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  Concepto 10 de 2012 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 27/04/2012  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

CONCEPTO No. 10 DE 2012

MEMORANDO No. 0557

FECHA: 27 de abril de 2012

PARA: Profesora Beatriz Sánchez Herrera, Vicerrectora General

Profesora Alexandra Montoya Restrepo, Coordinadora Nacional del Concurso Docente

DE: María Mercedes Medina Orozco, Jefe Oficina Jurídica Nacional

AL RESPONDER FAVOR CITAR: Oficio VRG-CEA-141 del 11 de octubre de 2011 recibido el 12 el mismo mes y año - Concepto sobre lista de elegibles Concurso Docente Excelencia Académica

Respetadas Profesoras:

En atención al oficio de la referencia a través del cual solicita concepto respecto al artículo relacionado con la vigencia de la lista de elegibles, incluido en la propuesta de la Resolución marco que reglamentará las convocatorias docentes 2011, manifestando que con dicho artículo lo que se pretende es "suplir oportunamente necesidades docentes de la Universidad en cualquiera de las Sedes, con los candidatos disponibles, quienes superaron todo un proceso de selección cuidadoso y cuentan con la calidad académica y humana para desempeñarse adecuadamente en el cargo", y de conformidad con el artículo 14 del Acuerdo 026 de 2010 del Consejo Superior Universitario, emito Concepto Jurídico en los siguientes términos:

DESCRIPTORES

- Aplicación de Lista de elegibles en el Concurso Docente Excelencia Académica

FUENTE FORMAL

- Constitución Política de Colombia de 1991

- Ley 30 de 1992

- Acuerdo 016 de 2005 del Consejo Superior Universitario

FUENTES AUXILIARES

- Consejo de Estado, Sala de consulta y Servicio civil, CP Luis Fernando Álvarez Jaramillo, del 04 de febrero de 2010 Rad. 11001-03-06-000-2009-00066-00 (1976)

- Sentencia C-942 de 2003 de la Corte Constitucional

- Sentencia C-319 de 2010 de la Corte Constitucional

PROBLEMA JURÍDICO

En el marco del Concurso Docente Excelencia Académica ¿Un elegible puede ser nombrado para cubrir un cargo vacante que se genere en cualquiera de las Sedes de la universidad, cuando el área de desempeño al cual se presentó y la dedicación sea igual o mayor?

TESIS

No, un elegible puede ser nombrado para cubrir un cargo vacante que se genere en cualquiera de las Sedes de la universidad, unicamente cuando el área que corresponda con el área de desempeño del elegible y la dedicación sea igual al cargo al cual se presentó.

1. CONCURSO DOCENTE

La Universidad Nacional de Colombia se rige por el principio de Autonomía Universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política, y establecido por el artículo 28 de la ley 30 de 1992, en los siguientes términos:

"Articulo 28 La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. "(Subrayado y negrilla fuera del texto)

Este principio está ratificado por la jurisprudencia Constitucional en diferentes pronunciamientos de la siguiente manera:

Sentencia T-183 de 1993:

"La autonomía universitaria se refleja en las siguientes libertades de la institución: elaborar sus propios estatutos, definir su régimen interno, estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y período de sus directivos y administradores, señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores, establecer los programas de su propio desarrollo, aprobar y manejar su presupuesto y aprobar los planes de estudio que regirán la actividad académica. (Subrayado y negrilla fuera del texto)

(...)

Sentencia T-870 de 2000:

"Ha sido profusa la jurisprudencia constitucional relacionada con el tema de la autonomía universitaria y de los diversos derechos que confluyen y se interrelacionan dentro del ejercicio de las actividades académicas, en la educación superior. Sobre el tema será pertinente, entonces, poner de presente algunos parámetros que por el momento ha tomado en consideración la jurisprudencia constitucional, para resolver varios de los casos puestos en su conocimiento, en virtud de su competencia. Algunos de los principales parámetros sobre el tema, son los siguientes:

a) El artículo 69 de la Constitución de 1991 reconoce en forma expresa la autonomía de los centros de educación superior, como una garantía institucional que busca preservar la libertad académica y el pluralismo ideológico, en los cuales se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho (C.P. art. 1).

(...)

Puede definirse la autonomía universitaria como la capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público de educación superior, "de manera que proclame su singularidad en el entorno".

d) En lo concerniente a la dirección ideológica del centro educativo, como elemento integrador de la autonomía universitaria, la institución cuenta con la potestad de señalar los planes de estudio y los métodos y sistemas de investigación. Se colige, en consecuencia, que el contenido de la autonomía universitaria se concreta especialmente en la capacidad libre para definir sus estatutos o reglamentos. Sin embargo, la potestad para dotarse de su propia organización interna, es otro elemento característico, que se concreta igualmente en las normas de funcionamiento y de gestión administrativa, en el sistema de elaboración y aprobación de su presupuesto, la administración de sus bienes, la selección y formación de sus docentes

(...)". (Subrayado y negrilla fuera del Texto).

En ejercicio de dicha autonomía, el numeral 1 del artículo 8 y los numerales 1, 2 y 5 del artículo 9 del Acuerdo 016 de 2005 del Consejo Superior Universitario, Estatuto del Personal Académico, establecen los concursos ordinarios como mecanismos para la provisión de los cargos de la planta docente, en virtud de convocatoria dispuesta por el señor Rector previa recomendación del respectivo Consejo de Facultad y a solicitud de un Departamento. Esta normativa dispone que para el efecto el Rector debe expedir una reglamentación general que contemple las etapas, procedimientos, términos e instancias involucradas en el concurso, cuya coordinación estará a cargo de la Vicerrectoría General con apoyo del Departamento que la haya solicitado.

2. LISTA DE ELEGIBLES

Como primera medida se tiene que el Sistema de Carrera Administrativa fue creado en desarrollo del artículo 124 de la Constitución de 1991 que establece como principio para el ingreso a los cargos de carrera de las entidades y órganos públicos, el mérito y las calidades de los aspirantes a través de un concurso público, en el cual la administración debe seleccionar al aspirante más destacado en términos de preparación, conocimiento y competencia, de acuerdo con las funciones del empleo y las necesidades del servicio.

Es así como los concursos público o de meritos desarrollados con base en los principios de igualdad e imparcialidad, son el instrumento que garantiza que, con base en la evaluación de la capacidad e idoneidad de los aspirantes, a la función pública accedan los mejores funcionarios, y en los cuales por regla general, para el acceso a cualquier cargo de carrera de conformidad con lo señalado por el Consejo de Estado1, deben surtirse las siguientes etapas:

Convocatoria: Fase en la cual se consagran las bases del concurso, es decir, todos aquellos factores que habrán de evaluarse, así como los criterios de ponderación, aspectos que aseguran el acceso en igualdad de oportunidades al aspirante;

Reclutamiento: En esta etapa se determina quiénes de las personas inscritas en el concurso cumplen con las condiciones objetivas mínimas señaladas en la convocatoria para acceder a las pruebas de aptitud y conocimiento. Por ejemplo, edad, nacionalidad, títulos, profesión, antecedentes penales y disciplinarios, experiencia, etc.;

Aplicación de pruebas e instrumentos de selección: A través de estas pruebas se establece la capacidad profesional o técnica del aspirante, así como su idoneidad respecto de las calidades exigidas para desempeñar con eficiencia la función pública. No sólo comprende la evaluación intelectual, sino de aptitud e idoneidad moral, social y física, y

Elaboración de lista de elegibles: En esta etapa se incluye en lista a los participantes que aprobaron el concurso y que fueron seleccionados en estricto orden de mérito de acuerdo con el puntaje obtenido.

En este orden de ideas, es menester señalar que a través de la lista de elegibles se organiza la información de los resultados del concurso, indicando quienes deben ser nombrados según el número de cargos a proveer y de acuerdo a su puntaje, teniendo dentro de sus fines, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional2, el desarrollo de los principios de economía, eficiencia y eficacia que rigen la función pública, haciendo más eficiente el uso del talento humano y los recursos públicos.

En concordancia con lo anterior esta misma corporación en sentencia C-942 de 2003, señaló respecto a la utilización de la lista de elegibles para proveer cargos públicos diferentes a los convocados un concurso de méritos, con ocasión del análisis efectuado a los artículos 22 y 24 de la Ley 443 de 1998, lo siguiente:

"d) Análisis de los apartes acusados del artículo 22 y del artículo 24 de la Ley 443 de 1998.

Estos artículos hacen referencia a la utilización de las listas de elegibles en las provisiones de cargos de carrera.

La demandante considera que los apartes acusados constituyen una violación al artículo 83 de la Constitución, pues consagran un artilugio y un sofisma de distracción en la convocatoria, pues a pesar de no convocarse públicamente para un cargo, las vacantes pueden proveerse con quienes concursaron para otro cargo. De contera, se vulneran los artículos 40, numeral 7, y 125 de la Carta, y se da la posibilidad de la dualidad de convocatorias para un mismo cargo, lo que viola el principio de igualdad.

Quienes intervinieron en el proceso y el señor Procurador consideraron que no se da la vulneración aludida, porque las disposiciones acusadas no impiden que todos los ciudadanos cuando se da la circunstancia de la convocatoria participen en ella, en igualdad de condiciones.

La Corte considera que en efecto, no existe la violación señalada por la demandante, puesto que la ley está fijando el procedimiento y la vigencia de las listas de elegibles. Listas que se conforman mediante la convocatoria pública, en igualdad de condiciones, dirigida a todos los ciudadanos que estén interesados en ingresar a la Administración para proveer los cargos de carrera, y que conocen de antemano cuál será la utilización de las mismas, cómo se proveerán los cargos de acuerdo con el lugar que se ocupe en las listas, en qué cargos y por cuánto tiempo estarán vigentes las listas, etc., lo que descarta la vulneración del principio de la buena fe de que trata el artículo 83 de la Carta.

Como se dijo en un punto anterior, el esfuerzo administrativo y económico que significa para el Estado hacer las convocatorias, realizar los concursos y conformar las listas de elegibles, debe traducirse en que la Administración saque el máximo provecho de las mismas, durante el término de su vigencia. Lo que redundará en la realización de los principios de la Administración Pública, en la forma establecida en el artículo 209 de la Constitución, en cuanto señala que "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrollo con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

(...)" (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Posteriormente, a través de la sentencia C-319 de 2010 la Corte Constitucional en el estudio efectuado a la utilización de lista de elegibles por parte de la Defensoría del Pueblo, señala:

"La utilización de la lista de elegibles por el Defensor del Pueblo para proveer vacantes de la Entidad con personas que han concursado para un determinado cargo constituye un deber y no una facultad del nominador, siempre y cuando el nombramiento concierna a cargos de igual grado y denominación, por cuanto: (i) se están nombrando personas que superaron un concurso de méritos para el mismo cargo, es decir, no se trata de un mecanismo de ingreso automático a la función pública; (ii) la norma se aplica en supuestos muy puntuales por cuanto la lista debe estar vigente (6 meses), a cuya expiración deberá hacerse un nuevo concurso; y (iii) las dificultades presupuestales que afectan a la Defensoría del Pueblo, y que le impiden realizar constantes concursos de méritos, a efectos de proveer las vacantes que se presenten en los cargos de carrera administrativa, justifican que el nominador acuda a una lista de elegibles, debidamente conformada por ciudadanos que participaron en igualdad de condiciones, a efectos de proveer otro cargo de idéntico grado y denominación que yace vacante, en vez de recurrir al expediente de la provisionalidad.

(...)" (Subrayado y negrilla fiera del texto)

Así las cosas, se debe inferir de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia Constitucional3, que en aplicación del principio constitucional de igualdad de oportunidades en acceso a cargos público, cuando se trate de proveer cargos vacantes con personas que integran una lista de elegibles deben ser cargos de igual grado y denominación.

CONCLUSIONES

Lo anteriormente expuesto, para el caso de estudio se traduce en que:

- En aplicación de los principios de eficacia, eficiencia, economía y celeridad que rigen la función pública, la lista de elegibles se pueden aplicar para proveer un cargo vacante que se genere en cualquiera de las Sedes de la Universidad.

- En virtud del principio de igualdad de oportunidades, el cargo que se pretenda proveer debe ser en la misma área de desempeño en la que se presentó el elegible y con una dedicación igual, en la que se exijan los mismos requisitos que los acreditados por el aspirante y no haya diferencias en la remuneración económica.

Este concepto se emite de conformidad con el Artículo 14 del Acuerdo 026 de 2010 del Consejo Superior Universitario y del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo y conlleva una función orientadora, cuyo propósito no es generar deberes u obligaciones ni otorgar derechos, por lo cual el interesado tiene la opción de acogerlo o no.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe

NOTAS DE PIE DE PÁGINA

1 Estado, Sala de consulta y Servicio civil, CP Luis Fernando Álvarez Jaramillo, del 04 de febrero de 2010 Rad. 11001-03-06-000-2009-00066-00 (1976

2 Sentencia C-319 de 2010 de la Corte Constitucional

3 Ibídem