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  Concepto 5 de 2011 Sala Jurídica
 
  Fecha de Expedición: 03/05/2012  
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SALA JURÍDICA

CONCEPTO No. SJ-05 DE 2011

Para: Doctora Johanna Milena Aragón Sandoval. Secretaria Técnica Comité de Conciliación

Referencia: Oficio STCC-52-11 del 20 de mayo de 2011 - Solicitud de Concepto respecto a la aplicación del precedente jurisprudencial en materia de reconocimiento de derechos pensionales

Respetada Doctora:

En atención al Oficio de la referencia a través del cual se solicita concepto respecto a la aplicación del precedente jurisprudencial en materia de reconocimiento de derechos pensionales, se emite concepto jurídico en los siguientes términos:

DESCRIPTORES

-Precedentes jurisprudenciales

-Retrospectividad

FUENTE FORMAL

-Ley 100 de 1993

-Ley 1395 de 2010

-Ley 1371 de 2009

-Acuerdo 09 de 2010 del Consejo Superior Universitario

-Circular No. 054 del 03 de noviembre de 2010 de la Procuraduría General de la Nación

FUENTES AUXILIARES

-Sentencia C-335 de 2008 de la Corte Constitucional

-Sentencia C-836 de 2001 de la Corte Constitucional

-Sentencia C-539 de 2011 de la Corte Constitucional

-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección "A", C P: Luis Rafael Vergara Quintero, del 23 de septiembre de 2010, Radicación número: 25000-23-25-000-2005-07053-01(1886-07)

-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP Olga Inés Navarrete Barrero del 04 de octubre de 2001 Rad 08001-23-31-000-1997-3133-01 (6840)

-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera CP María Elena Giraldo Gómez del 30 de octubre de 2003 Rad. 85001-23-31-000-1999-2909-01(17213)

-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Segunda, Subsección A, CP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, del 06 de marzo de 2008, Rad. 23001-23-31-000-2002-00244-01(2152-06)

-Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, MP Eduardo López Villegas, Ref. Exp. No. 37134 del 21 de julio de 2010

PROBLEMA JURÍDICO

¿Cómo DEBE APLICARSE EL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL EN MATERIA PENSIONAL Y DESDE QUE momento DEBE APLICARSE la Ley 1395 de 2010?

TESIS JURÍDICA

el Precedente jurisprudencial en materia pensional DEBE APLICARSE SOBRE LOS MISMOS hechos y pretensiones del asunto que se somete a consideración de la Universidad y su aplicación se debe efectuar desde el momento en que entra en vigencia la Ley 1395 de 2010

I. Ley 1395 de 2010

Respecto al tema de la aplicación de los precedentes jurisprudenciales se debe comenzar señalando que la Ley 1395 del 12 de julio de 2010 "Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial." ordena:

"ARTICULO 114. Las entidades públicas de cualquier orden, encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos, o en conflictos tributarios o aduaneros, para la solución de peticiones o expedición de actos administrativos, tendrán en cuenta los procedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o contenciosa administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido en cinco o más casos análogos" (Subrayado y negrilla fuera del texto)

De conformidad con lo anterior se debe inferir que para efectos emitir actos administrativos y resolver las solicitudes que en materia pensional se presenten la entidades públicas encargadas de reconocer y pagar pensiones, deben darle aplicación a los precedentes jurisprudenciales que por los mismos hechos y pretensiones se hayan emitido en 5 o más casos.

Lo anterior en concordancia con lo determinado por la Corte Constitucional en Sentencia C-335 de 2008 respecto al carácter vinculante de la jurisprudencia sentada por las altas Cortes:

"Desde un punto de vista de dogmática constitucional, autores clásicos como Chamberlai, sostienen que el respeto por los precedentes se funda en un tríptico: protección de las expectativas patrimoniales, seguridad jurídica y necesidad de uniformidad de los fallos. Sin embargo, en últimas, todas ellas se subsumen tanto en el principio de seguridad jurídica como en aquel de igualdad: casos iguales deben ser resueltos de la misma forma.

De allí que, reconocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, redunda en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con imperativos de adaptación a los cambios sociales y económicos. De igual manera, la vinculatoriedad de los precedentes garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos

(...)

De igual manera, la creación de un sistema de precedentes constitucionales, incluso en un sistema jurídico de origen romanista, legislado y tradición continental europea como el colombiano, no sólo apunta a acordarle una mayor coherencia interna al mismo, garantiza de mejor manera el principio de igualdad entre los ciudadanos y brinda elementos de seguridad jurídica indispensables para las transacciones económicas, sino que además asegura la vigencia de los derechos fundamentales, y por ende el carácter normativo de la Constitución, en la medida en que, dada el carácter abierto que ofrecen las disposiciones constitucionales contentivas de aquéllos, se precisa de la existencia de un entramado de precedentes que precisen el sentido y alcance de aquéllas." (Subrayado y negrilla fuera del texto)

En este punto resulta importante señalar que este articulo fue derogado expresamente por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011 "Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", el cual entra a regir a partir del 02 de julio de 2012, fecha hasta la cual se debe considerar vigente el articulo en cita.

Aunado a lo anterior es menester mencionar, en cuanto a la aplicación de los precedentes jurisprudenciales, que el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010 establece la obligación en materia judicial de aplicar dichos precedentes, en los siguientes términos:

"ARTÍCULO 115. Facúltese a los jueces, tribunales, altas cortes del Estado, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura para que cuando existan precedentes jurisprudenciales, conforme al artículo 230 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 4o de la Ley 169 de 1896, puedan fallar o decidir casos similares que estén al Despacho para fallo sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, conforme a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998." (Subrayado y negrilla fuera del texto)

De conformidad con lo anterior se debe inferir que el artículo 115 de la Ley 1395 en mención ordena a los órganos que integran la Rama Judicial: Jueces, Tribunales, Altas Cortes, Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y Consejos Seccionales de la Judicatura que, cuando existan precedentes jurisprudenciales deben fallar o decidir sobre casos similares conforme a lo determinado en el artículo 230 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 4o de la Ley 169 de 1896, es decir otorgándole una connotación diferente a la establecida en el articulo 114 para las entidades públicas.

En relación con lo anterior y para efectos de entender a que se hace referencia con la expresión "casos similares", resulta importante mencionar lo determinado por la Corte Constitucional en Sentencia C-836 de 2001 con ocasión del examen de constitucionalidad del artículo 4 de la Ley 169 de 1896, que determina:"Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los Jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores.", señalando:

"24. Adicionalmente, el juez puede observar que a pesar de las similitudes entre el caso que debe resolver y uno resuelto anteriormente existen diferencias relevantes no consideradas en el primero, y que impiden igualarlos, y en consecuencia, estaría permitido que el juez se desviara de la doctrina judicial que en apariencia resulta aplicable. A contrario sensu, puede haber dos casos que en principio parezcan diferentes, pero que, observados detalladamente, tengan un término de comparación -tertium comparationis- que permita asimilarlos en algún aspecto. En esa medida, resulta adecuado que el juez emplee criterios de igualación entre los dos, siempre y cuando la equiparación se restrinja a aquellos aspectos en que son equiparables, y solamente en la medida en que lo sean. En este caso, el juez debe hacer explícitas las razones por las cuales, a pesar de las similitudes aparentes, los casos no merezcan un tratamiento igualitario o, a la inversa, debe argumentar porqué, a pesar de las diferencias aparentes, los casos deben recibir un trato idéntico o similar. Tanto en una como en otra hipótesis, los criterios de igualación o de diferenciación deben ser jurídicamente relevantes, y el trato debe ser proporcional a la diferencia en la situación de hecho."

De conformidad con lo anterior se debe inferir:

-Que el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010 ordena a la administración que al momento de resolver peticiones o emitir actos administrativos en materia pensional, se deben dar aplicación a los precedentes jurisprudenciales que por los mismos hechos y pretensiones se hubieren proferido.

-Que el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010 ordena a los órganos que integran la Rama Judicial la aplicación de precedentes jurisprudenciales que sobre "casos similares" al caso concreto se hubieren emitido, en donde la equiparación se efectúa sobre similitudes entre el caso que se debe resolver y uno resuelto anteriormente y criterios de igualación entre ambos.

Adicionalmente resulta necesario mencionar, que el artículo 114 de la Ley 1395 de 2011 fue objeto de demanda ante esta Corporación, la cual en sentencia C-539 del 12 de julio de 2011 determinó el deber de la administración de respetar los precedentes jurisprudenciales, fundamentado en:

-El respeto al debido proceso y del principio de legalidad.

-El hecho que el contenido y alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las Cortes cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante.

-Las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben motivarse de manera objetiva y razonable.

-El desconocimiento del precedente jurisprudencial emanado de las altas cortes por parte de las autoridades administrativas implica la afectación de derechos fundamentales y por tanto, una violación directa de la Constitución o de la ley, que puede dar lugar a responsabilidad penal, administrativa o disciplinaria.

-Las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley

III. Circular No. 054 del 03 de noviembre de 2010

Así mismo la Procuraduría General de la Nación expidió la Circular No. 054 del 03 de noviembre de 2010, dirigida entre otras entidades a los fondos de Pensiones y servidores que administren el régimen de prima media, a través de la cual el Procurador General de la Nación, en atención a la defensa de los derechos fundamentales, los intereses de la sociedad y el ejercicio eficiente de las funciones públicas, conmina a las entidades encargadas del reconocimiento de las pensiones del régimen de prima media, sobre la necesidad de cumplir la normatividad en materias pensional, respetar los derechos adquiridos, aplicar el régimen de transición que le aplique al peticionario en su integridad y cumplir con los precedentes jurisprudenciales.

En esta medida la Circular en cita solicita que se revise la posición jurídica de las entidades que tengan a su cargo el estudio y reconocimiento de pensiones para que tomen las medidas necesarias con el fin de evitar la violación de los derechos fundamentales de los peticionarios, el detrimento del patrimonio público y la congestión de la Rama Judicial , señalando como deber de dichas entidades acatar las normas que sobre descongestión judicial se han expedido por parte del Gobierno Nacional, respetando los precedentes jurisprudenciales para efectos de conciliar antes que demandar cuando se trate de casos con poca probabilidad de éxito.

Por último la Procuraduría General de la Nación a través de la Circular 054 solicita a los destinatarios de la misma, a respetar los derechos adquiridos en materia pensional acatar la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en defensa de los derechos de los servidores públicos, beneficiarios de los regímenes pensionales cobijados por la transición, advirtiendo sobre la responsabilidad disciplinaria en que incurren los servidores públicos por infringir la Constitución, la Ley, el precedente jurisprudencial, la circular en cita y de las sanciones que ello acarrea.

IV. Irretroactividad de la Ley

Respecto a los efectos de la Ley en el tiempo, es menester señalar que el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 determina que las leyes sustantivas y de procedimiento prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, aclarando que las actuaciones y diligencias ya iniciadas, se deben regir por la Ley vigente al tiempo de su iniciación.

Aunado a lo anterior, y respecto al tema de la irretroactividad de la Ley propiamente dicho, el Consejo de Estado1 define este principio señalando:

"En relación con los efectos de la ley en el tiempo la regla general es la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia. Obviamente, si una situación jurídica se ha consolidado completamente bajo la ley antigua, no existe propiamente un conflicto de leyes, como tampoco se da el mismo cuando los hechos o situaciones que deben ser regulados se generan durante la vigencia de la ley nueva. La necesidad de establecer cuál es la ley que debe regir un determinado asunto, se presenta cuando un hecho tiene nacimiento bajo la ley antigua pero sus efectos o consecuencias se producen bajo la nueva, o cuando se realiza un hecho jurídico bajo la ley antigua, pero la ley nueva señala nuevas condiciones para el reconocimiento de sus efectos. La fórmula general que emana del artículo 58 de la Constitución para solucionar los anteriores conflictos, como se dijo, es la irretroactividad de la ley, pues ella garantiza que se respeten los derechos legítimamente adquiridos bajo la ley anterior, sin perjuicio de que se afecten las meras expectativas de derecho. No obstante, la misma Carta fundamental en el mencionado artículo, autoriza expresamente la retroactividad de las leyes penales benignas al reo, o de aquellas que comprometen el interés público o social. Ahora bien, cuando se trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ésta entra a regular dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua."

De conformidad con lo anterior se debe inferir:

- El principio de irretroactividad es aquel que determina que una Ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su entrada en vigencia, establecido con el fin de garantizar el respeto de los derechos adquiridos bajo la ley anterior.

- La retroactividad de la Ley se entiende cuando una Ley se aplica a situaciones jurídicas consolidadas antes de su vigencia por indicación expresa del legislador, siendo de carácter excepcional.

V. Restrospectividad

Respecto al principio de Retrospectividad en materia pensional, es menester señalar que el Consejo de Estado2 se ha pronunciado recientemente señalando:

"RETROSPECTIVIDAD DE NORMA PENSIONAL - Afecta situaciones que se han originado en el pasado / PRIMA ESPECIAL SIN CARÁCTER SALARIAL - Retrospectividad de la Ley 332 de 1996 para liquidar pensión en la rama judicial / PENSION EN LA RAMA JUDICIAL - Retrospectividad de la Ley 332 de 1996

El efecto temporal de una norma jurídica en materia pensional, por regla general, es inmediato y hacia futuro, pero con retrospectividad, porque la norma pensional posterior sí puede mejorar las condiciones económicas del pensionado, a no ser que la misma proposición jurídica hubiere asignado un efecto temporal distinto a los que consiente la regla general. Debe entenderse como retrospectividad, en este caso de la Ley, cuando apunta a afectar situaciones que se han originado en el pasado, es decir, estados jurídicos en curso al momento de su vigencia, como es el caso pensional." (subrayado y negrilla fuera del texto)

Lo anterior en concordancia con lo señalado sobre el tema de estudio por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-177 de 2005:

"La jurisprudencia constitucional sobre los derechos adquiridos y las expectativas legítimas

(¿)

El debate planteado por el actor remite a la distinción que ha elaborado la jurisprudencia acerca de la retroactividad y la retrospectividad de las normas laborales. Se considera que la ley tiene efectos retroactivos cuando se aplica a situaciones ya definidas o consolidadas de acuerdo con leyes anteriores. Por su parte, el concepto de retrospectividad significa que las nuevas normas se aplican inmediatamente, a partir del momento de iniciación de su vigencia, a los contratos de trabajo en curso.

Ciertamente, el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe la retroactividad de la ley al expresar que "[l]as normas sobre trabajo (...) no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores." Al mismo tiempo, el artículo autoriza la retrospectividad de la ley laboral cuando dispone que "[l]as normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir..."

(...)

Al respecto señaló la Corte:

"Contra lo que señalan los demandantes, la norma examinada no vulnera el principio de irretroactividad de la ley penal, primero porque, como ya se dijo, no se está ante la aplicación de penas, y segundo por cuanto la figura allí prevista no corresponde al concepto de retroactividad, en su sentido genuino, sino al de retrospectividad.

"En efecto, puede verse en el texto del artículo que la Ley aprobada "rige a partir de la fecha de su promulgación", es decir que sus disposiciones tendrán efecto y concreción en el futuro y sobre la base del conocimiento público y oficial de su contenido. Luego no es retroactiva.

(...)

"Supuesto esencial de la garantía de irretroactividad de la ley es, entonces, la legitimidad del derecho consolidado según el orden jurídico anterior.

(...)" (Subrayado y negrilla fuera del texto)

De conformidad con lo anterior y respecto al principio de la Restrospectividad se debe inferir que implica:

- Que el efecto temporal de una norma jurídica en materia pensional, por regla general inmediato y hacia futuro, pueda afectar situaciones que se han originado en el pasado, es decir, estados jurídicos en curso al momento de su vigencia, en el entendido que puede mejorar las condiciones económicas del pensionado, en virtud del principio de favorabilidad.

- Que las nuevas normas se aplican inmediatamente, a partir del momento de iniciación de su vigencia, a las situaciones jurídicas en curso.

VI. Prescripción Trienal

Ahora bien, respecto al tema de la prescripción trienal, es menester comenzar diciendo que la prescripción, de conformidad con lo determinado por el Código Civil, es un modo de extinguir las acciones o derecho por no haberse ejercido dichas acciones o derechos durante cierto lapso de tiempo.

Es así como para el caso especifico de los derechos pensionales, es menester indicar lo establecido respecto a la prescripción trienal, por el artículo 102 del Decreto Ley 3135 de 1969 y el artículo 41 del Decreto 1848 de 1968:

Decreto - Ley 3135 de 1968

"Artículo 102. Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual." (Subrayado fuera del texto)

Decreto 1848 de 1969

"Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual" (Subrayado fuera del texto)

En concordancia con lo anterior el Consejo de Estado3 ha señalado respecto a la naturaleza de la prescripción trienal en materia laboral:

"La prescripción, es una forma de extinguir el derecho de acción que emana de un determinado derecho sustancial. Lo que realmente prescribe es el derecho a presentar una pretensión concreta.

(...)

La prescripción tiene dos modos de operación: la adquisitiva y la extintiva. Para el sub júdice importa el concepto referido a la prescripción extintiva, que hace alusión al modo de extinguir los derechos patrimoniales en general, los derechos reales y los derechos crediticios u obligaciones.

Ahora bien, en lo que concierne a la prescripción trienal de carácter laboral debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, que estipula que las acciones que emanen de los derechos consagrados en dicho Decreto "prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción pero solo por un lapso igual". A su turno el Decreto 1848 de 1969, en su artículo 102, señala que las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en esta preceptiva, "prescriben en tres años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción pero solo por un lapso igual".

Adicionalmente y respecto al tema de la prescripcion trienal en materia pensional, es menester señalar lo determinado por la Corte Suprema de Justicia4 respecto a la imprescriptibilidad del derecho pensional y la prescripcion del derecho al cobro de las mesadas pensionales

"En efecto, importa recordar que la Corte, en sentencias como a las que alude el recurrente y, más recientemente, entre otros fallos, los de 23 de julio de 1998 (Radicación 10784) -que remite a sentencias de 26 de mayo de 1986 (Radicación 0052) y de 6 de febrero de 1996 (Radicación 8188)-; y de 26 de septiembre de 2000 (Radicación 14184) -que reproduce algunos apartes de la sentencia de 26 de mayo de 2000 (Radicación 13475)-, para citar apenas algunos ejemplos, afirmó, en suma, "la imprescriptibilidad del derecho a la pensión en sí mismo" por ser una prestación social cuyo disfrute obedece al hecho de ser de tracto sucesivo, por regla general y de carácter vitalicio, a pesar de admitir la prescripción de las mesadas pensionales exigibles que no se hubieren cobrado por su beneficiario durante el término prescriptivo común del derecho laboral; y la de los reajustes que pudieron tener ciertas mensualidades que se percibieron sin que aquél hubiera objetado su cuantía durante el mismo término.

Sin que implique cambio de jurisprudencia - sobre la imprescriptibilidad del derecho pensional en sí -debe precisarse que una cosa es el status o calidad de pensionado, el cual por ser de carácter permanente y generalmente vitalicio apareja la imprescriptibilidad de la acción para su reconocimiento - criterio jurisprudencial que se reitera-; y otra, la de los factores económicos relacionados con los elementos integrantes para la obtención de la base salarial sobre la cual se calcula el quantum o monto de la prestación, en la forma como lo hayan dispuesto el legislador, la convención o directamente las partes. Pues, en tanto que la titularidad de pensionado se predica de quien reúne los requisitos para ello, y tal situación se puede extender, por ficción legal en ciertos casos y en relación con ciertas personas, hasta con posterioridad a la muerte del causante; el valor de la pensión nace de manera individual y autónoma, con fundamento en la vigencia de los derechos laborales que la comprenden y que el legislador presume terminada con el acaecimiento del fenómeno prescriptivo previsto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo para las relaciones individuales del trabajo de carácter particular y que el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social amplía a todas "las acciones que emanen de las leyes sociales" del trabajo. (Subrayado y negrilla fuera del texto)

De conformidad con lo anterior, respecto a la prescripción trienal, se debe inferir que:

+ Es un modo de extinguir las acciones o derecho por no haberse ejercido dichas acciones o derechos durante cierto lapso de tiempo.

+ El derecho a exigir el pago de mesadas pensionales asi como el reajuste de factores económicos, prescribe en 3 años, contados a partir de la fecha en la obligación se haga exigible.

+ El derecho a la pensión en sí mismo es imprescriptible por ser una prestación social cuyo disfrute obedece al hecho de ser de tracto sucesivo, por regla general y de carácter vitalicio

Conclusiones

De conformidad con lo anteriormente expuesto y para el caso concreto se debe inferir que:

I. Se debe tener como fundamento lo establecido en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010 al respecto, es decir, tratarse de precedentes jurisprudenciales que:

- Se hayan proferido por los mismos hechos y pretensiones

- Se hubieren proferido en 5 o más casos análogos

II. Se debe estudiar cada caso o solicitud relacionada con el reconocimiento y pago de pensiones individualmente, para efectos de determinar los precedentes jurisprudenciales aplicables, teniendo en cuenta que no todas las situaciones se originan en los mismos hechos ni contienen las mismas pretensiones y decidiendo de acuerdo a lo que le sea más favorable al pensionado.

III. La resolución de solicitudes de reliquidación pensional con base en antecedentes jurisprudenciales debe ser aplicada a partir de la vigencia de la Ley 1395 de 2010, para las personas que adquirieron su derecho a la pensión con posterioridad a su entrada en vigencia y los pensionados que consolidaron su derecho pensional con anterioridad para las mesadas pensionales que se causen a partir de su entrada en vigencia.

IV. El principio de la Restrospectividad implica:

- Que el efecto temporal de una norma jurídica en materia pensional, por regla general inmediato y hacia futuro, pueda afectar situaciones que se han originado en el pasado, es decir, estados jurídicos en curso al momento de su vigencia, en el entendido que puede mejorar las condiciones económicas del pensionado, en virtud del principio de favorabilidad.

- Que las nuevas normas se aplican inmediatamente, a partir del momento de iniciación de su vigencia, a las situaciones jurídicas en curso.

V. La prescripción trienal aplica en el reconocimiento que se efectué con base en la aplicación a un caso concreto de 5 o más precedentes jurisprudenciales que se hayan proferido por los mismos hechos y pretensiones establecido por la Ley 1395, teniendo en cuenta que es una obligación para las entidades que reconozcan o paguen pensiones que se hace exigible desde el momento de la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010.

Este concepto se emite de conformidad con el Artículo 25 del Código Contencioso Administrativo y con el Artículo 14 y 15 del Acuerdo 026 de 2010 del Consejo Superior Universitario, y conlleva una función orientadora, cuyo propósito no es generar deberes u obligaciones ni otorgar derechos, por lo cual el interesado tiene la opción de acogerlo o no.

Cordialmente,

JORGE ERNESTO DURÁN PINZÓN

Presidente

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Secretaria Técnica

NOTAS DE PIE DE PÁGINA:

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP Olga Ines Navarrete Barrero del 04 de octubre de 2001 Rad 08001-23-31-000-1997-3133-01 (6840)

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección "A", C P: Luis Rafael Vergara Quintero, del 23 de septiembre de 2010, Radicación número: 25000-23-25-000-2005-07053-01(1886-07)

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Segunda, Subsección A, CP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, del 06 de marzo de 2008, Rad. 23001-23-31-000-2002-00244-01(2152-06)

4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, MP Eduardo López Villegas, Ref. Exp. No. 37134 del 21 de julio de 2010.