviembre 16 de 1978, Magistrado ponente, Doctor Luis Carlos Sáchica, Gaceta Judicial, tomo CLVII, número 2397, pág. 263). (...)

El artículo 674 del Código Civil define y clasifica los bienes de la unión, así:

"Se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República.

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio.

Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales".

En concordancia con esta norma, dispone el artículo 2519 del Código Civil: "Los bienes de uso público no prescriben en ningún caso".

(...)

a) La clasificación de los bienes del Estado, en bienes de dominio público bienes fiscales. El uso de los primeros corresponde a todos los habitantes de un territorio, "como el de calles, plazas, puentes y caminos"

A su vez, los bienes fiscales pueden clasificarse en fiscales comunes o estrictamente fiscales, y fiscales adjudicables. Sobre los primeros tienen el Estado un derecho de dominio semejante, equiparable, al que los particulares tienen sobre los suyos. Los bienes fiscales adjudicables son los baldíos a que se refiere el artículo 675 del C.C. "Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño".

b) De conformidad con el artículo 2519 del Código Civil, "Los bienes de uso público no se prescriben en ningún otro caso. (...)"

Así las cosas, para la transferencia del bien raíz ubicado en el municipio La Paz, con matrícula inmobiliaria No. 190-10511 y adquirido mediante la escritura pública No. 196 protocolizada en la Notaría Única del Circulo de La Paz, como señala la Ordenanza No. 019 de 2010 de la Asamblea Departamental del Cesar, debe aclararse que es un bien fiscal y no un bien de uso público con el fin de que se pueda surtir el trámite descrito en la Ley 708 de 2001.

II. Según lo dispuesto en la Resolución No. 1522 de 2010 de la Rectoría, no se contempla dentro del alcance de donación, lo relacionado con la aceptación y recepción de bienes y derechos trasladados entre entidades públicas, por lo que esta figura se denomina "Traslado entre entidades públicas" y no constituye donación.

Por lo anterior, para que la Universidad acceda al bien raíz en el Municipio La Paz, se deberá modificar la Ordenanza, en el sentido de determinar que no se trata de una donación sino de un "Traslado entre Entidades Públicas", en los términos señalados en la Resolución No. 1522 de 2010 de la Rectoría.

Una vez se modifique la ordenanza, el Departamento del Cesar deberá estudiar si es aplicable lo previsto en el Parágrafo 1 del Artículo 8 de la Ley 708 de 2001, es decir, si se deberán tener como requisitos para las transferencia de los bienes inmuebles fiscales de propiedad de las entidades públicas, de carácter no financiero, que hagan parte de cualquiera de las ramas del poder público, así como de los órganos autónomos e independientes:

A. Que no tengan vocación para la construcción de vivienda de interés social,

B. Que no se requieran para sus funciones,

C. No se encuentran dentro de los planes de enajenación onerosa que deberán tener las entidades públicas conforme a sus necesidades,

D. La resolución administrativa expedida por la entidad, y

E. La tradición mediante la inscripción del acto administrativo en la Oficina de registro de Instrumentos públicos correspondiente.

III. Ahora bien, en caso de modificarse la ordenanza y se acepte que es un traslado entre entidades públicas, y aún si no se modificara y se entendiera que es una donación se sugiere dar aplicación por parte de la Universidad a la Resolución 1522 de 2010 de la Rectoría.

Así para la mencionada aceptación de la transferencia se recomienda contar con un análisis de conveniencia institucional, suscrito ya sea por el Vicerrector o el Director de la Sede o unidad especial a la cual se destinará el inmueble que contendrá como mínimo los siguientes requisitos:

1. Concepto de viabilidad técnica emitido por el área de planeación y proyectos o el área que haga sus veces en la respectiva sede.

2. Proyecto de destinación del bien, en concordancia con los fines misionales de la Universidad, beneficios académicos y/o administrativos que se espera obtener con el bien.

3. Estudio de costos y/o gastos de mantenimiento, sostenimiento y/o conservación, que asumirá la Universidad, caso en el cual deberá determinarse con cargo a qué recursos serán asumidos tales costos, avalado por el área financiera competente.

El análisis de conveniencia deberá tener el Certificado de Disponibilidad Presupuestal con cargo al presupuesto de la Sede o Unidad Especial beneficiaria de la donación o traslado, que permita a la Universidad sufragar los gastos a que haya lugar, en caso de donación, pues en el caso de traslado, lo dispuesto en la ley 708 de 2001 determina que la inscripción del acto administrativo en la oficina de registro de instrumentos públicos se consideran actos sin cuantía.

IV. Sin perjuicio de lo anterior a consideración de este despacho para la mencionada transferencia también deberán cumplirse los siguientes requisitos:

1. Avalúo del bien inmueble.

2. Certificado de Tradición y Libertad del inmueble, expedido por la correspondiente oficina de Registro de Instrumentos Públicos, antes y después de que sea consignado el acto de transferencia a favor de la Universidad.

3. Declaraciones de impuestos sobre el inmueble correspondientes, y si hay lugar a ello.

4. Acto Administrativo mediante el cual se efectúa la transferencia de propiedad de la institución a la Universidad Nacional de Colombia.

5. Designación del área que recibirá los bienes y del responsable asignado.

Por otra parte, es pertinente que la Oficina de Planeación y proyectos o quien haga sus veces en la Universidad, adelante el trámite de registro del acto de transferencia ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Los requisitos de legalización deberán ser remitidos al área de almacén e inventarios o quien haga sus veces para su registro y al área de contabilidad o quien hagan sus veces para la correspondiente verificación y seguimiento.

Así las cosas dado que para el caso materia de examen, debe aplicarse a consideración de este Despacho la Ley 708 de 2001, en cuanto a los requisitos para la transferencia del inmueble de la Gobernación del Cesar, se considera pertinente que para su aceptación sirva de guía lo dispuesto en la Resolución de Rectoría para el caso de las donaciones.

CONCLUSIONES:

1. Previo a la aceptación del traslado del bien que ofrece la Asamblea Departamental del Cesar a la Universidad Nacional de Colombia, se deberá verificar previamente que se trata de un bien fiscal y no de un bien de uso público.

2. La Ordenanza 019 de 2010 de la Asamblea Departamental del Cesar, señala que enajenará (donará) a la Universidad Nacional de Colombia un bien raíz ubicado en el Municipio La Paz, sin embargo, toda vez que la Resolución No. 1522 de 2010 de la Rectoría señala que no se aplica el término "donación" entre entidades públicas, sino que el término apropiado es "Transferencia entre Entidades Públicas", implica que en principio no se puede dar aplicación a esta Resolución para la transferencia del bien inmueble del presente caso.

3. Una vez se efectúen las modificaciones a la Ordenanza, se debe aplicar lo dispuesto en la Ley 708 de 2001, que señala que los únicos requisitos para efectuar transferencias de inmuebles entre entidades públicas son el título traslaticio de dominio contenido en la resolución administrativa expedida por la entidad propietaria del inmueble y la tradición mediante la inscripción de la resolución en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, actos que se considerarán sin cuantía según la mencionada ley.

4. Para efectuar la mencionada transferencia, debe contarse previamente con el análisis de convivencia que contenga el concepto de viabilidad técnica emitido por el área de planeación y proyectos o la dependencia que haga sus veces; el proyecto de destinación del bien, y el estudio de costos, junto con el certificado de disponibilidad presupuestal que sufrague los gastos que estos trámites implique.

5. Por otra parte, debe cumplirse con algunos requisitos tales como el avalúo del bien inmueble, el certificado de tradición y libertad del bien inmueble antes y después de haberse consignado la transferencia a favor de la Universidad Nacional de Colombia, la declaración de impuestos a que haya lugar, y la designación del área o dependencia que recibirá los bienes y el responsable asignado.

Este concepto se emite de conformidad con el Artículo 25 del Código Contencioso Administrativo y conlleva una función orientadora, cuyo propósito no es generar deberes u obligaciones ni otorgar derechos, por lo cual el interesado tiene la opción de acogerlo o no.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe

NOTAS DE PIE DE PÁGINA:

1 Decreto 724 de 2002 ARTÍCULO 3. REORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE FISCAL ESTATAL. En desarrollo del artículo 8. de la Ley 708 de 2001, las entidades públicas del orden nacional, de carácter no financiero que hagan parte de cualquiera de las ramas del poder público, así como los órganos autónomos e independientes, identificarán los inmuebles de su propiedad que no requieran para el desarrollo de sus funciones; que no tengan vocación para la construcción de vivienda de interés social y que no se encuentren dentro de los planes de enajenación onerosa, con la finalidad de ser transferidos a título gratuito a otras entidades públicas que los requieran para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con sus necesidades.

<Plazo ampliado por el Decreto 1220 de 2003. El texto original es el siguiente:> Las entidades propietarias de los inmuebles de que trata el inciso precedente, deberán enviar la anterior información al Ministerio de Desarrollo Económico tratándose de inmuebles urbanos y, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tratándose de inmuebles rurales, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, con el fin de que estos divulguen dicha información, a través de un medio informativo del gobierno nacional.

DECRETO 4695 DE 2005 Decreto derogado por el artículo 7 del Decreto 4637 de 2008, publicado en el Diario Oficial No. 47.200 de 11 de diciembre de 2008, "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 8 de la Ley 708 de 2001"

Decreto 4637 de 2008, Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 8 de la Ley 708 de 2001:

ARTÍCULO 1. AMBITO DE APLICACIÓN. El presente decreto aplica a las entidades públicas del orden nacional de carácter no financiero, que hagan parte de cualquiera de las Ramas del Poder Público, así como a los órganos autónomos e independientes.

PARÁGRAFO. Exceptúense del deber consagrado en el presente artículo a las sociedades de economía mixta y aquellos bienes de las entidades en liquidación que amparen los pasivos pensionales.

ARTÍCULO 2. PLANES DE ENAJENACIÓN ONEROSA. Los Planes de Enajenación Onerosa son aquellos actos a través de los cuales las entidades públicas realizan una identificación de sus bienes inmuebles fiscales que no tienen vocación para la construcción de vivienda de interés social, que no los requiere la entidad para el desarrollo de sus funciones, así como aquellos que no han sido solicitados por otras entidades para el desarrollo de programas contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, y los que se encuentran incluidos en el artículo 3 del presente decreto.

Inciso modificado por el artículo 1 del Decreto 3297 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: El acto mediante el cual se adopte el Plan de Enajenación Onerosa deberá publicarse en la página web de la entidad y en un diario de amplia circulación nacional dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición. De igual manera, deberá enviar copia de dichos actos a Central de Inversiones S. A., CISA, dentro de los diez (10) días siguientes a su publicación.

En los planes de enajenación onerosa se deben identificar los inmuebles, señalando el municipio o distrito donde se localizan; su ubicación exacta; el número de folio de matrícula inmobiliaria; el avalúo comercial vigente; el uso del suelo; el área del terreno en metros cuadrados; la constitución o no de gravámenes, limitaciones al dominio, querellas y litigios pendientes, la existencia de contratos que afecten dichos inmuebles, así como de ocupantes y el estado de impuestos, tasas y contribuciones que recaigan sobre los bienes inmuebles.

Los bienes inmuebles que se incorporen dentro de los planes de enajenación onerosa, deberán enajenarse de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y las normas que los adicionen o modifiquen.

Una vez expedido y publicado el acto mediante el cual se adopta el Plan de Enajenación Onerosa, la entidad pública tendrá un máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación para iniciar la venta de los bienes inmuebles.

PARÁGRAFO. Cuando alguna de las entidades a que se refiere el artículo 1 del presente decreto sea propietaria de bienes inmuebles fiscales con vocación para construcción de vivienda de interés social urbana o vivienda de interés social rural, deberá reportarlos al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, respectivamente, previa a la inclusión en los planes de enajenación onerosa, siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 3111 de 2004.

ARTÍCULO 3. INMUEBLES QUE NO PUEDEN INTEGRAR LOS PLANES DE ENAJENACIÓN ONEROSA. No podrán integrar los planes de enajenación onerosa los bienes inmuebles fiscales que se encuentren en los siguientes eventos:

a) Que el inmueble objeto del proceso se encuentre ubicado en las áreas que se señalan a continuación:

(i) Las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, o en aquellas que se definan por estudios geotécnicos que en cualquier momento adopte oficialmente la administración municipal, distrital o el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

(ii) Las zonas de cantera que hayan sufrido grave deterioro físico, hasta tanto adelanten un manejo especial de recomposición geomorfológica de su suelo que las habilite para el desarrollo urbano, el cual debe contar con la supervisión de las autoridades competentes.

(iii) Las construcciones que se encuentren total o parcialmente en terrenos afectados en los términos del artículo 37 de la Ley 9a de 1989;

b) Que con respecto al inmueble de que se trate, se haya iniciado con anterioridad a la adopción del plan de enajenación onerosa, procedimientos administrativos agrarios contemplados en la Ley 1152 de 2007.

ARTÍCULO 4o. ADOPCIÓN DE LOS PLANES DE ENAJENACIÓN ONEROSA. Artículo modificado por el artículo 8 del Decreto 3297 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: Los planes de enajenación onerosa se adoptarán o actualizarán, según el caso, mediante acto administrativo, dentro de los tres (3) primeros meses de cada vigencia fiscal, por el representante legal de la respectiva entidad pública.

La entidad pública que adopte o actualice el Plan de Enajenación Onerosa, a partir de la publicación del respectivo acto administrativo tendrá hasta seis (6) meses para vender sus bienes inmuebles. Dentro de este término la entidad podrá ofrecer en venta sus inmuebles a un tercero interesado o a Central de Inversiones S. A., CISA, conforme al artículo 24 del Decreto 4444 de 2008.

Si transcurrido el término establecido en el inciso anterior, la entidad propietaria no hubiere enajenado sus bienes inmuebles, los mismos se ofrecerán a las entidades públicas, por una sola vez, a través de la página web de la entidad y en un periódico de amplia circulación nacional, publicados en la misma fecha, para que en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, contados a partir de esta fecha, las entidades interesadas soliciten por escrito la transferencia a título gratuito, solicitud que debe ser atendida en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, contados a partir del recibo de la misma.

La transferencia deberá cumplir con lo previsto en el inciso 3o del artículo 1 de la Ley 708 de 2001. La solicitud de transferencia a la entidad propietaria del bien debe justificar la destinación que se le dará al inmueble en virtud del objeto social de la entidad solicitante, y copia de la misma deberá ser remitida a CISA dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su expedición, para su archivo.

Una vez sea aceptada la solicitud de transferencia, la entidad propietaria del inmueble, mediante resolución administrativa, procederá a realizar la transferencia a título gratuito, la cual estará sujeta a una condición resolutoria que garantice el uso anteriormente justificado, en un plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de expedición de la misma, la cual deberá ser verificada por la entidad que transfirió la propiedad. En el evento de cumplimiento de la condición resolutoria, el inmueble deberá ser restituido en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, a la entidad que hubiere realizado la transferencia.

PARÁGRAFO 1. <Parágrafo modificado por el artículo 3 del Decreto 1540 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> En el evento en que ninguna entidad pública haya requerido la transferencia a título gratuito de los bienes inmuebles ofrecidos por la entidad propietaria dentro del plazo establecido en el presente artículo, dicha entidad deberá ofrecerlos en venta a Central de Inversiones S.A. (CISA) dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, conforme a lo establecido por el artículo 24 del Decreto 4444 de 2008.

PARÁGRAFO 2. En el evento en que se cumpla la condición resolutoria pactada en las transferencias a título gratuito, la entidad propietaria del inmueble deberá ofrecerlo en venta a Central de Inversiones S. A., CISA, bajo las condiciones anotadas en el presente artículo.

PARÁGRAFO 3. Las entidades públicas que, una vez vencidos los términos previstos en el presente artículo, no hayan enajenado los inmuebles de que trata el presente decreto a un tercero, o no hayan aceptado, previa negociación, la oferta de compra de Central de Inversiones S. A., CISA o transferido a título gratuito a otras entidades públicas, los bienes inmuebles relacionados en su Plan de Enajenación Onerosa, incurrirán en las sanciones disciplinarias y fiscales que correspondan.

ARTÍCULO 5. SOLICITUDES SOBRE UN MISMO INMUEBLE. Cuando más de una entidad pública solicite el mismo bien inmueble, la entidad propietaria dará prelación a la primera solicitud que se haya radicado.

ARTÍCULO 6. El incumplimiento por parte de los responsables en la adopción de lo previsto en el presente decreto, acarreará las sanciones previstas en el Código Disciplinario Único.

Artículo 1. Modificase el artículo 2 del Decreto 3297 de 2009, el cual quedará así:

"Articulo 2. Para los fines previstos en el artículo anterior, todas las entidades públicas del orden nacional y territorial, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y los órganos autónomos e independientes, deberán reportar y/o actualizar según el caso, la información general, técnica, administrativa y jurídica sobre todos sus activos fijos inmobiliarios, al Sistema de Información de Gestión de Activos (SIGA), incluyendo los que les hayan sido entregados de entidades en liquidación y estén afectos al pasivo pensional, dentro de los siguientes términos:

+ Las entidades públicas del orden nacional cualquiera que sea la naturaleza jurídica, hasta el 30 de julio de 2010.

+ Las entidades públicas del orden territorial cualquiera que sea su naturaleza jurídica y los órganos autónomos e independientes, deberán reportar por lo menos la información básica correspondiente a la identificación del activo, la situación de ocupación del activo, el valor del activo y las características generales del activo, en el Sistema de Información de Gestión de Activos (SIGA), hasta el 30 de agosto de 2010. Para el resto de la información, esta deberá ser registrada en el Sistema de Información de Gestión de Activos (SIGA) hasta el 30 de noviembre de 2010.

Parágrafo 1. La información deberá actualizarse cuando suceda un hecho que modifique de cualquier forma la información reportada. Igualmente, cada vez que la entidad pública adquiera un activo fijo inmobiliario, deberá reportarlo a partir de la fecha de inscripción del mismo en el registro de instrumentos públicos.

Parágrafo 2. Las entidades públicas que no sean propietarias de activos fijos inmobiliarios a la entrada en vigencia del presente decreto, deben reportarlos en el momento en que los adquieran.

Parágrafo 3. Las entidades cabeza de sector deberán velar porque las entidades adscritas o vinculadas cumplan con la obligación contenida en el presente artículo, aun si se encuentran en liquidación.".

Artículo 2. Modificase el artículo del Decreto 3297 de 2009, el cual quedará así:

"Artículo 3. Las entidades públicas del orden nacional y territorial, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y los órganos autónomos e independientes, deberán registrar en el Sistema de Información de Gestión de Activos (SIGA) la información correspondiente a los siguientes indicadores de gestión derivados de sus activos fijos inmobiliarios:

- En el módulo de Ingresos y Ahorros: arrendamientos, comodatos, transferencias y ventas, así como demás ítems que para el efecto señale Central de Inversiones S.A. (CISA).

- Los demás indicadores de gestión que contribuyan a la eficiencia en la gestión de los activos fijos inmobiliarios, los cuales serán establecidos por Central de Inversiones S.A. (CISA)."