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  Concepto 7 de 2012 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 09/03/2012  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

CONCEPTO No. 07 DE 2012

MEMORANDO No. 0308

Para: Juan Camilo Restrepo Gutiérrez. Secretario Comité Nacional de Matrículas

De: Dra. María Mercedes Medina Orozco. Jefe Oficina Jurídica Nacional

Referencia: Su Oficio CNM - 036 de 29 de Septiembre de 2011, radicado en este Despacho el día 30 de Septiembre de 2011.

Fecha: 09 de marzo de 2012

Respetado Doctor:

Mediante su Oficio de la referencia se elevó solicitud de concepto ante este Despacho sobre la definición de la calidad de becado en el ámbito de las normas del Sistema de Matrículas para los estudiantes de pregrado, la cual se responde en los siguientes términos:

DESCRIPTORES.

- Becas

- Calidad de Becado en el Sistema de Matrículas

FUENTE FORMAL

- Acuerdo 100 de 1993 del Consejo Superior Universitario

- Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico

- Acuerdo 028 de 2010 del Consejo Superior Universitario

- Resolución 2146 de 1993 de Rectoría

- Resolución No. 240 de 1998 de Rectoría

- Concepto OJN 0410 de 23 de Octubre de 2003

- Concepto OJN 024 de 6 de agosto de 2007

PROBLEMA JURÍDICO

¿De qué forma puede interpretarse el término "becado" contenido en el literal b, del artículo 1 de la Resolución de Rectoría No. 240 de 1998?

TESIS JURÍDICA

Frente al grupo de estudiantes que no se encuentran cobijados por la garantía de gratuidad de la educación por poseer capacidad económica, el término "becado" al que se alude en la Resolución 240 de 1998 de la Rectoría, solo puede atribuirse al estudiante que ha sido acreedor de un beneficio o incentivo que le implica la exención de pago de los gastos de matrícula y pensión de su último año académico gracias a la existencia de la exaltación de un mérito propio y la correspondiente obligación de rendimiento en el colegio o institución del cual procede y bajo las normas que dicha institución crea el incentivo.

I. El término "Becado" en la normatividad interna

El Acuerdo 100 de 1993 establece, entre otros aspectos, las reglas básicas sobre la asignación del puntaje básico de matrícula para los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional. Una de estas reglas se describe en su artículo 3, así:

Artículo 3. Los estudiantes con PBM entre 12 y 17 puntos pagarán por concepto de matrícula el menor valor entre la cuantía que les corresponda en la tabla del Artículo 1o. y aquella equivalente a seis veces el valor de la pensión mensual pagada en el último año de secundaria expresada en salarios mínimos legales mensuales del año respectivo.

Parágrafo. Para la aplicación del presente Artículo, a los estudiantes que hayan estado becados durante el último año de secundaria se les asignará como pensión mensual un valor de 0.006 del salario mínimo. (Subrayas y negrilla fuera de texto)

Este precepto fue desarrollado por Resolución 2146 de 1993 de Rectoría, por la cual se reglamentó el Acuerdo 100 de 1993 y se estableció el procedimiento para el estudio de la situación socioeconómica de los aspirantes y estudiantes de pregrado, y su correspondiente clasificación. Para asignar el PBM, se tienen en cuenta dos variables socioeconómicas: A y B. Ahora bien, uno de los indicadores de la Variable A corresponde al valor de la pensión mensual pagada en el último año de secundaria (A1), por lo cual, dependiendo de su valor, se asigna una cantidad determinada de puntos, de conformidad con la tabla que al efecto presenta esta Resolución en su artículo 2. No obstante, previendo los casos de estudiantes que no han cancelado valores en su último año, la tabla mencionada señala lo siguiente:

NOTA: A Los estudiantes que hayan estado becados durante su último año de educación secundaria, o lo hayan validado, se les asignará el puntaje correspondiente al 60% del promedio de los indicadores A2 y A3 o del valor de A3 en los casos en que además provengan de un sector con servicios públicos no estratificados.

Sobre el particular, la Resolución No. 240 de 1998 de Rectoría adicionó a esta nota el siguiente texto:

Artículo 1. Modificaciones sobre los indicadores de la variable A. Introdúzcanse las siguientes modificaciones sobre los indicadores de la variable A:

a) Tratándose de estudiantes que no hayan pagado pensión en el último año de educación media, sino otro tipo de derechos académicos, la pensión mensual equivalente se obtendrá dividiendo por diez (10) el valor total pagado por tales derechos económicos.

b) El estudiante que no haya pagado ningún valor por concepto de derechos académicos, tales como matrícula, pensión, servicios académicos, etc., en el último grado de educación media, se considerará estudiante becado.

c) Para determinar los ingresos familiares mensuales con base en declaraciones de renta, se tomará el mayor valor entre la renta líquida y el 25% de la renta bruta.

d) En caso de que el estudiante presente certificado(s) de no declarante(s), se tomará como ingresos mínimos mensuales presuntivos del grupo familiar un valor equivalente a por lo menos cuatro (4) veces la pensión del colegio, estimada en múltiplos de salarios mínimos.

(Subrayas y negrilla fuera de texto)

Al tenor de la norma, se define claramente que se considera becado a quien no haya cancelado valor alguno por concepto de derechos académicos en su último año de educación media, definición que debe utilizarse para efectos de determinar la variable A conducente a la determinación del Puntaje Básico de Matricula - PBM.

II. Concepto OJN 0410 de 23 de Octubre de 2003

A raíz de la aplicación de la definición de Becado en el desarrollo práctico del sistema de matrículas, en el año 2003 el Comité Nacional de Matrículas solicitó a este Despacho la emisión de Concepto Jurídico sobre el término "Becado", por considerarlo un criterio determinante para efectos de la liquidación del Puntaje Básico de Matrícula para los estudiantes. En dicha ocasión, a través del Oficio OJN 0410 de 23 de Octubre de 2003, el problema jurídico se planteó en los siguientes términos:

¿Es viable jurídicamente interpretar, que Becado, es aquel estudiante que ha sido exonerado del pago de los derechos de matrícula únicamente por razones académicas?

Después de mostrar y analizar el contenido de la norma antes trascrito (literal b del artículo 1 de la Resolución 240 de 1998), se concluyó que si era viable jurídicamente interpretar al Becado como aquel estudiante que ha sido exonerado del pago de los derechos de matrícula únicamente por razones académicas, bajo las siguientes apreciaciones:

1. Que la persona para ser considerada como Becado, no debió en el último año de Educación media, haber cancelado ningún tipo de emolumento por derechos académicos.

2. Los derechos académicos a los que se alude, responden a un criterio taxativo previsto en la norma.

3. Que de la redacción de la Norma, se puede interpretar holísticamente, que la condición de Becado se deriva de asuntos relacionados con temas académicos, que no guardan relación con aquellas circunstancias en las cuales a un estudiante de un plantel educativo se le subsidia o financia su matrícula o su pensión, en realidad el concepto de Becado nace de situaciones particulares, en virtud de las cuales, a un alumno que ha obtenido ciertos unos méritos académicos, que lo eximen del pago de los derechos académicos respectivos.

4. Debe señalarse que la noción conceptual de méritos académicos o razones académicas, está referida no solo al rendimiento escolar, sino que allí están involucrados otro tipo de logros, como los deportivos, culturales, artísticos, entre otros.

5. En conclusión este despacho considera que sí es jurídicamente viable, interpretar la condición de Becado, como aquella según la cual, un estudiante de un plantel educativo ha sido exonerado del pago de los derechos académicos, siempre que tal exoneración aluda a razones académicas.

Tal como se evidencia, en dicha ocasión se interpretó que la condición de Becado se derivaba de asuntos relacionados con temas académicos, dentro de los cuales no solo se incluye el rendimiento escolar, sino también otros logros académicos como los deportivos, culturales o artísticos entre otros. Así mismo, se determinó que estos asuntos académicos no tienen relación alguna con que la matrícula del último año del estudiante haya sido subsidiada o financiada, al no tener relación con los méritos académicos del mismo.

III. Concepto OJN 024 de 2007

En atención a lo acordado en el Comité de Matrículas, en su sesión del día 17 de mayo de 2007, tuvo usted oportunidad de solicitar a este Despacho la emisión de concepto jurídico sobre la interpretación del Literal b, Artículo 1, Resolución No 240 de 1998 de la Rectoría, en relación con el término becado, de la misma forma que se repite la solicitud a través de su memorando de la referencia. En dicha ocasión, a partir de la revisión de la reglamentación en materia de matrículas e incentivos a estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia, así como de jurisprudencia sobre la materia, se concluyó lo siguiente:

"El término becado al que se alude en la resolución no 240 de 1998 de la rectoría, implica que el estudiante ha sido acreedor de un beneficio o incentivo en virtud a sus méritos personales y académicos, y no a su pertenencia a determinado grupo, o su procedencia familiar.

Una interpretación distinta, equivaldría a otorgar un beneficio a un estudiante, en razón a criterios distintos a sus méritos académicos, situación, que implica vulnerar el derecho a la igualdad, protegido constitucionalmente."

La tesis jurídica antes mencionada se extrajo a partir de los siguientes razonamientos:

I. CÁLCULO DE MATRÍCULAS

(...)

1. El pago que realice el estudiante de pregrado por concepto de matrícula, debe corresponder a su situación socio-económica, para lo cual la Universidad Nacional, aplica unas variables y criterios de acuerdo con la información suministrada por el estudiante admitido.

2. Dentro de los criterios definidos por la normatividad, en especial las reglamentaciones de la Rectoría, se encuentra el del valor de la pensión cancelada por el estudiante durante su último año de secundaria.

3. El porcentaje respectivo otorgado por concepto del valor de la pensión, puede variar, si el estudiante fue becado durante este último año, entendiendo por esto el NO PAGO de matrícula, pensión, servicios académicos, etc.

II. INCENTIVOS EN LA NORMATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD-REQUISITOS

(...)

1. Para que proceda el otorgamiento de incentivos en la Universidad Nacional, entendiendo por estos becas, exoneraciones de matrícula, matriculas de honor, etc, el estudiante debe cumplir con determinados méritos académicos, en otras palabras, debe ser un estudiante sobresaliente, en la medida que ha obtenido un buen promedio académico, no ha perdido materias o asignaturas y en algunos casos, ha tenido un satisfactorio examen de ingreso.

2. Ahora bien, en ejercicio de la interpretación sistemática de la normatividad1, puede colegirse, que el término becado, al que se alude en la Resolución No 240 de 1998 de la Rectoría, antes reseñada, implica necesariamente que el estudiante ha obtenido determinados méritos académicos, que lo hacen acreedor de tal beneficio.

III. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES:

(...)

De las sentencias trascritas, puede deducirse lo siguiente:

1. Los cobros que se efectúen a los estudiantes de Universidades públicas, deben estar circunscritos a su capacidad efectiva de pago, de modo que quien puede pagar dada su situación particular, está obligado a ello, sin que por pertenecer a determinado grupo (como por ejemplo el ser hijo de servidor público), le sea otorgado un trato especial o preferente.

2. No deben desconocerse los méritos académicos y personales, estableciendo por encima de los mismos criterios, como el de pertenecer a un determinado grupo social o profesional.

3. Vale la pena señalar, en este último caso, que aún cuando el artículo 10 del Acuerdo 100 de 1993 del Consejo Superior Universitario, establece que los hijos y cónyuges del personal pensionado o de planta de la Universidad, que comprende trabajadores oficiales, empleados públicos y personal académico, están exentos del pago del derecho por concepto de matrícula, también lo es que, el Acuerdo 87 de 1997 del Consejo Superior Universitario2, estableció que el mismo se considera un beneficio propio del sistema de bienestar universitario, es decir, no se genera en consecuencia un trato discriminatorio con respecto a otros estudiantes de la Universidad Nacional.

VI. Derechos Académicos

Dado que el literal b del artículo 1 de la Resolución 240 de 1998 de Rectoría define becado como aquel que no ha pagado valor alguno por concepto de derechos académicos, uno de los primeros aspectos a plantear consiste en definir a que hacen referencia estos derechos.

El Decreto 135 de 19963, vigente para la época de expedición de la Resolución No. 240 de 1998, establecía en relación con el cobro de los derechos académicos en los colegios estatales lo siguiente:

Artículo 5. De conformidad con lo previsto en la Constitución Política y en la Ley, se entiende por derechos académicos la suma regulada por la autoridad competente, con la cual las familias que pueden hacerlo, contribuyen de manera solidaria para atender costos de los servicios educativos distintos de los salarios y prestaciones sociales del personal, requeridos por los establecimientos estatales para la formación integral de sus hijos, durante el año académico.

Las funciones de determinar, autorizar y cobrar derechos académicos de los establecimientos educativos estatales se ejercen y desarrollan con arreglo a los principios generales del derecho, a los del ejercicio de la función administrativa y en particular con fundamento en los principios de justicia, equidad, moralidad, celeridad y eficacia.

Artículo 3. El servicio educativo prestado por los establecimientos educativos estatales es por su propia naturaleza gratuito, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos, teniendo en cuenta las escalas y criterios definidos en el presente reglamento y en los que dicten las secretarías de educación departamentales y distritales, atendiendo las disposiciones del mismo.

Tenemos entonces que para los establecimientos educativos estatales, la norma señalaba que los derechos académicos correspondían a aquellos con los que se atienden los costos de los servicios educativos, y aunque se establecía como gratuita la educación en estos establecimientos, se permitía su cobro a quienes tuvieran capacidad económica.

Este decreto fue derogado a través del Decreto Nacional 4807 de 2011 que entró en vigencia el día 20 de diciembre de 2011, a través del cual se declaro abierta y tajantemente el concepto de gratuidad de la educación en los colegios públicos de la siguiente manera:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por objeto reglamentar la gratuidad educativa para todos los estudiantes de las instituciones educativas estatales matriculados entre los grados transición y undécimo.

Artículo 2. Alcance de la gratuidad educativa. La gratuidad educativa se entiende como la exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios. En consecuencia, las instituciones educativas estatales no podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o servicios complementarios.

Parágrafo 1. Para la asignación de los recursos de gratuidad se excluyen de los beneficiarios a los estudiantes de ciclos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de educación para adultos, el ciclo complementario de las escuelas normales superiores, grados 12 y 13, y a estudiantes atendidos en instituciones educativas estatales que no son financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.

Parágrafo 2. Los estudiantes atendidos mediante la contratación de la prestación del servicio educativo, en cualquiera de sus modalidades contractuales, no se encuentran incluidos en la asignación de recursos de gratuidad de que trata el presente decreto, pues dichos recursos se incluyen en el valor pagado al prestador del servicio por la atención educativa de estos estudiantes. En consecuencia, el prestador del servicio educativo contratado no podrá realizar cobros a la población atendida por conceptos de derechos académicos, servicios complementarios, o por alguno de los componentes de la canasta educativa ofrecida o cualquier otro concepto.

En consonancia con lo anterior y atendiendo específicamente al parágrafo 2 del artículo 1 antes citado, se encuentra que el artículo 27 de la Ley 715 de 2001 (adicionado por el artículo 30 de la Ley 1176 de 2007 y modificado por la Ley 1294 de 2009), consagra la posibilidad de contratar el servicio educativo en otras instituciones, así:

Artículo 27. Prestación del Servicio Educativo: Los Departamentos, Distritos y Municipios certificados, prestarán el servicio público de la educación a través del Sistema Educativo Oficial.

Solamente en donde se demuestre insuficiencia o limitaciones en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial podrá contratarse la prestación del servicio educativo con entidades sin ánimo de lucro, estatales o entidades educativas particulares cuando no sean suficientes las anteriores, que cuenten con una reconocida trayectoria e idoneidad, sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura en los servicios educativos estatales. El valor de la prestación del servicio financiado con recursos del sistema general de participaciones no puede ser superior a la asignación por estudiante, definido por la Nación. Cuando el valor sea superior, el excedente se pagará con recursos propios de la entidad territorial, con las restricciones señaladas en la presente ley.

Cuando con cargo a recursos propios la prestación del servicio sea contratada con entidades no estatales, la entidad territorial deberá garantizar la atención de al menos el ciclo completo de estudiantes de educación básica.

La Educación Misional Contratada y otras modalidades de educación que venían financiándose con recursos del Situado Fiscal, y las participaciones de los municipios en los Ingresos Corrientes de la Nación se podrán continuar financiando con los recursos del Sistema General de Participaciones.

A través del Decreto 2355 de 20094 se reguló la contratación que las entidades territoriales pueden llevar a cabo con instituciones sin ánimo de lucro, públicas o en su defecto privadas con reconocida trayectoria e idoneidad, para la prestación del servicio de educación formal cuando se demuestre la insuficiencia para prestar el servicio educativo en los establecimientos educativos estatales de su correspondiente jurisdicción. En relación con los cobros a estudiantes que realicen sus estudios en las instituciones contratadas en virtud de dichos convenios, el Decreto señala:

"ARTÍCULO 6. COBROS A LOS ESTUDIANTES. Cuando se atienda población objeto de las políticas de gratuidad del Ministerio de Educación, el contratista no podrá realizar, en ningún caso, cobros por concepto de matrículas, pensiones, cuotas adicionales, servicios complementarios, cobros periódicos u otros conceptos.

Cuando se autorice al contratista el cobro de derechos académicos o servicios complementarios para población que no es objeto de las políticas de gratuidad, tales cobros deben ser establecidos sin exceder las restricciones previstas en las normas vigentes sobre costos educativos para los establecimientos educativos estatales del ente territorial contratante. En consecuencia, no podrán pactarse, en ningún caso, cobros diferentes en monto y concepto de los establecidos para los establecimientos educativos estatales en los respectivos reglamentos territoriales".

Los cobros establecidos en los reglamentos territoriales que señalaba este artículo fueron derogados por el Decreto 4807 de 2011, al establecer la gratuidad del servicio educativo tanto para los estudiantes de las instituciones educativas estatales como de aquellos atendidos mediante la contratación de la prestación del servicio educativo.

Así visto, se tendría que a partir de diciembre de 2011, y por virtud del Decreto 4807 de 2011, la gratuidad educativa en Colombia se entenderá como la exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios para los estudiantes de las instituciones educativas estatales financiadas por el Sistema General de Participaciones y de las instituciones en convenio con las entidades territoriales, sean públicas o privadas.

Ahora bien, el Decreto 2253 de 1995, norma que rige los cobros para las instituciones privadas señalaba los siguientes costos:

Artículo 1. Los establecimientos educativos privados que ofrezcan la educación formal en cualquiera de sus niveles, preescolar, básica y media, serán autorizados para la aplicación de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados en la prestación del servicio educativo, de acuerdo con las normas contenidas en el presente reglamento.

(...)

Artículo 4. Para efectos de la aplicación del presente reglamento, se definen los siguientes conceptos:

1. Valor de Matrícula: Es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo ofrecido por el establecimiento educativo privado o cuando esta vinculación se renueva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley 115 de 1994. Este valor no podrá ser superior al diez por ciento (10%) de la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo, atendiendo lo dispuesto en el Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados a que se refiere el artículo 5 de este reglamento.

2. Valor de la Pensión: Es la suma anual que se paga al establecimiento educativo privado por el derecho del alumno a participar en el proceso formativo, durante el respectivo año académico.

Su valor será igual a la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo, atendiendo lo dispuesto en el Manual menos la suma ya cobrada por concepto de matrícula y cubre el costo de todos los servicios que presta el establecimiento educativo privado, distintos de aquellos a que se refieren los conceptos de cobros periódicos aquí determinados.

El cobro de dicha pensión podrá hacerse en mensualidades o en períodos mayores que no superen el trimestre, según se haya establecido en el sistema de matrículas y pensiones, definido por el establecimiento educativo en su proyecto educativo institucional.

3. Cobros Periódicos: Son las sumas que pagan periódicamente los padres de familia o acudientes que voluntariamente lo hayan aceptado, por concepto de servicios de transporte escolar, alojamiento escolar y alimentación, prestados por el establecimiento educativo privado. Estos cobros no constituyen elementos propio (sic) de la prestación del servicio educativo, pero se originan como consecuencia del mismo.

4. Otros Cobros Periódicos: Son las sumas que se pagan por servicio del establecimiento educativo privado, distintos de los anteriores conceptos y fijados de manera expresa en el reglamento o manual de convivencia, de conformidad con lo definido en el artículo 17 del Decreto 1860 de 1994, siempre y cuando dicho reglamento se haya adoptado debidamente, según lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del mismo Decreto y se deriven de manera directa de los servicios educativos ofrecidos.

Con lo anterior es claro que los cobros permitidos para los colegios privados del país se pueden clasificar en cobros permanentes obligatorios y cobros periódicos voluntarios. Dentro de los primeros están comprendidos la matrícula, con la cual se formaliza la vinculación a la institución, y la pensión como pago del servicio educativo mismo. Frente a los cobros periódicos voluntarios, representan sumas que cubren otros costos asociados y originados o derivados del servicio educativo, que no representan una contraprestación propiamente dicha del servicio y están sujetos a la voluntad de los padres de familia.

Ahora bien, el literal b del artículo 1 de la Resolución de Rectoría No. 240 de 1998, señala que "El estudiante que no haya pagado ningún valor por concepto de derechos académicos, tales como matrícula, pensión, servicios académicos, etc., en el último grado de educación media, se considerará estudiante becado". Al describir los costos que a manera de ejemplo inscribe dentro de los llamados derechos académicos, señala aquellos que el Decreto 2253 de 1995 considera permanentes y relacionados directamente con el servicio educativo, lo mismo que eran para el Decreto 135 de 1996.

Teniendo en cuenta que la Resolución 240 de 1998 se expidió de manera posterior a los Decretos mencionados y realizando una interpretación sistemática, puede concluirse que la expresión "derechos académicos" contenida en el literal b del artículo 1 de esta norma, hace alusión a los cobros de carácter obligatorio y permanentes que cobran las instituciones o colegios como retribución directa del servicio educativo, en contraposición a los cobros de carácter voluntario y periódicos que se cobran como derivados o accesorios a este servicio, que no estarían incluidos dentro de la concepción de derechos académicos. Ahora bien, según el cobro que se realice de los derechos académicos, pueden establecerse dos grupos poblacionales objeto de la norma, así:

En primer lugar encontramos a los estudiantes de transición a undécimo que a partir de la vigencia del Decreto 4807 de 2011, pertenecientes a las instituciones educativas estatales, no pagarán valor alguno por concepto de derechos académicos y servicios complementarios. De igual manera se incluyen en este grupo los estudiantes que estudian en otras instituciones en virtud de los convenios existentes entre la entidad territorial y el colegio, los cuales también se encuentran excluidos del pago de derechos académicos.

En segundo lugar encontramos los estudiantes que pagan derechos académicos por cuanto a ellos no se extiende el principio de gratuidad de la educación contenido en la Constitución y desarrollado y reglamentado en las normas antes previstas, teniendo los siguientes estudiantes:

1. Aquellos que pertenecen a los colegios e instituciones privadas,

2. Aquellos que se encuentran excluidos de la aplicación del Decreto 4807 de 2011, cuales son:

1.1. Los estudiantes de ciclos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de educación para adultos

1.2. Los estudiantes del ciclo complementario de las escuelas normales superiores

1.3. Los estudiantes de grados 12 y 13

1.4. Los estudiantes atendidos en instituciones educativas estatales que no son financiados con recursos del Sistema General de Participaciones

Deberá tenerse muy presente la división realizada para efectos de efectuar la mejor interpretación posible de la norma.

V. Normas internas en materia de Becas

De acuerdo con la edición actual del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una de las diferentes acepciones de la palabra beca identifica el término como "Subvención para realizar estudios o investigaciones"5, o también se definía en ediciones anteriores como "estipendio o pensión temporal que se concede a uno para que continúe o complete sus estudios6". Otros diccionarios presentan definiciones como "Cantidad de dinero que recibe una persona para pagar los gastos que le supone cursar unos estudios, realizar una investigación, preparar una actividad deportiva, etc"7 o también como "Ayuda económica que se concede a una persona para que pague los gastos que le supone cursar unos estudios, desarrollar un proyecto de investigación o realizar una obra artística". Así, el diccionario menciona que quien disfruta de una beca de las condiciones anteriores, se denominará becado o becario.

Acuñando los diferentes significados, se encuentra que la expresión beca hace referencia a una ayuda o apoyo económico que se recibe para pagar o financiar el costo que implica adelantar determinados estudios o programas, ya sea de forma total o parcial.

En la Universidad Nacional de Colombia, en desarrollo del principio de autonomía universitaria y como parte de su política de bienestar estudiantil, ha creado varias modalidades de beca para apoyar a aquellos estudiantes de posgrado que demuestran buena calidad académica y así reconocer sus méritos a través de estímulos económicos. Dentro de las becas reconocidas por la Universidad se encuentran dos categorías:

A. La Beca de Posgrado a los mejores estudiantes de pregrado, cual es aquella que se otorga a los estudiantes que obtienen su título de pregrado en la Universidad con la distinción "Grado de Honor" por haber obtenidos los más altos resultados al haber obtenido la exención de pago de matrícula en todos los períodos académicos cursados (con excepción del primero), no haber reprobado asignatura alguna y no haber tenido sanciones disciplinarias. Esta se concede para adelantar estudios de posgrado, incentivando el avance educativo de sus mejores egresados. Está regulada actualmente por el Acuerdo 070 de 2009 del Consejo Académico con las respectivas modificaciones realizadas por el Acuerdo 007 de 2010 del mismo consejo.

B. Las Becas del Sistema Nacional de Becas

El Sistema Nacional de Becas de la Universidad se encuentra regulado por el Acuerdo 028 de 2010 del Consejo Superior Universitario, y está definido por su artículo 1 como "el conjunto de apoyos económicos combinados con la exención de pago de derechos académicos que la Universidad le brinda a los estudiantes de posgrado con buen desempeño académico", cuya finalidad es la de "organizar y ofrecer becas a los mejores estudiantes de los programas de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia para que puedan lograr sus objetivos de formación de manera exitosa, graduándose en los tiempos reglamentarios estimados por cada uno de los programas curriculares".

Frente a las becas del sistema, el artículo segundo las define como "el apoyo integral a los estudiantes de nivel de posgrado, que contempla la exención de los derechos académicos y un estímulo económico asignado bajo los criterios y condiciones estipuladas por el presente Acuerdo (...) y que incluye, además de los beneficios ya mencionados, responsabilidades académicas, como la terminación exitosa de los estudios de posgrado y la ejecución de labores docentes asignadas por las instancias pertinentes". Así, el sistema contempla varias modalidades de beca, a saber:

1. Beca estudiante sobresaliente de posgrado

2. Beca asistente docente

3. Beca auxiliar docente

4. Beca exención derechos académicos

5. Becas con apoyos externos

De la forma indicada en esta norma, las Becas de Posgrado son apoyos económicos mixtos que incluyen obligaciones académicas, destinados a los estudiantes sobresalientes de posgrado para que terminen exitosamente sus estudios. Conforme a las diferentes modalidades de Beca contempladas en este Acuerdo 028, se destacan las siguientes características comunes:

a) Se catalogan como apoyos mixtos porque sus beneficios contemplan la combinación entre la exención en el pago de los derechos académicos del programa y el otorgamiento de un "estímulo económico", es decir, una especie de pago que se entrega al estudiante, que se mide en unidades de salario mínimo legal mensual vigente, y que se determina según la modalidad de Beca8.

b) Incluyen obligaciones académicas porque estas Becas se otorgan bajo condición de realizar actividades de apoyo docente como deber del beneficiario de la beca, y la aceptación de otros compromisos, como por ejemplo la dedicación exclusiva a las labores académicas y docentes.

c) Estas obligaciones y compromisos están sujetos a seguimiento por parte de la instancia responsable según la modalidad de beca que se revise

d) Cuando en el seguimiento se establezca la realización de alguna de las causales establecidas en la normatividad interna, acarreará para el Becario la pérdida de esta condición y por tanto, la pérdida de los beneficios que incluye.

e) El incumplimiento de los compromisos a los que se obliga el becario, puede acarrearle no solo la pérdida de su calidad de becario, dependiendo del caso y de lo que se regule en las normas particulares a cada modalidad, sino además, que la instancia responsable podrá establecer la devolución de los dineros otorgados a título de apoyo económico y de exención en derechos académicos.

f) La escogencia de los mejores estudiantes se realiza de acuerdo a su rendimiento académico o a su puntaje de admisión, cuya exigencia será mayor o menor dependiendo de la modalidad de Beca a la que se refiera, no obstante todas las modalidades contemplan un alto nivel académico para su otorgamiento.

g) Solo pueden aspirar a ser beneficiarios de la Beca, los estudiantes que cumplan con los requisitos exigidos en cada modalidad y solo aquellos pertenecientes a programas de maestría, doctorado y especialidades del área de la salud.

h) Cada modalidad de Beca está sujeta a diferentes requisitos, beneficios, y obligaciones por parte del Becario. Así mismo incluye determinadas instancias responsables, tanto de expedir las reglamentaciones necesarias para complementar o desarrollar la beca, como de designar a los becarios y realizar su seguimiento.

i) El estudiante interesado que cumpla con los requisitos de la norma, deberá inscribirse para participar como candidato en la convocatoria de las Becas disponibles, que emita la respectiva instancia responsable, por lo cual este beneficio no opera de manera oficiosa.

j) En el momento en que se selecciona y nombra a un estudiante como becario, nace una vinculación de tipo académico entre este becario y la Universidad, entendiendo esta clase de vinculación como "aquella en la que el estudiante es vinculado a la Universidad a través de resolución, en virtud de cualquiera de las figuras académicas existentes (llámese monitoria, estudiante auxiliar, becario u otras), por lo cual recibe un estímulo económico y que NO constituyen vinculo laboral, ni contractual con la Universidad"9

De lo anterior puede concluirse que en el ámbito de las normas internas, las becas existentes en la Universidad Nacional de Colombia representan apoyos que se otorgan a estudiantes que demuestren ser sobresalientes en su desempeño académico, para que puedan financiar y llevar a término sus estudios de posgrado, entre otros objetivos. Dentro de los apoyos recibidos y dependiendo de la modalidad de beca que se analice, se contempla el otorgamiento de una cantidad determinada de dinero y la exención en el pago de derechos académicos, o solo la exención de estos derechos10, pero en todo caso se requiere el cumplimiento de ciertos deberes y compromisos obligatorios durante el periodo académico. El otorgamiento de este apoyo exige la demostración de altas calidades académicas, por cuanto los aspirantes al beneficio deben exponer un determinado promedio académico o puntaje en las pruebas de admisión al programa, para ser candidato a la respectiva beca, así como determinados puntajes o promedios para permanecer con la calidad de becario.

Con lo anterior, es forzoso señalar que la noción de Beca, en el ámbito de las normas internas, contempla la entrega de un apoyo económico que implica no solo la demostración de méritos académicos por parte de una persona para su obtención, sino también la demostración de altas calidades académicas para mantener el beneficio, designando a la persona que disfruta del beneficio como becario.

VI. Interpretación del término Becado

Una vez claro a que hace referencia el concepto de "derechos académicos" para los estudiantes de colegio, los dos grupos poblacionales a los cuales debe aplicarse la norma y el contenido de la expresión "beca" en el ámbito de la normatividad interna, habrá que analizar lo correspondiente a la extensión del origen de la exclusión de pago de los derechos académicos en las instituciones educativas secundarias. Para dar respuesta a la solicitud de concepto, deberá primero analizarse las conclusiones obtenidas en los dos conceptos anteriores emitidos por esta Oficina Jurídica.

Así pues, primero habrá que señalar que se encuentran actualmente vigentes las normas sobre las que se sustenta la interpretación elevada en el año 2003, lo cual evidenciaría que sus conclusiones seguirían vigentes. En segundo lugar, en relación con el concepto emitido en el año 2007, cita nuevamente las normas del sistema de matrículas que contienen el término becado, mismas citadas en el año 2004, presenta otras en materia de incentivos a estudiantes de la Universidad, que al efecto han perdido vigencia por su derogatoria expresa y se presentan varios criterios jurisprudenciales. Dado que las normas sobre incentivos produjeron como conclusión en este concepto que el término becado implicaba necesariamente que el estudiante hubiera obtenido determinados méritos académicos, que lo habrían hecho acreedor de tal beneficio, este Despacho pasará a analizar tal conclusión a la luz de la normatividad interna vigente, de la siguiente manera:

En la solicitud original que el Comité de Matrícula de la Sede Medellín hace al Comité Nacional de Matrículas, se expone que la confusión en el término nace en los casos en los que los estudiantes han sido beneficiados con becas o exenciones de pago de la pensión mensual del colegio, "por motivos diferentes a los académicos (como por ejemplo deportistas de alto rendimiento, o instituciones particulares que pagan la mensualidad del colegio a los hijos de sus empleados)".

Respecto a lo anterior, en los conceptos anteriores de esta Oficina se sostuvo que el término becado, al que se alude en la Resolución No. 240 de 1998 de la Rectoría, implica necesariamente que el estudiante ha obtenido determinados méritos académicos, que lo hacen acreedor de tal beneficio, y en este sentido, se mencionó que la noción conceptual de méritos académicos o razones académicas, está referida no solo al rendimiento escolar, sino que allí están involucrados otro tipo de logros, como los deportivos, culturales, artísticos, entre otros.

Tal como se mencionó en aparte anterior, desde el Acuerdo 100 de 1993, la condición de becado se consideró como determinante para la fijación del Puntaje Básico de Matrícula, incluyéndose por la Resolución 2146 de 1993 de Rectoría en la variable socioeconómica A, cuyo indicador A1 se define en correspondencia al valor de la pensión mensual pagada durante el último año de secundaria del aspirante admitido. Al encontrar casos en los cuales dichos sujetos no han cancelado valores, estas normas lo designan como becado.

Pero dado que la noción de este concepto podía no ser clara en razón a los diversos escenarios que son posibles, mediante el artículo 1 de la Resolución No. 240 de 1998 de Rectoría se definieron dichos casos, separando dos situaciones, así:

1. El estudiante que no ha pagado pensión en su último año de escolaridad, pero ha pagado otros derechos académicos.

2. El estudiante que no ha pagado ningún valor por concepto de derechos académicos, donde se considerará becado.

Como se muestra, becado será aquel que no pagó valor alguno por concepto de derechos académicos en su último año de colegio, en contraposición con el estudiante que no pagó pensión en su último año pero si tuvo lugar el pago de otros derechos académicos tales como la matrícula.

Al tomar en su tenor literal lo preceptuado expresamente en el literal b del artículo 1 de la Resolución No. 240 de 1998 de Rectoría, y ante la división poblacional realizada en el aparte anterior, se tendría que el primer grupo poblacional correspondiente a los estudiantes de instituciones educativas oficiales y estudiantes de instituciones públicas o privadas en convenio, se considerarían becados todos ellos, dado que no pagan valor alguno por concepto de derechos académicos, teniendo como fundamento de la exclusión de pago en desarrollo del principio de gratuidad de la educación.

En relación con en el segundo grupo poblacional, podrá considerarse becado quien no paga derechos académicos, es decir los cobros de carácter permanente que cobran las instituciones o colegios como retribución directa del servicio educativo y que corresponden en general a los ítems de Matrícula y Pensión. En esta medida, solo sobre este grupo poblacional sería de recibo estudiar la extensión en la definición de becado, de la forma en que se manifiestan las dudas presentadas y que son materia del presente concepto, puesto que no cabe hacer distinción alguna frente al primer grupo poblacional cuando todos sus participantes se encuentran en la misma condición, es decir, todos se benefician de la exclusión de pago de derechos académicos.

Ahora bien, tal como se mencionó en la sección anterior, en el ámbito de las normas internas, la obtención y mantenimiento de una beca implica la demostración de méritos académicos por parte de una persona para disfrutar de los beneficios que tiene implícitos la concesión de la misma, por lo cual solo adquiere la condición de becario o becado quien cumple y mantiene las altas calidades académicas exigidas, así, la expresión becado se carga de un contenido implícito que indica ciertas cualidades o habilidades existentes en el historial del estudiante que le permiten destacarse.

Sin perjuicio de lo anterior, y atendiendo a que el concepto de becado se aplica sobre los pagos realizados en el colegio o institución, la determinación de las condiciones en las cuales se otorgó la exención en el pago de derechos académicos a los estudiantes que no pagaron matrícula ni pensión en su último año académico, se somete única y exclusivamente al cumplimiento de los requisitos y a las modalidades de beca consagrados en las normas que crean este beneficio dentro de la normatividad interna de cada plantel de secundaria11, por lo cual existen becas que pueden atender a resaltar los méritos académicos del estudiante o estar dirigidas a resaltar logros que no necesariamente son académicos en estricto sentido, pudiendo ser deportivos, culturales, artísticos, sociales, entre otros. Así mismo, corresponderá al fuero interno de cada institución la exigencia de conservar un rendimiento académico promedio, sobresaliente o excelente para mantener el beneficio recibido.

No obstante, la importancia que debe resaltarse en la concesión de becas en general es la exaltación del mérito y la exigencia de un rendimiento. Así pues, se entiende que el mérito es aquella acción que hace a un hombre digno de recibir un premio tal como el pago de los gastos periódicos y permanentes de su colegiatura, es decir sus derechos académicos, y cuya acción digna puede provenir de varias fuentes como su rendimiento escolar, deportivo, social, cultural, etc. De igual forma, una vez concedido este premio o reconocimiento, generalmente su sostenimiento se limita al cumplimiento de requisitos de excelencia académica, obligándolo a mantener un promedio y un comportamiento disciplinario determinados.

Ahora bien y frente al caso concreto, al observarse lo dispuesto en el literal b del artículo 1 de la Resolución 240 de 1998, se designa al becado como el sujeto beneficiario de la exención de sus derechos académicos, sin que le restrinja el motivo o razón por el cual obtuvo tal privilegio, lo que no necesariamente indicaría que la exención deba corresponder o tener origen en razones académicas, haciendo pensar que sea cual sea el origen del beneficio, el estudiante debería considerarse becado mientras se cumpla el hecho objetivo de la norma cual es no haber cancelado ningún derecho académico.

Sin embargo resulta incuestionable resaltar que a la luz de sistema jurídico interno de la institución, el término "becado" de la Resolución 240 de 1998 no podría considerarse de forma plana sino cargada del contenido mencionado, es decir la existencia de la exaltación de un mérito y la correspondiente obligación de rendimiento, por lo cual al interpretar la expresión en la aplicación de la norma, es factible que la Universidad evalúe que el estudiante no solo haya recibido el beneficio de exención de los derechos académicos, sino también la situación que da origen a dicha exención, con el fin de reconocer como becado a quien ha obtenido este beneficio por virtud de sus méritos propios y no por cuenta de la financiación que un tercero ajeno hubiera podido proporcionarle por pertenecer a un grupo o población en especial, como ser hijo de un empleado o encontrarse afiliado a una cooperativa o empresa determinada. De esta manera, el beneficio que se otorgó por mérito al estudiante en el colegio, se tiene como variable para la determinación de su puntaje básico de matrícula que dará como resultado un puntaje menor al que le correspondería, haciendo continuo el beneficio.

Por otro lado, el hecho de que la interpretación del término becado solo pueda ser aplicada al segundo grupo poblacional y no al primero no implica que se realice atendiendo a criterios desiguales entre ambos grupos, sino reconociendo las diferencias que se impulsan como parte de la política pública del país para garantizar el derecho a la educación tanto en su acceso como en la permanencia dentro del sistema educativo para las poblaciones con menores recursos, presupuesto bajo el cual se desarrolla el principio de gratuidad de la educación y por el cual el segundo grupo se integra por aquellos que se supone poseen recursos para poder sufragar los derechos académicos en las instituciones a las que pertenecen.

Ahora bien, el reconocimiento de la calidad de becado como una especie de privilegio para los estudiantes pertenecientes al segundo grupo con capacidad económica al representar una variable supremamente importante para la determinación de su puntaje de matrícula que dará como resultado un valor de matrícula mucho más bajo que lo normal, debe estar plenamente justificado, con el fin de garantizar el principio de igualdad entre todos los sujetos pertenecientes al mismo grupo, quienes en virtud de su capacidad económica se encuentran habilitados para sufragar los gastos de su educación. Este precepto solo atiende al derecho a la educación de la forma en que se encuentra descrita en la Constitución, que menciona:

"Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

"La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos."

Frente al principio de gratuidad de la educación y la exención de pago para un grupo determinado, la Corte Constitucional ha señalado:

"b) Sobre el derecho a la educación gratuita en los establecimientos educativos estatales.

El artículo 186 consagra que los hijos de algunos servidores públicos (personal de educadores, directivo y administrativo, y los miembros de las fuerzas armadas) tendrán prioridad para el estudio gratuito en los establecimientos educativos del Estado.

Sin embargo, el artículo 67, inciso cuarto, de la Constitución establece lo siguiente:

"La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos." (se subraya)

Indudablemente, el mandato constitucional es claro y no hace distinciones. El estudio gratuito en los establecimientos del Estado se refiere no sólo a servidores públicos sino, en general, a quienes ingresen a tales establecimientos educativos.

Por consiguiente, viola la Constitución el artículo 186, que consagra este privilegio sólo para algunos servidores públicos, pues constituye una restricción no prevista por la norma constitucional. Por consiguiente, el artículo demandado será declarado inexequible.

Sin embargo, el hecho de considerar el artículo 186 inconstitucional, por ninguna razón debe entenderse como un desconocimiento a la labor que desempeñan los educadores en la sociedad, o que la Corte sea indiferente a la situación en que pueden llegar a encontrarse los hijos de los miembros de las fuerzas armadas que han fallecido en servicio activo. El problema radica en que la norma consagra una distinción que la Constitución no hace.

(...)

Sólo cabría recordar que una ley de esta índole, al adoptar los mecanismos de protección especial, no podría llegar a establecer privilegios que hagan caso omiso de los merecimientos académicos personales, en la forma explicada en la sentencia C-022 de 1996 citada.

Dadas las anteriores explicaciones, el artículo 186 de la ley 115 de 1994 se declarará inexequible"12 (negrillas y subrayas fuera de texto).

Así pues y siguiendo el pensamiento de la Corte, se tendría que los sujetos del segundo grupo se encuentran en la misma situación al señalar que tienen capacidad económica para sufragar sus derechos académicos (a comparación de los sujetos del primer grupo), y el criterio para justificar el privilegio que se otorga sobre la variable del PBM al considerar algunos de ellos como becados solo puede proceder a causa de los méritos que le hayan hecho merecedor de la beca y de su mantenimiento, por lo cual, para el segundo grupo, la calidad de becado no abarca o cobija los casos en que los estudiantes han sido exentos del pago de sus derechos académicos por virtud de un grupo, entidad o institución que los financie sin tener en cuenta sus méritos para ello.

VII. Conclusiones

En este sentido, frente al segundo grupo donde procede la interpretación, el término "becado" al que se alude en la Resolución 240 de 1998 de la Rectoría, solo puede atribuirse al estudiante que ha sido acreedor de un beneficio o incentivo que le implica la exención de pago de los gastos de matrícula y pensión de su último año académico gracias a la existencia de la exaltación de un mérito propio y la correspondiente obligación de rendimiento en el colegio o institución del cual procede y bajo las normas que dicha institución crea el incentivo.

No obstante lo anterior y dada la confusión que ha generado el término en su aplicación interna a pesar de los diferentes conceptos que se han emitido, este Despacho considera que a futuro debería plantearse la posibilidad de modificar la norma para dilucidar con mayor claridad las situaciones descritas para cada grupo aquí expuesto, y en particular la amplitud de la expresión becado, de forma que el texto de la norma no dé lugar a dudas a la hora de su aplicación.

Este concepto se emite de conformidad con el Artículo 25 del Código Contencioso Administrativo y con el Artículo 14 del Acuerdo 026 de 2010 del Consejo Superior Universitario, y conlleva una función orientadora, cuyo propósito no es generar deberes u obligaciones ni otorgar derechos, por lo cual el interesado tiene la opción de acogerlo o no.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe

NOTAS DE PIE DE PÁGINA:

1 Código Civil, Artículo 30: El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto.

2 Artículo 1. A partir de la vigencia del presente acuerdo, la exención de que trata el artículo 10 del acuerdo 100 de 1993 se considerará para todos los efectos como un reconocimiento propio del sistema de Bienestar Universitario, sin carácter salarial ni pensional, con el cual se estimará pagado el valor de la matrícula que en cada caso se liquide.

3 Decreto 135 de 1996 "Por el cual se regulan los cobros por concepto de derechos académicos en los establecimientos educativos estatales"

4 Decreto 2355 de 2009 "Por el cual se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas".

5 Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición

6 Diccionario de la Lengua Española. Decimo Octava Edición

7 Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.

8 Este tipo de apoyo está contemplado principalmente para las Becas estudiante sobresaliente de posgrado, asistente docente y auxiliar docente, mientras que la beca de exención de derechos académicos solo incluye el beneficio que contempla su nombre sin la entrega de un estímulo económico.

9 Oficina Jurídica Nacional. Concepto No. 25, emitido mediante Memorando 427 de 05 de Mayo de 2011.

10 Caso específico de la "Beca Exención Derechos Académicos" desarrollada en el capítulo V del Acuerdo 028 de 2010 del Consejo Superior Universitario.

11 Corte Constitucional. Sentencia T-172 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz. "El derecho a recibir estímulos escolares como la exoneración del pago de derechos académicos y servicios complementarios, no es un derecho fundamental, y está sometido al cumplimiento de los requisitos consagrados en las normas que lo crean para un establecimiento específico; en el caso sometido a revisión, los criterios consagrados en el manual de convivencia para su otorgamiento, en nada son contrarios a lo previsto por la Carta Política en los artículos 44 y 67, por lo que tampoco desde el punto de vista sustantivo puede objetarse la decisión que sirvió de origen a la presente acción de tutela".

12 Corte Constitucional. Sentencia C-210 de 1997